En tres ideas
- Con una norma mínima, el déficit cayó de 50 % a 13 % de los hogares, y el 97 % del déficit restante es de mejoramiento, no de vivienda nueva.
- El 93 % de los hogares tiene agua por cañería, pero solo el 64 % de la población bebe agua gestionada de forma segura; el alcantarillado sigue en torno al 11 %.
- El 57,5 % de los hogares rurales del quintil más pobre cocina con biomasa, y el país tiene la mayor mortalidad por contaminación del aire doméstico de los nueve comparados, según la OMS.
9.1Introducción y marco analítico: qué significa una vivienda adecuada
Entre 2003 y 2025 la vivienda paraguaya cambió más de lo que sugiere el debate público, que suele resumirse en una sola cifra de «déficit habitacional». En dos décadas desaparecieron casi por completo el techo de paja y el piso de tierra en las ciudades, la electricidad llegó a la práctica totalidad de los hogares, el agua por cañería dentro de la vivienda pasó de ser un privilegio de la mitad de los hogares a una condición de más de nueve de cada diez, y la leña dejó de ser el combustible de cocina de la mayoría para quedar confinada a un tercio de los hogares rurales. Al mismo tiempo, hay rasgos que apenas se movieron: la cobertura de alcantarillado sanitario sigue en torno al 11 % de los hogares, uno de cada cuatro hogares bebe agua embotellada —un indicio de desconfianza en la calidad del agua de red—, la proporción de hogares inquilinos crece y su carga de alquiler aumenta, y, según las estimaciones modeladas de la OMS, Paraguay registra la tasa de mortalidad atribuible a la contaminación del aire doméstico más alta entre los nueve países sudamericanos comparados. Este capítulo documenta esa doble trayectoria con microdatos y la ordena con las categorías que usan los estudios comparados.
El punto de partida es normativo. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de las Naciones Unidas estableció en su Observación general N.º 4 que el derecho a la vivienda no debe interpretarse como el mero cobijo de «tener un tejado por encima de la cabeza», sino como «el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte» (Comité DESC, 1991, párr. 7). El párrafo 8 de esa observación enumera siete aspectos que definen la adecuación de una vivienda, que ONU-Hábitat y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sistematizaron luego como los siete elementos de la vivienda adecuada (OACNUDH y ONU-Hábitat, 2010): (a) seguridad jurídica de la tenencia; (b) disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; (c) gastos soportables, es decir, que los gastos que entraña la vivienda sean «de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas» (Comité DESC, 1991, párr. 8.c); (d) habitabilidad, que exige espacio adecuado y protección frente al frío, la humedad, el calor y otros riesgos para la salud; (e) asequibilidad, término con que la versión oficial en español designa la accesibilidad de los grupos desfavorecidos —personas con discapacidad, mayores, enfermos—; (f) lugar o ubicación, que permita el acceso al empleo, la salud, la educación y que no esté en zonas contaminadas o de riesgo; y (g) adecuación cultural. En este capítulo se usa «asequibilidad» en el sentido económico habitual (costo) y «accesibilidad» para el elemento (e), y se advierte cada vez que la traducción oficial pueda generar confusión.
Esa definición amplia se tradujo en métricas operativas en tres familias de literatura que este capítulo combina. La primera es la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El indicador 11.1.1 mide la proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas, y define como «hogar de asentamiento precario» a aquel que sufre una o más de cinco privaciones: falta de acceso a agua mejorada, falta de saneamiento mejorado, falta de espacio vital suficiente —que no más de tres personas compartan una pieza habitable—, falta de durabilidad de la vivienda y falta de seguridad de la tenencia (Naciones Unidas, s. f.). El indicador 6.1.1 y el 6.2.1 descansan en las «escaleras» de servicio del Programa Conjunto de Monitoreo (JMP) de la OMS y UNICEF, que distinguen para el agua los peldaños superficial, no mejorado, limitado, básico y gestionado de forma segura —este último exige una fuente mejorada, en el predio, disponible cuando se necesita y libre de contaminación fecal y química prioritaria— y para el saneamiento los peldaños de defecación al aire libre, no mejorado, limitado (instalación mejorada compartida), básico y gestionado de forma segura, que exige además la disposición segura de las excretas (Organización Mundial de la Salud [OMS] y UNICEF, 2017, 2025). El indicador 7.1.2 mide la proporción de la población que depende principalmente de combustibles y tecnologías limpios para cocinar, con la OMS como custodio y con la evidencia de sus guías de calidad del aire interior como fundamento sanitario (OMS, 2014).
La segunda familia es la del déficit habitacional latinoamericano, desarrollada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el foro de ministros de vivienda de la región (MINURVI) y difundida por el BID. Distingue un déficit cuantitativo —los hogares que requieren una vivienda nueva, sea porque comparten la vivienda con otro hogar o porque la que habitan es irrecuperable— y un déficit cualitativo —las viviendas recuperables que necesitan mejoras en materiales, espacio, servicios o regularización de la tenencia— (Arriagada Luco, 2003). El libro del BID Un espacio para el desarrollo aplicó ese marco a la región y concluyó que, de 130 millones de familias urbanas, 5 millones compartían vivienda con otra familia, 3 millones residían en viviendas irreparables y 34 millones carecían de título de propiedad, agua potable, saneamiento, pisos adecuados o espacio suficiente (Bouillon, 2012). La tercera familia es la de la carga ambiental de la enfermedad: el Estudio de la Carga Global de Enfermedad (GBD) del IHME y las estimaciones de la OMS cuantifican las muertes y los años de vida perdidos atribuibles a la contaminación del aire doméstico por combustión de biomasa (GBD 2021 Risk Factors Collaborators, 2024). Por último, el capítulo trata la inclusión digital —internet y computadora en el hogar— como una dimensión contemporánea de la disponibilidad de servicios: en 2026 la conexión del hogar condiciona el acceso a la educación, al trabajo y a los trámites públicos tanto como el agua condicionaba la salud en el siglo pasado.
El Cuadro 9.1 vincula cada elemento del marco con los indicadores que la Encuesta Permanente de Hogares permite construir y con lo que la encuesta no mide. Esa última columna no es un detalle: tres de los siete elementos (accesibilidad, ubicación y adecuación cultural) carecen prácticamente de medición en las encuestas de hogares paraguayas, y el capítulo los trata con información complementaria o deja constancia de la laguna.
| Elemento (Comité DESC / ONU-Hábitat) | Indicadores construidos con la EPH/EPHC | Estándar internacional de referencia | Lo que la encuesta no mide |
|---|---|---|---|
| (a) Seguridad de la tenencia | Vivienda propia, alquilada, cedida u ocupada de hecho (2003+); terreno fiscal/municipal u ocupado (propietarios, 2014+) | ODS 11.1.1 (privación 5) | Documentación, percepción de riesgo de desalojo |
| (b) Disponibilidad de servicios | Fuente y prestador del agua, agua en la vivienda, agua para beber (2008+), continuidad 24 h (2008+), saneamiento, electricidad, residuos, combustible para cocinar, internet | JMP (ODS 6.1.1, 6.2.1); ODS 7.1.1 y 7.1.2 | Calidad del agua, uso compartido del baño, vaciado y tratamiento de excretas |
| (c) Gastos soportables | Alquiler pagado / ingreso monetario del hogar | Umbral del 30 % del ingreso | Gastos de servicios, cuotas hipotecarias completas, precio de la vivienda (desde 2009) |
| (d) Habitabilidad | Paredes, techo y piso; personas por dormitorio y por pieza; tipología | ODS 11.1.1 (privaciones 3 y 4); déficit CEPAL/BID | Humedad, ventilación, confort térmico (aproximado por el aire acondicionado) |
| (e) Accesibilidad | — | Comité DESC | Adaptaciones para discapacidad |
| (f) Ubicación | Área urbana/rural, departamento | ODS 11.1.1 (zonas de riesgo) | Distancia a servicios, zonas inundables |
| (g) Adecuación cultural | — | Comité DESC | La EPHC subrepresenta a la población indígena |
Fuente: elaboración propia con base en Comité DESC (1991), OACNUDH y ONU-Hábitat (2010), Naciones Unidas (s. f.) y OMS y UNICEF (2017).
9.2Datos, armonización y advertencias de comparabilidad
El capítulo usa los microdatos del registro de vivienda y hogar de las 23 rondas de la EPH anual 2003–2016 y la EPHC 2017–2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2026), unidos a los registros de personas y de ingreso familiar, con los factores de expansión de la revisión de 2025 que incorporan las proyecciones posteriores al Censo 2022. La base resultante tiene 183.743 hogares-año, entre 4.439 (2009) y 17.972 (2022) por ronda, y representa entre 1,18 millones de hogares en 2003 y 1,85 millones en 2025. Todas las estimaciones están ponderadas; los indicadores de las escaleras del JMP y del ODS 11.1.1 se expresan, como en sus fuentes, en porcentaje de la población (factor del hogar multiplicado por el número de miembros), y el resto en porcentaje de hogares. La cobertura excluye Boquerón, Alto Paraguay y las viviendas colectivas, y subrepresenta a la población indígena; por construcción, las privaciones aquí estimadas son cotas inferiores de las nacionales.
