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— Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas Observatorio Económico Carrera de Economía · Asunción, Paraguay

Historia económica del Paraguay · Eligio Ayala, 1879-1930 · Parte 10 de 22

Entre el 27 de mayo de 1922 y el 13 de agosto de 1923 el Paraguay vivió una guerra civil que Eligio Ayala pagó primero como ministro de Hacienda y terminó como presidente provisorio. Esta página reconstruye, sobre los decretos del Registro Oficial de 1923, qué la causó, cuánto costó y cómo se financió, y separa lo que está documentado de lo que la tradición repite. La pregunta de fondo es qué otra cosa podía haberse hecho, con las cifras que permiten medirlo.

Observatorio Económico · FCCAE-UC · Octubre de 2026

En síntesis

  • La guerra duró 443 días, del 27-V-1922 al 13-VIII-1923, según dos actos fechados del propio gobierno. Eligio Ayala fue ministro de Hacienda durante los diez primeros meses y medio y presidente provisorio durante los cuatro últimos.
  • El gobierno imputó la revuelta a tres comandantes de Zona Militar y a cincuenta jefes y oficiales con nombre y grado, sin nombrar a un solo civil. Que Eduardo Schaerer la financiara no está documentado.
  • La causa financiera que los documentos prueban es un Estado insolvente: 9 de los 16 millones de pesos de deuda flotante de la víspera (56,25 %) eran sueldos atrasados.
  • El gasto de guerra identificable en el Registro Oficial de 1923 es de unos 10 millones de pesos de curso legal, y es un piso: 55 de los 76 actos de excepción ratificados por la Ley N° 604 (72,4 %) son de 1922 y no están publicados.
  • Casi la mitad del gasto en moneda nacional fue comida (49,4 %); un solo proveedor, Manuel J. Uriarte, recibió el 39,5 % (el 31,1 % si se descuentan las partidas que no invocan la guerra).
  • Como presidente, Eligio Ayala escribió una doctrina del gasto sin Congreso: invocar la norma que habilita, explicitar su límite, declarar la reserva y rendir cuentas después.
  • La guerra se financió con mora a los acreedores más débiles del Estado y se canceló con un recorte de 11.929.954,76 pesos; la emisión estaba disponible y no se usó.
  • Se liquidó sin amnistía: seis leyes en tres semanas de diciembre de 1923, ninguna de perdón.

El año de la bisagra

La guerra civil paraguaya de 1922-1923 duró, según los dos actos fechados del gobierno que la ganó, catorce meses y diecisiete días: 443 días, del 27 de mayo de 1922 al 13 de agosto de 1923. Ese último día el Decreto N° 16.445 la dio por concluida con una fórmula que vale como epitafio oficial: «Habiendo terminado la guerra civil provocada por la subversión militar del 27 de Mayo de 1922, con la completa derrota y dispersión de los facciosos…». Eligio Ayala fue ministro de Hacienda durante los diez primeros meses y medio y presidente provisorio durante los cuatro últimos. Esta página hace cuatro cosas: reconstruye qué causó la guerra según lo que los documentos prueban y no según lo que la tradición repite; sigue el papel que Eligio Ayala tuvo en ella, que fue el de pagarla; cuenta lo que costó y cómo se pagó, acto por acto, con los decretos del Registro Oficial; y pregunta qué otra cosa podía haberse hecho, con las cifras que permiten medirlo.

Dos advertencias van primero. La primera: no existe una serie de gasto militar para estos años. El Cuadro 7 de Juan Carlos Herken Krauer, que es la base estadística de las finanzas públicas del período, no tiene desglose funcional: no hay línea de Guerra y Marina, no hay cañoneros, no hay fortines. Lo que sigue no es una contabilidad sino el inventario de los actos de gasto que el tomo de 1923 del Registro Oficial publica, con sus importes y su localización. Es mucho más de lo que había y bastante menos que una medición.