La serie no es comparable de manera automática. Los cuestionarios cambiaron la numeración, la redacción de las preguntas y las categorías de respuesta en 2007, 2008, 2009, 2011, 2014 y 2015, y la base armonizada común del estudio, pensada para los capítulos de ingreso y empleo, agrupaba algunas categorías de vivienda de manera insuficiente para este análisis. Por esa razón se re-armonizó el registro de vivienda leyendo, año por año, el texto de cada etiqueta de valor. La re-armonización detectó dos errores de clasificación con consecuencias sustantivas y una anomalía en los datos originales, que el Cuadro 9.2 documenta junto con las rupturas de serie que deben tenerse presentes al leer los gráficos. Las cifras de 2020 y 2021 provienen de entrevistas telefónicas con cuestionario reducido y se señalan cuando se apartan de la tendencia.
| Variable | Problema | Decisión |
|---|---|---|
| Tipo de desagüe sanitario | En la base común, «pozo ciego, sin cámara séptica» (2014–2025) quedaba como cámara séptica, y «arrastre con alcantarillado sanitario» (2008) como «aire libre» por coincidencia textual | Reclasificación por etiqueta; categorías JMP desde 2008 y serie comparable de «inodoro con arrastre» desde 2003 |
| Agua para beber, 2010 | Los códigos de pozo protegido y no protegido aparecen invertidos (2009 y 2011: ≈16 % y ≈3–4 %; 2010: 4,8 % y 15,3 %; los «no protegidos» llegan por cañería interior) | Se intercambian; la variable original se conserva |
| Cómo llega el agua | Se refiere al agua de uso en 2003–2007 y 2014–2025, y al agua de beber en 2008–2013; sin opción «pozo en el terreno» en 2008–2009 | Series separadas y regla explícita para 2008–2009 |
| Agua para beber y continuidad | Sólo desde 2008 | Escalera JMP 2008–2025 |
| Tipo de vivienda | «Casa» y «rancho» se fusionan desde 2014 | «Rancho» sólo 2003–2013 |
| Terreno | Se pregunta desde 2014 y sólo a propietarios | Indicadores sobre propietarios |
| Internet | Cuatro definiciones distintas (2003, 2004–2006, 2007–2013, 2014–2025) | Ruptura señalada en 2013/2014 |
| Parentesco detallado | Yerno/nuera y nieto/a sólo desde 2008 | Allegamiento interno sólo 2008+ |
| Precio de la vivienda | Desde 2009 se pregunta sólo a quien no sabe estimar el alquiler | No se estima la relación precio/ingreso |
| Pobreza monetaria | Metodología anterior (2003–2021) y vigente (2022–2025) | No se empalman niveles; se usa sólo dentro de cada tramo |
Fuente: elaboración propia a partir de los diccionarios de la EPH/EPHC 2003–2025 (INE). Scripts viv_01_base.py y viv_00_defs.py.
9.3Habitabilidad: materiales, espacio y tipología
9.3.1La transformación de los materiales
El cambio más visible de la vivienda paraguaya en el período es material. En 2003 el 17,0 % de los hogares vivía sobre piso de tierra, el 7,9 % bajo techo de paja, tronco de palma o materiales de desecho y el 31,7 % entre paredes de madera; en 2025 esas proporciones fueron 3,4 %, 0,2 % y 11,0 % (Cuadro 9.3). Las paredes de ladrillo pasaron del 65,1 % al 88,2 % de los hogares, y en los techos se produjo una sustitución que pocas veces se menciona: la teja cayó del 58,6 % al 47,2 % y la chapa de zinc subió del 8,7 % al 36,3 %, a la que en 2025 se agrega por primera vez la chapa termoacústica (1,1 %). El cambio en el techo tiene implicaciones de habitabilidad que exceden la durabilidad, porque la chapa sin aislación transmite el calor en un clima de veranos muy calurosos, y es coherente con la difusión del aire acondicionado que se describe en la sección 9.10.

Fuente: INE, EPH 2003–2016 y EPHC 2017–2025, microdatos con factor revisión 2025; elaboración Observatorio Económico UC (script viv_02_habitabilidad.py).
La mejora fue mayor donde la carencia era más profunda. En el área rural el piso de tierra bajó del 33,4 % al 8,0 % y el techo precario del 17,2 % al 0,7 %; las paredes de madera, que en 2003 eran mayoría en el campo (52,0 %), alcanzan todavía al 22,7 % de los hogares rurales, con máximos departamentales en Caazapá (32,2 %) y Canindeyú (29,9 %). La madera merece un comentario metodológico: en la clasificación de materiales que usan ONU-Hábitat, DHS y MICS, la pared de tablas o tablones de madera es un material «acabado» y no constituye por sí misma una privación de durabilidad; muchas estimaciones nacionales de déficit, en cambio, la tratan como deficitaria. Esa sola decisión explica una parte importante de la distancia entre las cifras de déficit que circulan en el país, como se discute en la sección 9.8. Las paredes rudimentarias o precarias —estaqueo, adobe, tronco de palma, cartón, hule o madera de embalaje— eran el 2,8 % en 2003 y son el 0,5 % en 2025, una proporción que la muestra de la EPHC ya no permite desagregar con precisión.
El gradiente por ingreso se redujo pero no desapareció. En 2025 el 10,7 % de los hogares del primer quintil de ingreso per cápita vive sobre piso de tierra, frente al 0,5 % del quinto quintil; en 2003 la relación era de 47,5 % frente a 3,3 %. Las diferencias por sexo de la jefatura son pequeñas y no sistemáticas: 3,7 % de piso de tierra en los hogares con jefa y 3,2 % en los de jefe en 2025.
| Indicador | 2003 | 2013 | 2025 | 2025 urbana | 2025 rural | 2025 Q1 | 2025 Q5 | 2025 jefa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso de tierra | 17,0 | 8,8 | 3,4 | 1,5 | 8,0 | 10,7 | 0,5 | 3,7 |
| Paredes de madera | 31,7 | 22,5 | 11,0 | 6,3 | 22,7 | 24,0 | 4,4 | 10,2 |
| Paredes rudimentarias o precarias | 2,8 | 1,3 | 0,5 | 0,2 | 1,1 | 1,4 | 0,1 | 0,6 |
| Techo de paja, tronco o desecho | 7,9 | 3,8 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,2 |
| Más de 2 personas por dormitorio | 40,1 | 26,3 | 17,4 | 16,3 | 19,9 | 40,7 | 3,3 | 17,6 |
| Más de 3 personas por dormitorio | 18,2 | 8,9 | 4,9 | 4,6 | 5,7 | 16,1 | 0,5 | 5,2 |
| Más de 3 personas por pieza | 11,4 | 5,8 | 2,4 | 2,1 | 3,1 | 9,3 | 0,2 | 2,9 |
| n (hogares) | 9.591 | 5.424 | 17.092 | 9.770 | 7.322 | 3.258 | 4.012 | 6.676 |
Fuente: INE, EPH/EPHC, microdatos con factor revisión 2025; elaboración propia (viv_10_cuadros.py, tablas/viv_cuadro_resumen.csv). Q1 y Q5: quintiles extremos de ingreso per cápita del hogar (INE). IC 95 % en 2025 (linealización de Taylor; viv_g2_ic95.csv): piso de tierra, 3,0–3,8 en el total y 9,4–12,1 en el Q1; más de 3 personas por dormitorio, 4,4–5,3 en el total y 14,3–17,9 en el Q1.
9.3.2Hacinamiento: menos personas, no más dormitorios
El hacinamiento —más de tres personas por dormitorio, el umbral más usado en la región para el hacinamiento crítico— afectaba al 18,2 % de los hogares en 2003 y al 4,9 % en 2025. Con un umbral más exigente, más de dos personas por dormitorio, la proporción bajó del 40,1 % al 17,4 %. La mejora tiene un motor que conviene identificar con precisión: no proviene de viviendas más grandes, sino de hogares más pequeños. El número medio de dormitorios por hogar apenas pasó de 2,14 a 2,25 entre 2003 y 2025, mientras el tamaño medio del hogar cayó de 4,44 a 3,34 personas, de modo que las personas por dormitorio bajaron de 2,34 a 1,62. La transición demográfica —menor fecundidad, más hogares unipersonales y nucleares— hizo por el espacio vital más que la política habitacional, y el Censo 2022 confirma la tendencia con 3,5 personas por vivienda, frente a 4,7 en 2002 (ABC Color, 2024; La Nación, 2024a).

Fuente: INE, EPH 2003–2016 y EPHC 2017–2025, microdatos con factor revisión 2025; elaboración Observatorio Económico UC (script viv_02_habitabilidad.py).
Con quintiles de ingreso per cápita, el hacinamiento aparece como la carencia de habitabilidad con mayor gradiente: en 2025 el 16,1 % de los hogares del primer quintil tiene más de tres personas por dormitorio y el 40,7 % más de dos; en el quinto quintil las cifras son 0,5 % y 3,3 %. Ese gradiente es en parte mecánico, porque el tamaño del hogar está a la vez en el numerador del hacinamiento y en el denominador del ingreso per cápita: los hogares numerosos caen en los quintiles bajos por construcción. Con quintiles de ingreso equivalente (escala de la OCDE modificada), que atenúan ese efecto, las proporciones son 10,2 % en el primer quintil y 1,1 % en el quinto (27,7 % y 5,6 % con más de dos personas por dormitorio): el gradiente se reduce, pero sigue siendo pronunciado (tabla viv_g2_hacinamiento_quintil_equivalente.csv). La caída del primer quintil fue fuerte (desde 48,9 % en 2003, con quintiles per cápita) y se hizo más lenta desde 2019 (de 17,9 % a 16,1 % en 2025). En ese lapso el tamaño medio de los hogares del primer quintil siguió bajando (de 4,5 a 4,3 personas) y el número de dormitorios no cambió (2,1), de modo que con estos datos no puede establecerse si el efecto demográfico se está agotando en los hogares pobres; es una conjetura que requiere un análisis específico. A diferencia de las demás carencias, el hacinamiento no es predominantemente rural: 4,6 % en las ciudades y 5,7 % en el campo, con máximos departamentales en Concepción (8,1 %) y Presidente Hayes (6,2 %) y valores superiores al promedio en Central (5,8 %), donde la presión del suelo urbano limita la expansión de la vivienda. Con la definición del ODS 11.1.1 —más de tres personas por pieza habitable— la privación alcanza al 2,4 % de los hogares; la diferencia con la medida por dormitorio refleja que la EPHC cuenta como piezas los ambientes de estar, cuya exclusión o inclusión en el denominador no está documentada en el diccionario de la encuesta.