La segunda: falta el tomo de 1922. La Ley N° 604, que el Congreso sancionó en diciembre de 1923 para ratificar el gobierno de excepción, enumera setenta y seis actos de gasto extraordinario; cincuenta y cinco son de 1922 y no están publicados en el tomo de 1923. El 72,4 % del gobierno financiero de la guerra (55 sobre 76) es invisible desde aquí. Toda cifra de costo que se dé en esta página es, por tanto, un piso y no un total.

Hay una tercera precaución, de orden material. El Diario Oficial de 1923 salía con meses de retraso, y su propia cabecera lo confesaba número tras número: «no siendo posible aún editarlo diariamente, por falta de maquinarias en la Imprenta Nacional». Un decreto del 31 de octubre podía publicarse el 12 de diciembre. Todas las fechas que siguen son las del acto, no las de su publicación. Y una regla de lectura que gobierna toda la página: hasta el 11 de abril de 1923 el presidente provisorio era Eusebio Ayala, de modo que la firma presidencial «AYALA», sola, que el Registro imprime al pie de los decretos de esos meses es siempre la de Eusebio; la de Eligio aparece entonces únicamente en la lista de refrendos ministeriales, como «Eligio Ayala», ministro de Hacienda. La parte 11 de esta serie explica cómo se prueba esa distinción.

Lo que el gobierno declaró como causa

El Registro Oficial no ofrece una causa en sentido historiográfico, pero ofrece algo que a estos efectos vale más: la imputación oficial de responsabilidad, escrita por el gobierno que ganó la guerra, en su propio órgano de publicidad y con el refrendo de Eligio Ayala como ministro. Es la pieza de control contra la que hay que medir todo lo demás. El lugar del estallido aparece una sola vez en todo el tomo, y de paso, en el considerando de un ascenso del 17 de julio de 1923, el Decreto N° 16.348: la campaña se libró «contra la sublevación militar estallada en Paraguarí el 27 de Mayo de 1922». Los otros veinte lugares del Registro que mencionan el estallido dan la fecha y no el sitio.

La imputación nominal está en el Decreto N° 15.681 del 5 de febrero de 1923, que separa del Ejército, uno por uno y con nombre y grado, a los jefes y oficiales sublevados. Su encabezamiento fija la estructura del alzamiento: se habían sublevado «las Unidades del Ejército Permanente que constituían las Zonas Militares I, II y IV, al mando de sus respectivos Comandantes, Teniente Coronel Francisco Brizuela y Coroneles Adolfo V. Chirife y Pedro A. Mendoza, con fecha 27 de Mayo del año ppdo.». Los considerandos establecen que todos ellos «han cometido el delito de revuelta, definido y castigado por el Código Penal Militar»; que el delito «ha causado y está causando inmensos daños al país, habiéndose convertido los revoltosos en bandas de salteadores de la propiedad privada»; que «a causa de la revuelta se han desorganizado los Tribunales Militares»; y que los jefes y oficiales revoltosos «se han puesto voluntariamente fuera del Ejército, sustrayéndose a las órdenes del Gobierno y amenazándole con las fuerzas y las armas en su poder».

La lista del artículo 1 comprende dos coroneles, un teniente coronel, nueve mayores, un sub-intendente, un cirujano de zona, once capitanes, un cirujano primero, siete tenientes primeros, nueve tenientes segundos, un guardiamarina, cuatro oficiales de administración, un armero y dos farmacéuticos: cincuenta en total, según la cuenta hecha sobre la enumeración del decreto. El artículo 3 añade el detalle administrativo que lo convierte en un acta de guerra: «la separación a que se refiere el presente Decreto se anotará en el Legajo personal con fecha 27 de Mayo del año ppdo.». Es decir, retroactivamente al día del alzamiento. El decreto lleva los refrendos de Rogelio Ibarra, Eligio Ayala, Eliseo Da Rosa, A. Arce y M. Schenoni L.: todo el gabinete de Eusebio Ayala.

Lo que el Decreto N° 15.681 dice y lo que no dice

  • Dice quiénes: tres comandantes de Zona Militar —Brizuela, Chirife y Mendoza— y cincuenta jefes y oficiales nominados, con grado y arma.
  • Dice con qué figura jurídica: «el delito de revuelta, definido y castigado por el Código Penal Militar». Es un delito militar, no una conspiración civil.
  • Dice qué daño económico imputa: que los sublevados se convirtieron «en bandas de salteadores de la propiedad privada». Aparecen como depredadores de intereses económicos, no como sus mandatarios.
  • No nombra a un solo civil. Ni a Eduardo Schaerer ni a ningún otro político; ni una empresa, ni un banco, ni una casa comercial, ni un ferrocarril, ni un consignatario.
  • Eso no prueba que no hubiera financistas civiles. Prueba que el gobierno que ganó la guerra no los imputó en el Registro Oficial, ni en febrero de 1923 ni después; y, como se verá, en diciembre de ese año el Congreso creó por ley la categoría de «autor moral» de la rebelión y tampoco puso a nadie dentro.

Las causas financieras documentadas: un Estado que no pagaba sueldos

Conviene separar dos cosas que la pregunta por las causas suele juntar: la crisis financiera como causa de la revolución y el financiamiento de la revolución por intereses de negocios. Las fuentes documentan la primera con abundancia y la segunda casi nada. La tesis causal de Herken Krauer es explícita y macroeconómica. En el capítulo que escribió para el volumen de CADEP de 2011, al periodizar el crecimiento paraguayo en tres ciclos, escribe: «El colapso de los precios de materias primas, y de la demanda mundial de posguerra, tuvo un impacto inmediato y duro en el Paraguay. La revolución de 1922/23 se encontraba en clara relación con la crisis comercial y financiera que emergió en el país. Pero la imposición de una singular estabilidad política que caracterizó a la década de 1920 significó un corte claro con el pasado, generándose el tercer ciclo.» Es una tesis de causalidad —crisis, luego revuelta—, no de patrocinio. Herken no dice quién pagó, y hay que citarlo por lo que dice sin extenderlo.

El mismo autor, además, ofrece en otra obra relaciones distintas, y la divergencia se declara sin resolverla. En La política económica durante la era liberal la guerra no es consecuencia de la crisis sino un término que se le suma: «la deflación que acompaña al fin de la Primera Guerra Mundial causará estragos en Paraguay, con una fuerte crisis bancaria que destruye el ahorro de miles de ahorristas, el cierre de los frigoríficos de la carne y una abrupta caída en la actividad económica. A ello se sumará la conflagración civil de 1922/23». Y en otro lugar de la misma obra la relación se invierte y la guerra es causa del déficit: el Estado «seguía con un déficit de proporciones considerables en sus recursos ordinarios, que sería agravado por los gastos de las insurrecciones de 1922/23». Son tres relaciones causales en un solo autor —de la crisis a la revolución, crisis y revolución concurrentes, de la revolución al déficit— y se citan por separado, sin construir con ellas una tesis única.

El mecanismo concreto, en cambio, está documentado por dos vías independientes que coinciden. La primera es el mensaje del presidente provisional José P. Montero, de la antesala del conflicto, que Herken transcribe de la serie de Mensajes Presidenciales (cita de segunda mano, porque esa serie no se ha consultado directamente):

«Dentro de la situación financiera, no del todo halagüeña sin ser tampoco desesperante, pues la deuda interna flotante del Gobierno no excede de $16.000.000 de curso legal, el renglón que más urge cubrir es, sin duda alguna, el que representa los sueldos atrasados del personal de la administración en una suma de 9.000.000 de curso legal incluso lo debido por jubilaciones y pensiones.»

— José P. Montero, presidente provisional, mensaje presidencial, citado por Herken Krauer

La cuenta es inmediata: 9.000.000 sobre 16.000.000 es el 56,25 %. Más de la mitad de la deuda interna flotante del Estado paraguayo, en la víspera de la guerra, eran sueldos que no se habían pagado. Eso convierte la expresión «crisis fiscal» en un mecanismo político concreto: un Estado que no paga a sus funcionarios ni a sus militares.