9.3.3Tipología: la lenta llegada del departamento
La vivienda paraguaya sigue siendo, abrumadoramente, una casa en lote propio. En 2025 el 91,5 % de los hogares vive en una casa o rancho, el 5,3 % en un departamento y el 3,1 % en una pieza de inquilinato. El departamento era el 1,8 % en 2003 y el 3,0 % en 2013: su difusión es reciente, urbana (7,5 % de los hogares urbanos) y de altos ingresos (11,4 % del quinto quintil frente al 1,3 % del primero). El rancho —la vivienda rural tradicional de materiales precarios— era el 13,4 % de los hogares en 2003 y el 27,4 % de los rurales; en 2013, último año en que el cuestionario lo distingue, había bajado al 7,1 %. La pieza de inquilinato, forma de vivienda de los inquilinos urbanos de bajos ingresos, se mantiene en torno al 2–3 % a lo largo de todo el período.
9.4Disponibilidad de servicios: agua, saneamiento, electricidad y residuos
9.4.1Agua: universalidad del acceso, desconfianza en la calidad
La expansión del agua por red es uno de los logros sociales más nítidos del período. El 61,7 % de los hogares se abastecía de una red —ESSAP, SENASA y juntas de saneamiento, redes comunitarias o prestadores privados— en 2003, y el 87,2 % en 2025. El avance fue casi enteramente rural: del 32,9 % al 81,5 %, frente a un paso del 80,0 % al 89,6 % en las ciudades. La estructura de prestadores es singular en la región. En 2025 la empresa estatal ESSAP abastece al 21,9 % de los hogares, las juntas de saneamiento vinculadas a SENASA al 33,1 % y las redes comunitarias y privadas —los «aguateros» de red, que en Paraguay son pequeños operadores privados con pozo y cañería— al 32,2 %; el 11,9 % restante se abastece de pozos propios. La provisión de agua en Paraguay es, por tanto, mayoritariamente no estatal, y en departamentos como Alto Paraná sólo el 55,1 % de los hogares accede a una red. El agua por cañería dentro de la vivienda, la medida más cercana al acceso en el predio, pasó del 53,6 % en 2003 al 92,8 % en 2025, y del 26,5 % al 84,4 % en el área rural.
Desde 2008 la encuesta pregunta por la fuente del agua que se bebe, lo que permite aproximar la escalera del JMP. La proporción de hogares que bebe agua de una fuente mejorada subió del 93,0 % al 99,3 %, y la población en el peldaño superior observable —fuente mejorada, en el predio y, si es de red, con servicio las 24 horas— pasó del 76,7 % al 92,0 % (Gráfico 9.3, panel A). El agua no mejorada, que en 2008 afectaba al 15,6 % de la población rural, cayó al 1,3 % en 2025. Estas cifras son consistentes con las del JMP, que estima en 99,6 % la población con agua al menos básica en 2024 (Banco Mundial, 2026).

Fuente: INE, EPH 2008–2016 y EPHC 2017–2025, microdatos con factor revisión 2025; elaboración Observatorio Económico UC (script viv_03_servicios.py). Clasificación OMS/UNICEF (2017).
El peldaño superior de la escalera, sin embargo, no equivale al agua «gestionada de forma segura» del ODS 6.1.1, porque la EPHC no mide la calidad. El JMP, que sí la incorpora a partir de las pruebas de laboratorio de la MICS 2016 y de datos regulatorios, estima que sólo el 64,4 % de la población paraguaya consumía agua gestionada de forma segura en 2024, por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (79,0 %) y de Brasil (88,6 %), aunque por encima de Perú (49,4 %) (Banco Mundial, 2026). La brecha de 28 puntos entre la infraestructura y la calidad es la información más importante de esta sección, y el Recuadro 9.1 la documenta con los microdatos de la MICS.
La población parece conocer esa brecha. El agua embotellada como fuente principal de bebida pasó del 7,1 % de los hogares en 2008 al 26,2 % en 2025 (Gráfico 9.3, panel B): uno de cada cuatro hogares paga por el agua que bebe aunque tenga red en su casa. El fenómeno es urbano (34,6 % de los hogares urbanos frente al 5,7 % de los rurales), alcanza al 66,9 % de los hogares de Asunción y al 41,0 % de los de Central, y crece con el ingreso: 7,1 % en el primer quintil y 42,9 % en el quinto. La regresividad tiene una lectura incómoda. Los hogares que pueden pagar sustituyen la calidad pública por un bien privado; los que no pueden beben el agua de la red o del pozo, que la MICS encontró contaminada con E. coli en casi la mitad de los casos. La continuidad del servicio, en cambio, mejoró: el 90,5 % de los hogares conectados a una red tiene agua las 24 horas en 2025, frente al 81,6 % en 2008, con un retroceso en 2020 (76,8 %) que coincide con la pandemia y con el cambio a entrevistas telefónicas, y con un rezago notable en Presidente Hayes (65,9 %).
9.4.2Saneamiento: arrastre de agua casi universal, alcantarillado estancado
En 2003 el 61,0 % de los hogares tenía un inodoro con arrastre de agua conectado a la red cloacal, a una cámara séptica o a un pozo ciego; en 2025, el 93,4 %. En el área rural la proporción se multiplicó por 2,7, del 30,9 % al 82,5 %. Con la clasificación del JMP disponible desde 2008, el saneamiento mejorado subió del 86,2 % al 95,5 % de los hogares y del 71,7 % al 88,5 % en el campo, y los hogares sin ninguna instalación sanitaria son el 0,7 %. Estas cifras coinciden con la estimación del JMP de saneamiento al menos básico (95,9 % de la población en 2024) y son del mismo orden, con definiciones distintas, que la carencia de infraestructura sanitaria del índice de necesidades básicas insatisfechas, que el Censo 2022 ubicó en el 10,4 % de los hogares (Última Hora, 2024); el NBI no usa la clasificación del JMP y no es comparable con el 4,5 % de saneamiento no mejorado.

Fuente: INE, EPH 2008–2016 y EPHC 2017–2025, microdatos con factor revisión 2025; elaboración Observatorio Económico UC (script viv_03_servicios.py). Clasificación OMS/UNICEF.
La composición de esa mejora, sin embargo, revela un modelo de saneamiento individual. La conexión a la red de alcantarillado sanitario cubría al 10,3 % de los hogares en 2003 y al 11,0 % en 2025: en veintidós años no avanzó. En las ciudades bajó levemente, del 16,8 % al 15,4 %, porque las ciudades crecieron más rápido que las redes, y en el campo es inexistente (0,4 %). La expansión se produjo enteramente por cámaras sépticas, que en 2025 sirven al 64,0 % de la población, y por pozos ciegos sin cámara (19,1 %), que infiltran las aguas negras directamente en el suelo (Gráfico 9.4). Fuera de Asunción, donde el 68,9 % de los hogares desagua a la red, ningún departamento supera el 23 % (Itapúa, 22,8 %), y en Canindeyú y Caazapá la cobertura es nula en la muestra. El gradiente de ingreso es marcado: 3,0 % de conexión a la red en el primer quintil frente a 21,6 % en el quinto. El problema ambiental es evidente: más de un millón de hogares infiltra sus aguas negras en el subsuelo a través de cámaras sépticas y pozos absorbentes, lo que plantea un riesgo para las aguas subterráneas, y la MICS indica que la gran mayoría de esas instalaciones nunca se vacía.
En el área rural persiste un núcleo de saneamiento no mejorado —letrinas sin losa, techo o puerta, y descargas a la superficie— que alcanza al 10,2 % de la población en 2025, frente al 28,3 % de 2008. Junto con la cocina a leña y la falta de recolección de residuos, es una de las carencias más extendidas del campo, y es la que más pesa en el déficit habitacional cualitativo (sección 9.8).
9.4.3Electricidad y residuos
La electrificación está prácticamente completa. El 92,6 % de los hogares tenía energía eléctrica en 2003, con un 84,6 % en el área rural; en 2025 la cobertura es del 99,7 % (99,3 % rural), en línea con el 99,8 % del Banco Mundial para 2024 y con el 98,6 % de las viviendas que registró el Censo 2022 (ABC Color, 2024; La Nación, 2024a). La agenda eléctrica de la vivienda ya no es de acceso sino de calidad y uso: la sección 9.5 muestra que la electricidad se convirtió en el combustible de cocina de un tercio de los hogares, y la 9.10 que el aire acondicionado llega a dos de cada tres.