La segunda vía es el Registro Oficial, y confirma lo anterior desde el otro extremo. Dos decretos de enero de 1923 rehacen, con año y medio de retraso, las planillas de sueldos que la guerra había interrumpido. El primero, el N° 15.527 del 5 de enero, por 209.418 pesos de curso legal y refrendado por Eligio Ayala como ministro, dice cuándo se interrumpieron: «Habiéndose suspendido la liquidación de las planillas ordinarias de sueldos del personal de Jefaturas Políticas, Comisarías de Campaña y Policías Volantes, desde Mayo del año p.pdo., a causa de la subversión estallada el mismo mes, y siendo necesario proceder a la pronta reorganización de las autoridades, así como atender en lo posible el pago al personal que desde entonces viene prestando sus servicios».

El segundo, el N° 15.573 del 13 de enero, por la misma suma y ahora por los meses de junio a diciembre de 1922, amplía el alcance a clases y soldados de las policías de campaña y anula expresamente al primero: en su artículo 2, «queda sin efecto el decreto N. 15.527». La suma es una sola y no dos; quien sume ambos decretos duplica la erogación, y la Ley N° 604 ratifica el 15.573 y no el 15.527.

Ese segundo decreto, al explicar por qué no podían formularse las planillas, revela un hecho político de primer orden: «no siendo posible formular planillas del personal de las mismas a consecuencia del carácter de encargados interinos de las Jefaturas atribuido a las personas designadas para desempeñarlas por las fuerzas militares en campaña o comisionados especiales del Gobierno, y habiendo sido movilizados o disueltos los clases y tropas de policía de casi todos los puntos de la República». Dos hechos quedan así probados. El primero: los sueldos del aparato policial y político del interior estuvieron suspendidos desde el mes mismo del estallido. El segundo, dicho de paso en un decreto de imputación presupuestaria: durante la guerra las Jefaturas Políticas de casi todo el país fueron ocupadas por designación militar y la policía de campaña fue movilizada o disuelta. El Estado civil del interior dejó de existir como tal, y lo dice el propio Ministerio del Interior.

La corroboración externa añade el eslabón militar, y es la pieza más débil del conjunto. La única monografía específica sobre la guerra, La guerra civil de 1922 de Ricardo Caballero Aquino (2013), describe la víspera en una frase: «los funcionarios públicos incluyendo los militares hacía medio año que no cobraban sus salarios». Hay que ser exacto sobre el reparto de la prueba. La insolvencia del Estado y el impago masivo a su administración civil están documentados por dos fuentes de naturaleza distinta y convergentes: el mensaje de Montero y los decretos de enero de 1923.

Que entre los impagos de la víspera estuvieran los militares lo dice una sola fuente, secundaria y sin notas verificables al punto, y así queda escrito; la pieza que falta la darían el Registro Oficial de 1922 o la Memoria de Hacienda del ejercicio 1921/22. Lo que el Registro sí prueba, con sus propios actos, es que los sueldos de los movilizados de diciembre de 1922 y de los reservistas en campaña se pagaron con meses de retraso, en enero y marzo de 1923. El impago militar está documentado dentro de la guerra, no antes. Ésa es la causa financiera que puede escribirse, y no es un patrocinio de negocios: es un Estado insolvente.

«Siete revoluciones»: una frase sin origen

Circula una frase de Eligio Ayala sobre la quiebra del Banco Mercantil de 1920 que sería la formulación más económica posible de esta historia, y que no puede citarse con número. Las versiones no coinciden: - Alfredo M. Seiferheld (1983): «Ayala dijo que esto equivalía a 7 revoluciones». - Un manuscrito inédito: «más potente que cinco revoluciones». - Caballero Aquino (2013): «peor que diez revoluciones».

Ninguna de las tres indica de dónde sale, y la búsqueda en las tres obras que sí leyeron los Diarios de Sesiones de 1920 —Ashwell, Herken y Velilla Laconich— da negativo explícito. La divergencia no se promedia: la frase queda registrada como una cita de segunda mano con tres números incompatibles y no se usa como dato. Si alguna versión conservara algo de lo dicho, la figura de pensamiento sería medir el daño financiero en unidades de revolución, invirtiendo la causalidad corriente; pero esa lectura es una inferencia sobre una frase inutilizable, y así se marca.

La premisa Schaerer, puesta a prueba

La tradición atribuye la revolución de 1922 a Eduardo Schaerer, presidente de la República entre 1912 y 1916, y en su versión fuerte afirma que la organizó financieramente y que representaba intereses de negocios. Las dos mitades de esa afirmación pueden verificarse por separado. El resultado es negativo para la primera y está fechado en otra década para la segunda, y hay que decirlo con todas las letras.

La evidencia a favor es breve y se inventaría completa: son tres piezas. La primera es una nota al pie de un manuscrito inédito reciente, sin referencia de ninguna clase, que dice que Estigarribia «había encabezado la resistencia militar que se defendía contra el golpe promovido por Eduardo Schaerer y el coronel Adolfo Chirife»: dice «promovido», no «financiado». La segunda es una nota de prensa del centenario, de Pedro Gamarra Doldán en El Nacional (2022), que afirma sin citar fuente que «Schaerer, desde Buenos Aires, enviaba armas, vía Encarnación»: es suministro material, no organización financiera, y es la afirmación más próxima a la premisa que la búsqueda encontró.

La tercera es la monografía de Caballero Aquino, que presenta a Schaerer como agitador político —«se puso a maniobrar para retornar» al poder, uno de «dos claros villanos» junto con Chirife— y no como quien inició la sublevación ni como quien la pagó. La prensa derivada de esa obra le atribuye un móvil estrictamente electoral: «Schaerer quería un monigote en la presidencia hasta 1924, año en que, constitucionalmente, él podía volver a presentarse a elecciones».

Cinco razones por las que la premisa no se sostiene

  • El Registro Oficial de 1923 no nombra a Schaerer ni una vez en relación con la guerra. La palabra aparece una sola vez en las 142.233 líneas del tomo, en una nota de despacho «sobre el pasaje del señor Eduardo Schaerer a Encarna-»: un pasaje de barco. El mismo tomo que separa nominalmente a cincuenta militares, que crea por ley la categoría de «autor moral» de la rebelión y que excluye de toda reparación a los «acusados o sindicados» de participar en ella nunca escribe su nombre. Un gobierno con prueba del financiamiento tenía el instrumento legal, la imprenta oficial y el incentivo político para decirlo. No lo dijo.
  • La única coalición de intereses económicos documentada con aparato archivístico es la de 1912, y en ella Schaerer es el receptor del dinero, no el organizador. Trasladar esa evidencia a 1922 sería un anacronismo.
  • Herken Krauer, que es quien tiene el modelo de las coaliciones de intereses, no lo aplica a 1922-1923. En los cinco lugares de su obra donde menciona el episodio lo llama «las revueltas de 1922/23», «la inestabilidad política y militar de 1922/23», «los gastos de las insurrecciones de 1922/23», «la conflagración civil de 1922/23» y «la revolución de 1922/23». En ninguno hay coalición, sindicato, inversor, empresario, ferrocarril ni financista.
  • La atribución de época hecha por la voz más próxima al gobierno vencedor no es a Schaerer. Gustavo A. Riart, hijo de Luis A. Riart —ministro de Hacienda de Eligio Ayala en 1923 y su sucesor en la presidencia provisional—, enumera las revoluciones paraguayas y llama a ésta «la de Chirife en 1922 con apoyo de los colorados».
  • La divulgación enciclopédica, que vale sólo como indicio del estado de la cuestión, tampoco menciona intereses económicos ni financiamiento empresarial: sitúa el inicio en «la sublevación de varios jefes militares del interior del país, apoyados por una facción del Partido Liberal» y describe a Schaerer como el «fundamento ideológico» de la facción, que «no comandó fuerzas directamente».