La recolección de residuos sólidos es, en cambio, el servicio con la brecha territorial más amplia. En 2025 recibe recolección pública o privada el 67,4 % de los hogares (34,9 % en 2003): el 86,9 % de los urbanos, pero sólo el 19,7 % de los rurales, donde el 65,6 % de los hogares quema su basura. La quema domiciliaria es otra fuente de contaminación del aire en el entorno de la vivienda que las estadísticas de salud ambiental rara vez consideran. El gradiente por ingreso es el más pronunciado de todos los servicios (35,2 % en el primer quintil y 85,5 % en el quinto) y el territorial también: San Pedro (30,1 %), Paraguarí (34,2 %) y Caazapá (38,1 %) tienen las coberturas más bajas.
Pasá el cursor sobre el gráfico —o enfocalo con Tab y usá las flechas— para leer los valores.
Fuente: INE, EPHC 2025, microdatos con factor revisión 2025 (n = 17.092 hogares); elaboración Observatorio Económico UC (script viv_03_servicios.py).
El Gráfico 9.5 resume la estructura distributiva de los servicios en 2025. El agua por red y la continuidad del servicio son prácticamente iguales en todos los quintiles: la red de agua dejó de ser un servicio de clase. La conexión cloacal, la recolección de residuos y el agua embotellada, en cambio, crecen marcadamente con el ingreso. Dicho de otro modo, la desigualdad se desplazó del acceso al agua hacia la calidad del agua y hacia el destino de lo que el hogar desecha.
| Indicador | 2003 | 2013 | 2025 | 2025 urbana | 2025 rural | 2025 Q1 | 2025 Q5 | 2025 jefa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua de red (uso de la vivienda) | 61,7 | 80,4 | 87,2 | 89,6 | 81,5 | 86,3 | 86,7 | 90,2 |
| Agua por cañería dentro de la vivienda¹ | 53,6 | — | 92,8 | 96,2 | 84,4 | 81,1 | 98,4 | 93,2 |
| Agua para beber de fuente mejorada² | — | 96,9 | 99,3 | 99,8 | 98,1 | 98,5 | 99,7 | 99,4 |
| Bebe agua embotellada² | — | 15,8 | 26,2 | 34,6 | 5,7 | 7,1 | 42,9 | 28,0 |
| Servicio 24 h (% de hogares con red)² | — | 85,9 | 90,5 | 90,4 | 90,7 | 88,7 | 92,3 | 90,3 |
| Inodoro con arrastre (red, cámara o pozo) | 61,0 | 80,3 | 93,4 | 97,8 | 82,5 | 79,8 | 98,8 | 94,2 |
| Desagüe a red cloacal | 10,3 | 11,1 | 11,0 | 15,4 | 0,4 | 3,0 | 21,6 | 12,9 |
| Saneamiento mejorado (JMP)² | — | 89,6 | 95,5 | 98,3 | 88,5 | 85,8 | 99,2 | 96,0 |
| Electricidad | 92,6 | 99,0 | 99,7 | 99,9 | 99,3 | 99,6 | 100,0 | 99,9 |
| Recolección de residuos | 34,9 | 48,5 | 67,4 | 86,9 | 19,7 | 35,2 | 85,5 | 70,4 |
| n (hogares) | 9.591 | 5.424 | 17.092 | 9.770 | 7.322 | 3.258 | 4.012 | 6.676 |
Fuente: INE, EPH/EPHC, microdatos con factor revisión 2025; elaboración propia (viv_10_cuadros.py). ¹ Agua de uso; en 2008–2013 la pregunta se refiere al agua de beber (no comparable). ² Disponible desde 2008; el valor de 2013 corresponde a ese año.
9.5Energía para cocinar: la transición desde la leña y su costo sanitario
9.5.1Una transición rápida pero tardía
En 2003 el 52,3 % de los hogares que cocinan lo hacía con leña (39,2 %) o carbón vegetal (13,1 %); en 2025 la proporción es del 15,7 % (11,6 % leña y 4,1 % carbón). Medida en población —la unidad del indicador 7.1.2 de los ODS—, la dependencia de combustibles sólidos bajó del 57,2 % al 16,3 %, y el número de personas que viven en hogares que cocinan con leña o carbón pasó de 2,97 millones a 1,00 millón; entre ellas, los menores de 18 años bajaron de 1,41 millones a 306 mil. El cambio fue más intenso en el campo, donde la proporción de hogares con combustibles sólidos cayó del 81,6 % al 35,6 %, aunque todavía más de un tercio de los hogares rurales cocina con biomasa.

Fuente: INE, EPH 2003–2016 y EPHC 2017–2025, microdatos con factor revisión 2025; elaboración Observatorio Económico UC (script viv_04_energia.py). Excluye hogares que no cocinan.
El rasgo más original de la transición paraguaya es su segundo tramo. Entre 2003 y 2013 la leña fue sustituida por el gas licuado, que subió del 47,4 % al 60,8 % de los hogares. Desde 2013 el gas retrocede (50,9 % en 2025) y el sustituto es la electricidad, que pasó del 0,3 % de los hogares en 2003 al 7,2 % en 2013 y al 33,4 % en 2025 (Gráfico 9.6, panel A). En el área rural, en 2025 se cocina más con electricidad (32,6 %) que con gas (31,8 %). Es una trayectoria poco común en la región, donde la transición suele terminar en el gas licuado. La hipótesis más plausible es la combinación de un país con abundante generación hidroeléctrica, una red eléctrica que alcanza a la práctica totalidad de los hogares y artefactos de cocción eléctrica de bajo costo; la EPHC no permite verificarla y el tema merece un estudio específico de precios relativos y tarifas, que excede este capítulo. Lo que sí muestran los datos es que el uso de electricidad para cocinar no tiene gradiente de ingreso: en 2025 cocina con electricidad el 32,9 % del primer quintil y el 33,0 % del quinto.
La biomasa, en cambio, conserva un gradiente intenso (Cuadro 9.5). En 2025 cocina con leña o carbón el 39,5 % de los hogares del primer quintil y el 3,4 % del quinto; en el primer quintil rural la proporción llega al 57,5 %. Los departamentos con mayor dependencia son Paraguarí (36,3 %), San Pedro (36,0 %), Caazapá (29,9 %), Concepción (27,7 %), Cordillera (26,9 %) y Guairá (26,7 %), y los de menor, Asunción (3,9 %), Alto Paraná (5,5 %), Amambay (7,1 %) y Central (7,8 %). Los hogares con jefatura femenina usan algo menos de combustibles sólidos que los de jefatura masculina (13,9 % frente a 16,8 %), diferencia que se mantiene al controlar por ingreso y territorio (Recuadro 9.2).
| Grupo | 2003 | 2013 | 2025 | Variación 2003–2025 (pp) |
|---|---|---|---|---|
| Total | 52,3 | 32,0 | 15,7 | −36,6 |
| Urbana | 33,5 | 16,8 | 7,5 | −26,0 |
| Rural | 81,6 | 60,5 | 35,6 | −46,0 |
| Q1 (20 % más pobre) | 90,2 | 71,9 | 39,5 | −50,7 |
| Q2 | 76,2 | 47,1 | 22,7 | −53,5 |
| Q3 | 59,4 | 36,5 | 14,4 | −45,0 |
| Q4 | 41,6 | 19,9 | 8,0 | −33,6 |
| Q5 (20 % más rico) | 21,1 | 9,7 | 3,4 | −17,7 |
| Población en hogares con leña o carbón (millones) | 2,97 | 1,90 | 1,00 | −1,97 |
| n (hogares) | 9.591 | 5.424 | 17.092 | — |
Fuente: INE, EPH/EPHC, microdatos con factor revisión 2025; elaboración propia (viv_04_energia.py, tablas/viv_combustible_quintil.csv, viv_combustible_expuestos.csv).
9.5.2El costo sanitario: la contaminación del aire doméstico
La combustión de biomasa en fogones y braseros de baja eficiencia emite material particulado fino y monóxido de carbono en concentraciones que, en el interior de la vivienda, multiplican los valores guía de la OMS. Las guías de calidad del aire interior para la combustión doméstica recomiendan no usar combustibles sólidos sin procesar ni kerosene y priorizar la transición a combustibles limpios, porque las mejoras de estufas rara vez reducen la exposición a niveles seguros (OMS, 2014). La evidencia epidemiológica, sintetizada por el GBD, asocia la contaminación del aire doméstico con infecciones respiratorias agudas bajas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, cáncer de pulmón y otros resultados (GBD 2021 Risk Factors Collaborators, 2024).
Las estimaciones de la OMS para 2021 atribuyen a la contaminación del aire doméstico 2.159 muertes en Paraguay (intervalo de incertidumbre: 1.774–2.612), con una tasa estandarizada por edad de 42,1 por 100.000 habitantes (34,5–51,0), de 49,9 en hombres y 35,5 en mujeres (OMS, 2026). Es, en la estimación central, la tasa más alta de los nueve países sudamericanos comparados, 2,4 veces la de Bolivia (17,6) y 4,6 veces la de la Región de las Américas (9,2); en Argentina, Chile y Uruguay es prácticamente nula (Cuadro 9.6 y Gráfico 9.12). Son estimaciones modeladas de la OMS y la descarga utilizada no incluye los intervalos de incertidumbre de los demás países, pero aun el límite inferior del intervalo paraguayo (34,5) casi duplica la estimación central de Bolivia, la segunda del grupo. La distribución por causas muestra que la carga no es sólo infantil y respiratoria: la cardiopatía isquémica (753 muertes) y las infecciones respiratorias agudas bajas (704) son las dos primeras, seguidas por el accidente cerebrovascular (413), la EPOC (186) y el cáncer de pulmón (104). La serie del Banco Mundial, que combina aire ambiente y doméstico, confirma la posición relativa: 55,6 muertes por 100.000 en 2019, frente a 41,1 en América Latina y el Caribe.
| Causa | Muertes (estimación central) | Intervalo de incertidumbre | Tasa estandarizada por 100.000 |
|---|---|---|---|
| Cardiopatía isquémica | 753 | 561–988 | 14,9 |
| Infecciones respiratorias agudas bajas | 704 | 483–915 | 13,2 |
| Accidente cerebrovascular | 413 | 224–727 | 8,2 |
| Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 186 | 97–385 | 3,8 |
| Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón | 104 | 77–132 | 2,0 |
| Total | 2.159 | 1.774–2.612 | 42,1 |
Fuente: OMS, Global Health Observatory, indicadores AIR_11 y AIR_52 (ambos sexos), consulta del 3 de octubre de 2026; tablas/viv_hap_oms_paraguay.csv.
La comparación entre fuentes exige una advertencia. La OMS estima que el 71,3 % de la población paraguaya usaba combustibles limpios en 2023 (Banco Mundial, 2026), mientras que la EPHC arroja un 79,4 % para el mismo año. La diferencia de ocho puntos proviene de que la serie de la OMS es modelada a partir de encuestas de distintas fuentes y suaviza la tendencia, y probablemente no recoge todavía la aceleración de la cocina eléctrica de los últimos años. Si la estimación de la EPHC es la correcta, la carga atribuible de 2021 podría estar sobreestimada en la cola reciente; pero aun con la cifra de la EPHC Paraguay seguiría siendo el país con mayor dependencia de biomasa del grupo, por debajo de Bolivia (90,6 % de cocina limpia) y Perú (91,8 %). La exposición, además, no depende sólo del combustible: según la MICS 2016, el 41,3 % de los hogares con leña o carbón cocinaba dentro de la casa (Recuadro 9.1), y en la EPHC 2025 el 14 % de los hogares con combustibles sólidos no tiene una pieza destinada a cocinar.
9.6Seguridad de la tenencia: propietarios estables, inquilinos en aumento
Paraguay es un país de propietarios, y lo sigue siendo. El 76,8 % de los hogares es propietario de su vivienda en 2025 —incluidos los que la pagan en cuotas o la tienen en condominio—, prácticamente lo mismo que en 2003 (77,0 %). Lo que cambió es la composición del resto: la vivienda cedida, forma tradicional de acceso por préstamo familiar o laboral, bajó del 12,3 % al 8,2 %, y la vivienda alquilada subió del 10,1 % al 15,0 %. La ocupación de hecho de la vivienda, que en 2003 declaraba el 0,5 % de los hogares, es estadísticamente marginal en 2025 (0,1 %).

Fuente: INE, EPH 2003–2016 y EPHC 2017–2025, microdatos con factor revisión 2025; elaboración Observatorio Económico UC (script viv_05_tenencia.py).
El alquiler es un fenómeno urbano y joven. Alquila el 19,8 % de los hogares urbanos (15,2 % en 2003) y sólo el 3,2 % de los rurales; en Asunción el 33,1 % de los hogares es inquilino, y en Alto Paraná el 23,7 %. El cambio generacional es el más pronunciado: entre los hogares cuyo jefe o jefa tiene menos de 35 años, la proporción de inquilinos pasó del 20,2 % en 2003 al 28,3 % en 2013 y al 34,1 % en 2025, mientras la propiedad cayó del 57,1 % al 52,1 % (Gráfico 9.7, panel A). Es decir, un tercio de los hogares jóvenes ya no accede a la vivienda propia en la etapa de formación del hogar, una tendencia que la región conoce desde hace dos décadas y que en Paraguay recién se hace visible. A diferencia de lo que ocurre con las carencias materiales, el alquiler aumenta con el ingreso (9,0 % en el primer quintil y 19,4 % en el quinto) y es más frecuente en los hogares con jefa (16,2 %) que en los de jefe (14,2 %).
La propiedad de la vivienda no garantiza la del suelo. Desde 2014 la EPHC pregunta a los propietarios por la situación del lote, y en 2025 el 6,6 % declara que su vivienda está construida en un terreno fiscal o municipal, el 0,6 % en un terreno ocupado de hecho y el 2,5 % en un terreno cedido. La tenencia insegura en sentido amplio —vivienda ocupada de hecho o vivienda propia en terreno fiscal u ocupado— alcanza al 5,6 % de los hogares (4,8 % en 2014, con un máximo de 9,5 % en 2017, dentro del tramo de muestra ampliada de 2015–2017). La concentración territorial es muy marcada: el 19,1 % de los propietarios de Ñeembucú y el 17,9 % de los de Asunción viven en terreno fiscal o municipal, lo que en la capital remite a los asentamientos de los bañados y de la ribera del río, y en Presidente Hayes la proporción es del 13,6 %. El gradiente social también es nítido: 10,1 % en el primer quintil frente al 3,4 % en el quinto. La EPHC no capta la escala completa de la informalidad urbana del área metropolitana: un diagnóstico del BID citado por Hábitat para la Humanidad Paraguay contabilizó a fines de 2022 556 asentamientos en Asunción y su área metropolitana, con 245.803 hogares y 1.127.458 personas, y un aumento del 62,4 % respecto del relevamiento anterior (Bertrán Sisa et al., 2024).
9.7Asequibilidad: la carga del alquiler
La asequibilidad económica se mide aquí con la carga del alquiler: el cociente entre el alquiler pagado en el mes y el ingreso monetario mensual del hogar, para los inquilinos que declaran ambos montos positivos (entre 366 y 1.921 hogares por año). Se usa el ingreso monetario —el ingreso familiar sin el alquiler imputado ni el almuerzo y la merienda escolares imputados— porque el alquiler se paga en efectivo y las imputaciones en especie, que el INGREFAM incorpora desde 2022, no están disponibles para pagarlo. Entre los inquilinos esas imputaciones pesan poco (0,8 % de su ingreso en 2025), pero más en el primer quintil. La mediana de la carga subió del 15,1 % en 2004 al 18,0 % en 2025, y la proporción de inquilinos que destina más del 30 % de su ingreso al alquiler —el umbral convencional de sobrecarga— pasó del 15,2 % al 20,2 % (IC 95 %: 17,8–22,5), con un máximo del 28,3 % en 2020, cuando la pandemia redujo los ingresos sin reducir los alquileres (Cuadro 9.7). En 2025 son alrededor de 55 mil hogares sobrecargados, y el 5,7 % de los inquilinos destina más de la mitad de su ingreso al alquiler. La serie cruza el cambio del INGREFAM de 2022 y conviene leer el salto de ese año con cautela.
La sobrecarga es regresiva. En 2025 el 42,3 % de los inquilinos del primer quintil (IC 95 %: 34,4–50,1; n = 207) paga más del 30 % de su ingreso monetario, frente al 15,0 % del quinto (11,1–18,9; n = 622) (Gráfico 9.7, panel B); en 2015 la proporción del primer quintil era del 55,2 % (n = 104), y la caída hasta 2025 apenas supera el umbral de significación al 95 % con muestras tan pequeñas. Los hogares inquilinos con jefa están algo más sobrecargados que los de jefe (22,1 % frente a 18,8 %). Este capítulo no estima la pobreza «después del alquiler»: la línea de pobreza total del INE ya incluye, en su componente no alimentario, el gasto en alojamiento, de modo que restar el alquiler del ingreso y compararlo con esa misma línea contaría dos veces la vivienda. Una medida de ese tipo exigiría una línea sin el componente de vivienda, que la documentación disponible no permite construir.
| Indicador | 2003 | 2013 | 2025 | n 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda propia (% de hogares) | 77,0 | 76,6 | 76,8 | 17.092 |
| Vivienda alquilada (%) | 10,1 | 12,7 | 15,0 | 17.092 |
| Vivienda cedida (%) | 12,3 | 10,4 | 8,2 | 17.092 |
| Vivienda ocupada de hecho (%) | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 17.092 |
| Alquilada, jefatura menor de 35 años (%) | 20,2 | 28,3 | 34,1 | 3.284 |
| Propietarios en terreno fiscal o municipal (%)¹ | — | — | 6,6 | — |
| Carga mediana del alquiler (% del ingreso monetario)² | 15,1 | 14,1 | 18,0 | 1.921 |
| Inquilinos con carga > 30 % (%)² | 15,2 | 12,9 | 20,2 | 1.921 |
| Inquilinos con carga > 50 % (%)² | 2,6 | 3,9 | 5,7 | 1.921 |
Fuente: INE, EPH/EPHC, microdatos con factor revisión 2025; elaboración propia (viv_05_tenencia.py; carga con ingreso monetario en g2_viv.py, tabla viv_g2_asequibilidad_monetaria.csv). ¹ Desde 2014; 4,0 % en ese año. ² Alquiler pagado sobre el ingreso monetario del hogar (ingreso familiar sin alquiler imputado ni alimentación escolar imputada). La columna 2003 corresponde a 2004, primer año con alquiler pagado; n = 609 en 2004 y 622 en 2013. La serie cruza el cambio del INGREFAM de 2022.