El veredicto, dicho sin rodeos, tiene tres partes. Primera: que Eduardo Schaerer organizara financieramente la revolución de 1922 no está documentado. No hay una sola pieza, ni primaria ni académica con aparato crítico, que afirme que aportó o consiguió dinero para la sublevación; lo más próximo es una frase de prensa sin fuente y una nota al pie sin referencia que dice «promovido». Si se escribe, debe escribirse como hipótesis explícitamente no verificada. Segunda: que representara intereses de negocios está documentado para 1912 y no para 1922. Tercera, y vale más que la premisa: lo que sí está documentado es que el gobierno imputó la revolución a tres comandantes de Zona Militar y cincuenta oficiales nominalmente; que el estallido fue en Paraguarí el 27 de mayo de 1922; que el móvil que la erudición y la prensa atribuyen a Schaerer es electoral y partidario y no de negocios; y que la causa financiera medible no está del lado del patrocinio sino del de un Estado que llevaba medio año sin pagar sueldos.

Queda dicho dónde está la prueba que zanjaría la cuestión, porque el vacío es lo bastante grande para nombrarlo. Si la legación británica informaba cada año, con el detalle que se verá enseguida, sobre quién pagaba las revoluciones paraguayas, entonces los informes políticos anuales de 1922, 1923 y 1924 de la misma serie son el lugar exacto donde la premisa se confirmaría o se derrumbaría: The National Archives de Kew, serie FO 371, correspondencia política general sobre el Paraguay, y complementariamente la serie FO 118 de correspondencia consular. En paralelo, y por el mismo razonamiento, los despachos del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el Paraguay de 1922-1923, serie decimal 834.00 del grupo RG 59 de los Archivos Nacionales norteamericanos. Mientras eso no se consulte, la premisa no puede escribirse como hecho.

El marco teórico y su perímetro exacto

La literatura sobre financiamiento empresarial de revoluciones en el Paraguay existe, es excelente y es de otra década. Conviene exponerla entera por dos razones: porque es el modelo probatorio contra el cual medir cualquier afirmación sobre 1922, y porque explica cómo pudo nacer la premisa examinada. El modelo es de Herken Krauer y tiene nombre. Al describir el ciclo 1910-1912 escribe: «Entre 1910 y 1912 el Paraguay vive uno de sus más extensos y confusos periodos de inestabilidad política e insurrección armada, con sucesivos gobiernos transitorios y complots, en los que diversas facciones políticas se combinan con grupos económicos y los intereses de Argentina y Brasil».

Herken añade que su trabajo se ha ocupado «de desmenuzar la existencia de una vasta coalición de intereses económicos y políticos, que finalmente darían el triunfo al grupo radical dentro del Partido Liberal». El aparato es su propia obra Ferrocarriles, Conspiraciones y Negocios, publicada en Asunción en 1984, que se cita con dos títulos y dos rangos de años distintos —1910-1912 y 1910-1914—; la divergencia sólo la resolverá la portada.

Pero el perímetro cronológico del modelo es 1910-1912, y la única frase que lo enlaza con 1922 es de secuencia y no de causalidad: el período schaeriano inauguró «un periodo de relativa estabilidad política, que desembocaría en las revueltas de 1922/23». Dice que aquella estabilidad desembocó en las revueltas; no dice que las revueltas tuvieran una coalición detrás. Atribuirle una coalición de intereses para 1922 sería ponerle en la boca lo que no dijo. El documento que sostiene el modelo, en cambio, es magnífico, y fija el estándar de prueba. Es el informe político anual del cónsul británico Oliver al Foreign Office sobre el Paraguay de 1912, fechado en Buenos Aires el 27 de enero de 1913 y conservado en la serie FO 371/1705:

«Debe ser remarcado que el serio carácter de la revolución radical fue debido a la asistencia financiera otorgada por un grupo de personas en Buenos Aires. El líder de este grupo fue el Sr. Manuel Rodríguez, Presidente de la Paraguay Central Railway Company, una corporación británica, y representante en la República Argentina de los intereses de Farquhar, y los adherentes fueron capitalistas argentinos y de otras nacionalidades que poseen tierras u otros intereses en el Paraguay. Este sindicato parece haber adelantado cerca de £350.000 a Schaerer, Gondra y el resto, con el objetivo de establecer un gobierno receptivo a sus influencias.»