9.8El déficit habitacional: una metodología explícita y replicable
9.8.1Definiciones
Paraguay no tiene una serie oficial y continua de déficit habitacional. Las cifras que circulan provienen de estudios puntuales con metodologías distintas y no siempre publicadas, lo que impide saber si el déficit aumenta o disminuye. Esta sección propone una medición explícita, replicable con los microdatos y comparable entre 2003 y 2025, que sigue la arquitectura CEPAL-MINURVI y BID: un componente cuantitativo, que identifica a los hogares que necesitan una vivienda nueva, y uno cualitativo, que identifica las viviendas recuperables con carencias. Un hogar se cuenta una sola vez: los componentes cualitativos sólo se evalúan en los hogares sin déficit cuantitativo, y un hogar con varias carencias cualitativas es un solo hogar deficitario. Se presentan dos variantes, cuyas reglas resume el Cuadro 9.8: la variante A o «núcleo», que usa estándares mínimos consistentes con el ODS 11.1.1 y es comparable desde 2003, y la variante B o «norma alta», disponible desde 2008, que eleva los estándares a los que suelen usar las estimaciones nacionales.
| Componente | Variante A (núcleo, 2003–2025) | Variante B (norma alta, 2008–2025) |
|---|---|---|
| Cuantitativo | Hogar secundario (orden ≥ 2 en la vivienda) o vivienda irrecuperable: improvisada, paredes de tronco de palma, cartón, hule o madera de embalaje o sin paredes, o techo de paja, tronco o desecho con paredes no acabadas | Variante A más núcleo secundario (yerno/nuera o nieto/a del jefe) en hogar con más de 3 personas por dormitorio |
| Materiales | Paredes de estaqueo, adobe u otro; techo de paja, tronco, desecho o tablilla; piso de tierra | Ídem más paredes de madera |
| Hacinamiento | Más de 3 personas por dormitorio | Más de 2 personas por dormitorio |
| Agua | Sin red (ESSAP, SENASA/juntas, comunitaria, privada) ni pozo artesiano o con bomba | Sin red |
| Saneamiento | Sin inodoro con arrastre de agua (red, cámara séptica o pozo ciego) | Sin red cloacal ni cámara séptica (el pozo ciego sin cámara es deficitario) |
| Electricidad | Sin conexión | Sin conexión |
| Tenencia | Vivienda ocupada de hecho | Ocupada de hecho y, desde 2014, propietarios en terreno fiscal/municipal u ocupado |
Fuente: elaboración propia sobre Arriagada Luco (2003), Bouillon (2012) y Naciones Unidas (s. f.). Implementación en scripts/viv_00_defs.py (función deficit) y viv_06_deficit.py.
9.8.2Resultados: del 50 % al 13 % de los hogares
Con la variante A, el 50,2 % de los hogares paraguayos tenía alguna forma de déficit habitacional en 2003 —591 mil hogares— y el 12,9 % en 2025 —239 mil hogares— (Cuadro 9.9 y Gráfico 9.8). La reducción fue continua, con la única excepción de 2016, un año de muestra ampliada (2015–2017) en el que varias carencias rurales se elevaron transitoriamente. El déficit cuantitativo es pequeño en todo el período (3,1 % en 2003 y 0,3 % en 2025, unos 6 mil hogares), y su caída se explica tanto por la desaparición de las viviendas irrecuperables (2,2 % a 0,2 %) como por una menor detección de hogares secundarios en la encuesta (0,9 % a 0,1 %). Esto último es una limitación: la EPHC define el hogar por el presupuesto común, y la convivencia de dos familias que comparten gastos de alimentación queda registrada como un solo hogar extendido. El allegamiento interno con hacinamiento, que la variante B agrega al cuantitativo, afectaba al 2,2 % de los hogares en 2008 y al 0,8 % en 2025 (15 mil hogares).
| Año | Hogares (miles) | A: cuantitativo % (miles) | A: cualitativo % (miles) | A: total % (miles) | B: total % (miles) | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1.177,1 | 3,1 (36,3) | 47,2 (555,0) | 50,2 (591,3) | — | 9.591 |
| 2008 | 1.337,6 | 1,9 (25,6) | 37,1 (496,3) | 39,0 (521,9) | 77,4 (1.034,7) | 4.601 |
| 2013 | 1.472,5 | 1,5 (22,4) | 26,9 (396,5) | 28,4 (418,9) | 66,1 (972,7) | 5.424 |
| 2018 | 1.603,6 | 0,6 (9,9) | 21,9 (350,8) | 22,5 (360,6) | 64,8 (1.038,4) | 4.999 |
| 2022 | 1.713,4 | 0,6 (10,3) | 16,3 (279,3) | 16,9 (289,7) | 55,9 (957,9) | 17.972 |
| 2025 | 1.846,6 | 0,3 (6,0) | 12,6 (232,8) | 12,9 (238,9) | 49,5 (914,6) | 17.092 |
Fuente: INE, EPH/EPHC, microdatos con factor revisión 2025; elaboración propia (viv_06_deficit.py, tablas/viv_deficit_serie.csv y viv_deficit_hogares_miles.csv). Los números absolutos de todos los años usan los factores de expansión de la revisión 2025, que incorporan las proyecciones posteriores al Censo 2022; no deben compararse con estimaciones anteriores que usaban las proyecciones basadas en el Censo 2012, que sobreestimaban la población en alrededor de 1,3 millones de personas. IC 95 % del déficit A en 2025 (Taylor): 12,2–13,7 % en el total, 23,5–27,2 % en el área rural y 33,9–38,4 % en el primer quintil.
(a) Hogares con déficit habitacional
(b) Componentes (variante A)
Pasá el cursor sobre el gráfico —o enfocalo con Tab y usá las flechas— para leer los valores.
Fuente: INE, EPH 2003–2016 y EPHC 2017–2025, microdatos con factor revisión 2025; elaboración Observatorio Económico UC (script viv_06_deficit.py).
El déficit es cualitativo y está dominado por el saneamiento. En 2025 el 6,5 % de los hogares carece de inodoro con arrastre de agua, el 4,8 % está hacinado, el 3,5 % tiene materiales recuperables, el 1,9 % no tiene agua de red ni de pozo con bomba, y la falta de electricidad y la ocupación de hecho son marginales (Gráfico 9.8, panel B). La mayoría de los hogares deficitarios tiene una sola carencia: de los hogares sin déficit cuantitativo, el 9,2 % del total presenta una carencia, el 2,6 % dos y apenas el 0,8 % tres o más. Esto tiene una implicación de política directa: el déficit paraguayo se resuelve mayoritariamente con mejoramiento —un baño, un dormitorio, un piso— y no con vivienda nueva.
La distribución del déficit reproduce las líneas de la desigualdad social. En 2025 afecta al 25,3 % de los hogares rurales y al 7,9 % de los urbanos, y al 36,1 % de los hogares del primer quintil frente al 2,8 % del quinto. No hay diferencias relevantes por sexo de la jefatura (12,5 % con jefa y 13,2 % con jefe). El mapa departamental muestra la convergencia del período y su límite (Gráfico 9.9): todos los departamentos redujeron su déficit a menos de la mitad, pero Presidente Hayes (35,2 %), Concepción (25,9 %), Caazapá (22,7 %) y San Pedro (21,4 %) siguen muy por encima de Asunción (6,3 %) y Central (8,2 %). En números absolutos, sin embargo, Central concentra el mayor número de hogares deficitarios (46 mil), seguido de San Pedro (25 mil), Alto Paraná (24 mil) y Caaguazú (22 mil).

Fuente: INE, EPH 2003 y EPHC 2025, microdatos con factor revisión 2025; elaboración Observatorio Económico UC (script viv_06_deficit.py). n 2025 entre 602 y 2.739 hogares; n 2003 entre 453 y 1.019.
9.8.3Las cifras que circulan y cómo reconciliarlas
Las cifras de déficit habitacional que circulan en Paraguay oscilan entre unos 900 mil y 1,15 millones de unidades (Cuadro 9.10). El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) habla de un déficit «de más de 900.000» viviendas, cualitativo y cuantitativo (La Nación, 2026a); la Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, de 1.152.215 soluciones habitacionales, de las cuales unas 73.421 corresponderían al déficit cuantitativo de 2020 (CEPAL, s. f.-b); un estudio de la DGEEC basado en datos de 2012 estimó alrededor de 1,1 millones de hogares, el 56,5 % del total (Bertrán Sisa et al., 2024), y otra cifra difundida en 2019 con datos de la EPH 2016 sumaba 970 mil viviendas con déficit cualitativo y 130 mil con déficit cuantitativo (ABC Color, 2019). La variante B de este capítulo arroja 914,6 mil hogares en 2025 y 1,04 millones en 2016, y la variante A, 239 mil en 2025. La cercanía de los conteos de la variante B con las cifras oficiales es, sin embargo, un artefacto de los marcos poblacionales: las cifras oficiales usaban las proyecciones basadas en el Censo 2012, que sobreestimaban la población en alrededor de 1,3 millones de personas y, con ella, el número de hogares, mientras que este capítulo usa los factores de expansión de la revisión 2025. La comparación debe hacerse en porcentajes de hogares. En esos términos, la cifra de la DGEEC para 2012 (56,5 %) queda entre las variantes A (33,3 %) y B (70,6 %) de ese año: para que 1,1 millones de hogares sean el 56,5 %, el universo debía tener unos 1,95 millones de hogares, frente a 1,45 millones con los factores actuales. Las metodologías oficiales no están publicadas en detalle y no fue posible reconstruirlas, de modo que estos datos no permiten inferir qué norma aplican.
| Fuente | Año de referencia | Cifra | Composición |
|---|---|---|---|
| DGEEC, estudio de déficit (citado por Bertrán Sisa et al., 2024) | 2012 | ≈ 1.100.000 hogares (56,5 %) | Este capítulo, 2012: variante A 33,3 %; variante B 70,6 % |
| DGEEC, EPH 2016 (ABC Color, 2019) | 2016 | ≈ 1.100.000 viviendas | 970 mil cualitativo; 130 mil cuantitativo |
| PNUVH (CEPAL, s. f.-b) | 2020 | 1.152.215 soluciones | ≈ 73.421 cuantitativo |
| MUVH (La Nación, 2026a) | 2025–2026 | más de 900.000 viviendas | cualitativo y cuantitativo |
| Este capítulo, variante A | 2025 | 238,9 mil hogares (12,9 %) | 6,0 mil cuantitativo; 232,8 mil cualitativo |
| Este capítulo, variante B | 2025 | 914,6 mil hogares (49,5 %) | 20,8 mil cuantitativo; 893,8 mil cualitativo |
Fuente: las indicadas; variantes A y B, elaboración propia con la EPH 2012 y la EPHC 2025 (viv_06_deficit.py). Los conteos oficiales usan proyecciones de población basadas en el Censo 2012 y los de este capítulo, los factores de la revisión 2025; sólo los porcentajes son comparables.
9.9Hogares en «asentamiento precario» según el ODS 11.1.1
Aplicando a la EPHC la definición de ONU-Hábitat —un hogar es precario si sufre al menos una de las cinco privaciones—, el 11,4 % de la población urbana vivía en 2025 en hogares en asentamiento precario (Gráfico 9.10). La serie tiene una ruptura en 2014, cuando la privación de tenencia empezó a incluir a los propietarios en terreno fiscal u ocupado, que se concentran en las ciudades, de modo que las comparaciones deben hacerse con una definición constante. Sin el componente de tenencia, disponible desde 2008, la población urbana precaria bajó del 16,5 % en 2008 al 6,0 % en 2025, y la del total del país del 30,2 % al 9,6 %. Con la tenencia incluida, comparable desde 2014, la urbana bajó del 15,7 % al 11,4 % y la del total del país del 24,1 % al 14,3 %; en 2025 son alrededor de 884 mil personas, 503 mil urbanas y 382 mil rurales. Además, la privación de tenencia que la EPHC permite medir —propiedad en terreno fiscal u ocupado— no es la de ONU-Hábitat, que se refiere a la documentación de la tenencia o al riesgo de desalojo.

Fuente: INE, EPH 2008–2016 y EPHC 2017–2025, microdatos con factor revisión 2025; elaboración Observatorio Económico UC (script viv_06_deficit.py), según la definición de ONU-Hábitat (Naciones Unidas, s. f.).
En 2025, la privación más frecuente en las ciudades es la tenencia insegura (6,9 % de la población urbana), seguida del espacio insuficiente (3,5 %); en el campo predominan el saneamiento no mejorado (11,3 %) y la vivienda no durable (9,1 %). El gradiente de ingreso es el mayor de todos los indicadores del capítulo: el 33,1 % de la población del primer quintil vive en un hogar precario, frente al 3,8 % del quinto. La estimación de ONU-Hábitat difundida por el Banco Mundial ubica a Paraguay con un 15,1 % de población urbana en tugurios en 2020 y 2022, por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (18,9 %) y de Bolivia (46,6 %), Perú (45,1 %) y Ecuador (57,8 %), y por encima de Uruguay (1,3 %), Chile (7,3 %) y Colombia (9,7 %) (Banco Mundial, 2026). Esa serie desciende linealmente tres puntos cada dos años entre 2000 y 2018, lo que indica que fue interpolada entre pocos puntos de observación; la estimación de este capítulo, anual y con microdatos, es más baja y más informativa sobre la tendencia. Ambas comparten dos límites: la encuesta no capta el uso compartido del baño ni la localización en zonas de riesgo —inundables, en el caso de los bañados de Asunción— y excluye a la población indígena y del Chaco occidental, por lo que deben leerse como cotas inferiores.
9.10Bienestar material y conectividad
La tenencia de bienes durables completa el retrato de la vivienda como espacio de bienestar material. La heladera estaba en el 71,0 % de los hogares en 2003 y está en el 94,7 % en 2025; el lavarropas pasó del 40,1 % al 86,1 %. Dos bienes cuentan historias más específicas. El aire acondicionado, que puede leerse como un indicador de confort térmico —y, con la sustitución de la teja por la chapa, de adaptación a un clima cada vez más caluroso—, pasó del 12,1 % al 67,6 % de los hogares, con un fuerte gradiente social (33,6 % en el primer quintil y 87,9 % en el quinto) y territorial (89,2 % en Asunción, 45,9 % en el área rural). La motocicleta pasó del 12,2 % al 55,1 % de los hogares, y al 70,5 % de los rurales, transformando la movilidad cotidiana con consecuencias de seguridad vial que trata el capítulo de transporte de este estudio. El teléfono fijo, en cambio, prácticamente desapareció (del 17,4 % al 0,8 %).

Fuente: INE, EPH 2003–2016 y EPHC 2017–2025, microdatos con factor revisión 2025; elaboración Observatorio Económico UC (script viv_07_activos.py). Ruptura de la serie de internet en 2013/2014.
La inclusión digital avanzó por el teléfono móvil antes que por la computadora. El celular llegó al 86,0 % de los hogares en 2008 y al 97,4 % en 2025. El internet en el hogar —desde 2014, por cualquier medio— alcanzó al 25,5 % de los hogares en 2014, al 39,9 % en 2020 y al 70,3 % en 2025, con una aceleración visible desde la pandemia; el 92,5 % de los hogares con internet tiene conexión fija o inalámbrica (cable o wifi). Pero la computadora se estancó: estaba en el 32,8 % de los hogares en 2013 y está en el 28,9 % en 2025. La brecha digital es, en 2025, sobre todo una brecha de equipamiento y de territorio: el 36,5 % de los hogares del primer quintil tiene internet, pero sólo el 4,7 % tiene computadora (55,9 % en el quinto quintil); en el área rural el internet llega al 42,4 % de los hogares, y en San Pedro (45,4 %) y Paraguarí (45,5 %) a menos de la mitad, frente al 90,0 % de Asunción. Para la educación a distancia, el teletrabajo o la gestión de trámites complejos, el teléfono no sustituye a la computadora, y esa es la brecha que la expansión de la conectividad no cerró. En términos de usuarios individuales, la UIT estima que el 81,6 % de la población paraguaya usó internet en 2024, igual al promedio regional (81,7 %) (Banco Mundial, 2026).
9.11Paraguay en la región y la política habitacional
9.11.1La posición relativa
El Cuadro 9.11 y el Gráfico 9.12 sitúan a Paraguay frente a ocho países de Sudamérica y al promedio regional. El país está a la par o por encima de la región en acceso básico: agua al menos básica (99,6 %), saneamiento al menos básico (95,9 %), electricidad (99,8 %) y usuarios de internet (81,6 %). Está por debajo en calidad: el agua gestionada de forma segura (64,4 %) es 15 puntos inferior al promedio regional. Y es el último de los nueve países en cocina limpia (71,3 % según la OMS, frente a 89,2 % en la región) y el primero, con gran distancia, en mortalidad atribuible a la contaminación del aire doméstico según las estimaciones modeladas de la OMS (Cuadro 9.6). El patrón es coherente con todo lo anterior: Paraguay resolvió la infraestructura de acceso, pero no la calidad de los servicios ni la transición energética de la cocina, y en ambos frentes el costo es sanitario.

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators (JMP OMS/UNICEF y OMS), y OMS, Global Health Observatory (AIR_52), consultas del 3 de octubre de 2026; elaboración Observatorio Económico UC (script viv_08_comparativo.py).
| País | Agua básica (2024) | Agua segura (2024) | Saneamiento básico (2024) | Saneamiento seguro (2024) | Cocina limpia (2023) | Tugurios urbanos (2022) | Muertes por aire doméstico (2021)¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraguay | 99,6 | 64,4 | 95,9 | 58,5 | 71,3 | 15,1 | 42,1 |
| Argentina | 99,0 (2016) | — | 94,8 (2016) | 48,5 (2016) | 99,9 | 14,5 | 0,2 |
| Bolivia | 93,4 | — | 71,6 | — | 90,6 | 46,6 | 17,6 |
| Brasil | 100,0 | 88,6 | 92,4 | 55,0 | 96,5 | 14,9 | 5,1 |
| Chile | 99,1 | 97,8 | 100,0 | 95,1 | 100,0 | 7,3 | 0,0 |
| Colombia | 97,1 | 74,3 | 96,6 | 18,7 | 91,8 | 9,7 | 12,5 |
| Ecuador | 92,1 | 69,9 | 91,2 | 49,3 | 94,7 | 57,8 | 7,8 |
| Perú | 95,6 | 49,4 | 78,8 | 56,5 | 91,8 | 45,1 | 13,0 |
| Uruguay | 99,6 | — | 99,2 | — | 100,0 | 1,3 | 0,0 |
| América Latina y el Caribe | 97,6 | 79,0 | 90,3 | 51,2 | 89,2 | 18,9 | 9,2² |
Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators (SH.H2O.BASW.ZS, SH.H2O.SMDW.ZS, SH.STA.BASS.ZS, SH.STA.SMSS.ZS, EG.CFT.ACCS.ZS, EN.POP.SLUM.UR.ZS) y OMS, GHO (AIR_52); tablas/viv_wdi_extra.csv y viv_comparativo_ultimo.csv. % de la población salvo indicación. ¹ Tasa estandarizada por edad por 100.000 habitantes; estimación modelada de la OMS (intervalo de Paraguay: 34,5–51,0; los de los demás países no figuran en la descarga utilizada). ² Región de las Américas de la OMS (incluye Estados Unidos y Canadá).
9.11.2La política habitacional
La institucionalidad del sector se reorganizó en el período. La Ley N.º 6152/2018 elevó la antigua Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) a Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (CEPAL, s. f.-a), y por el Decreto N.º 1110 del 26 de enero de 2024 se aprobó la Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, con un horizonte de veinte años y tres ejes —gobernanza e institucionalidad, planificación y diseño, y financiamiento—, elaborada con apoyo de ONU-Hábitat (CEPAL, s. f.-b; Bertrán Sisa et al., 2024). El instrumento central de la política social de vivienda ha sido el subsidio habitacional: en 2023 el MUVH ejecutó Gs. 724.318 millones (91 % de su presupuesto), de los cuales Gs. 587.951 millones correspondieron a subsidios, y concluyó 6.152 soluciones habitacionales según su balance de gestión citado por Bertrán Sisa et al. (2024). Para el período 2023–2025 el ministerio informa 43 mil soluciones gestionadas y 28 mil entregadas, cifras autodeclaradas que no fue posible contrastar con registros administrativos (La Nación, 2026a).
Desde 2024 la novedad es el crédito hipotecario de largo plazo con tasa preferencial. El programa Che Róga Porã ofrece préstamos a 30 años al 6,5 % en guaraníes para familias con ingresos de uno a seis salarios mínimos, financiado inicialmente con un crédito de US$ 200 millones de la República de China (Taiwán); a julio de 2026 registraba más de 6.000 créditos preaprobados y alrededor de 5.000 operaciones aprobadas en desembolso, y una versión para ingresos de seis a nueve salarios mínimos al 9,9 % (La Nación, 2026a, 2026c). Se anunció además un programa de mejoramiento de viviendas para 2026 —construcción de unidades sanitarias, dormitorios adicionales o cocinas, reparación de techos y pisos e instalaciones— (La Nación, 2026b), y el BID financia un programa de mejoramiento con unos 3.400 subsidios (La Nación, 2024b).
Los resultados de este capítulo permiten evaluar la orientación de esa política frente al diagnóstico. El crédito hipotecario responde a una demanda real y creciente —la de los hogares jóvenes urbanos que alquilan—, pero su población objetivo es, por diseño, la que puede pagar una cuota, y no los hogares del primer y segundo quintil, donde se concentran el hacinamiento, el saneamiento no mejorado y la sobrecarga del alquiler. El programa de mejoramiento apunta, en cambio, a la estructura del déficit que este capítulo documenta: con la variante A, el 97 % del déficit es cualitativo y su componente principal es la falta de baño con arrastre de agua. La agenda que ninguno de los dos instrumentos cubre es la de las redes: alcantarillado sanitario, vaciado y tratamiento de los lodos de las cámaras sépticas, y calidad del agua distribuida por un sistema de prestadores fragmentado entre ESSAP, juntas de saneamiento y operadores privados. El gasto público en vivienda, estimado en 0,19 % del PIB en 2020 frente al 0,59 % de América Latina según una columna que difundió esas cifras (Rojas Viñales, 2024), es además bajo para la escala del problema; el dato no pudo verificarse en la fuente primaria y debe tomarse como orden de magnitud.
9.12Síntesis de brechas e implicaciones
El Cuadro 9.12 resume la situación de cada elemento de la vivienda adecuada en 2025, su evolución y la brecha principal.
| Elemento | Situación 2025 | Evolución 2003–2025 | Brecha principal | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| Habitabilidad (materiales) | Piso de tierra 3,4 %; techo precario 0,2 % | Fuerte mejora | Rural (8,0 %) y Q1 (10,7 %) en piso de tierra | Media |
| Habitabilidad (espacio) | Más de 3 por dormitorio 4,9 %; más de 2, 17,4 % | Mejora por menor tamaño del hogar | Q1: 16,1 % y 40,7 % (10,2 % y 27,7 % con ingreso equivalente); caída más lenta desde 2019 | Alta |
| Servicios: agua | Red 87,2 %; mejorada 99,3 % | Fuerte mejora del acceso | Calidad: agua segura 64,4 % (JMP); 26,2 % bebe agua embotellada | Alta |
| Servicios: saneamiento | Arrastre 93,4 %; red cloacal 11,0 % | Mejora del acceso; alcantarillado estancado | Pozos ciegos (19,1 % de la población) y vaciado; rural no mejorado 10,2 % | Alta |
| Servicios: energía para cocinar | Leña o carbón 15,7 % (rural 35,6 %) | Fuerte caída; electrificación de la cocina (33,4 %) | Q1 rural 57,5 %; mayor mortalidad por aire doméstico de la región | Muy alta |
| Servicios: residuos | Recolección 67,4 % | Mejora urbana | Rural 19,7 %; 65,6 % de los rurales quema | Media |
| Servicios: conectividad | Internet 70,3 %; computadora 28,9 % | Fuerte mejora del acceso | Rural 42,4 %; computadora en Q1 4,7 % | Media |
| Tenencia | Insegura ampliada 5,6 % | Estable | Terreno fiscal en Asunción (17,9 %) y Ñeembucú (19,1 %); asentamientos del AMA | Media |
| Gastos soportables | 20,2 % de inquilinos con carga > 30 % del ingreso monetario | Deterioro | Q1: 42,3 % (IC 95 %: 34–50) | Alta |
| Accesibilidad | Sin medición | — | Laguna estadística | Información |
| Ubicación | Sin medición de riesgo | — | Zonas inundables; distancia a servicios | Información |
| Adecuación cultural | Sin medición | — | Población indígena fuera de la EPHC | Información |
Fuente: elaboración propia con base en las secciones 9.3 a 9.11.
Cinco conclusiones ordenan la agenda. Primera: la vivienda paraguaya mejoró de manera sustantiva en sus dimensiones materiales y de acceso, y la mejora fue progresiva, mayor en el campo y en los hogares pobres. La reducción del déficit habitacional del 50 % al 13 % de los hogares con una norma mínima (variante A) y una metodología constante es uno de los avances sociales más importantes del período y merece reconocerse como tal; con la norma alta (variante B) el déficit es mayor, pero también cae. Segunda: la frontera ya no es el acceso sino la calidad. El agua llega, pero casi la mitad de la población la bebía contaminada en 2016 y uno de cada cuatro hogares paga por agua embotellada; el inodoro existe, pero descarga en pozos que nunca se vacían; la electricidad es universal, pero un tercio de los hogares rurales sigue cocinando con leña. La política del próximo decenio debería medirse con los peldaños «gestionados de forma segura» y no con los de acceso. Tercera: la cocina con biomasa es la carencia de vivienda con mayor costo sanitario, y Paraguay tiene una ventaja que pocos países tienen para resolverla: electricidad abundante y una transición espontánea hacia la cocina eléctrica que ya alcanza a un tercio de los hogares sin gradiente de ingreso. Una estrategia que acelere esa transición en el primer quintil rural —equipamiento, tarifas, confiabilidad del suministro— tendría un retorno sanitario directo. Cuarta: el déficit es cualitativo y su resolución requiere mejoramiento y redes, no sólo construcción nueva; la reorientación hacia programas de mejoramiento es coherente con el diagnóstico, pero el saneamiento por red y la gestión de lodos no tienen todavía un instrumento a la escala del problema. Quinta: emerge una nueva cuestión habitacional urbana, la del alquiler. Un tercio de los hogares jóvenes alquila y la sobrecarga crece, sobre todo en el primer quintil; el crédito hipotecario subsidiado atiende a quienes pueden endeudarse, y no hay todavía una política de alquiler social ni de regulación del mercado de alquiler.
Por último, una agenda estadística. Paraguay necesita una metodología oficial y publicada de déficit habitacional, con al menos dos normas y actualización anual; una medición periódica de la calidad del agua en la EPHC o en una encuesta de salud ambiental; preguntas sobre el uso compartido y el vaciado de las instalaciones sanitarias; y una cobertura de la población indígena y del Chaco que permita medir los tres elementos de la vivienda adecuada —accesibilidad, ubicación y adecuación cultural— que hoy no tienen ningún indicador.
Referencias del capítulo
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- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (s. f.-b). Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat del Paraguay. En Plataforma Urbana y de Ciudades de América Latina y el Caribe. https://plataformaurbana.cepal.org/es/pnu/politica-nacional-de-urbanismo-vivienda-y-habitat-del-paraguay
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- Rojas Viñales, A. (2024, 11 de febrero). Vivienda y servicios básicos en Paraguay. Última Hora. https://www.ultimahora.com/vivienda-y-servicios-basicos-en-paraguay
- Última Hora. (2024, 20 de noviembre). ¿Cuáles fueron las necesidades básicas más insatisfechas en Paraguay en los últimos 40 años? https://www.ultimahora.com/cuales-fueron-las-necesidades-basicas-mas-insatisfechas-en-paraguay-en-los-ultimos-40-anos