— Cónsul Oliver a Sir Edward Grey, informe político anual sobre el Paraguay de 1912, 27 de enero de 1913

El despacho continúa: «Se puede creer con confianza que los mismos no están interesados en el establecimiento de un buen gobierno per se, pero sin duda alguna calcularon que con la ayuda del grupo a quienes virtualmente ubicaron en el poder, estarán en condiciones de desarrollar los negocios industriales y otros especulativos en los que se embarcaron.» Hay que ser exacto sobre lo que este documento prueba. Nombra al sindicato, al líder —Manuel Rodríguez, presidente de la Paraguay Central Railway Company—, a los adherentes, la cifra —cerca de 350.000 libras— y a los receptores: «Schaerer, Gondra y el resto».

El despacho se refiere a 1912, y en él Schaerer es receptor de financiamiento revolucionario, no organizador: lo contrario, en estructura, de la premisa de la tradición. La única vez que las fuentes documentan a Schaerer junto a dinero de revolución, Schaerer está del lado que recibe, y diez años antes. El uso legítimo de la pieza es uno solo, y valioso: para 1912 existe un despacho consular que nombra sindicato, líder, empresa, cifra y receptores; para 1922 no existe nada comparable. Es una afirmación documentada sobre el estado de la evidencia, y vale más que una conjetura.

Queda otro marco, y corre en dirección contraria a la que la pregunta supone. Paul H. Lewis no sostiene que los intereses económicos causen revoluciones, sino que la inestabilidad política impide la estabilidad monetaria: «la gran mayoría de los gobiernos en Paraguay ascendió al poder ilegalmente, se mantuvo en él a través del fraude y la coerción, y acabó de manera violenta», de donde «con esta estructura de inestabilidad y fragilidad, es imposible el pretender haber contado con una trayectoria de estabilidad monetaria y financiera, que pudiera ser arquitectura básica del progreso económico». Es el marco que sirve para el costo de esta guerra, no para su causa, y conviene no confundirlos. Dos autores que la pregunta esperaría encontrar no aportan nada: Carlos Pastore, cuyos trabajos citados versan siempre sobre tierras y latifundio, y Juan Bautista Rivarola Paoli, cuyos trabajos versan siempre sobre moneda y crédito público, no dicen una palabra sobre las causas de 1922. Es un resultado negativo, y es pertinente.

La guerra en su cronología, y las once maneras oficiales de llamarla

El Registro Oficial no publica un solo parte de guerra, pero los considerandos de sus ascensos, bajas y pensiones dejan caer fechas y topónimos. Reunidos, dan una cronología esquelética que es, hasta donde las fuentes permiten ver, la única construida sobre actos del propio Estado. Para la batalla de Kaí Puente, que el Registro no menciona, se recurre a Caballero Aquino.

Cuadro 1. Cronología de la guerra civil según el Registro Oficial y las fuentes externas

Fecha Hecho Procedencia
27-V-1922 Estallido. Se sublevan las Zonas Militares I, II y IV, al mando de Brizuela, Chirife y Mendoza, en Paraguarí Decretos N° 15.681 y 16.348
28-V-1922 Decreto Supremo N° 15.004 de movilización; pedido de estado de sitio al Congreso por treinta días Decretos N° 15.520 y 16.844; Ley N° 604
29-V-1922 Oficiales en disponibilidad se presentan al servicio, entre ellos el mayor José J. Sánchez Decreto N° 15.655
9-VI-1922 Primer ataque a la Capital, rechazado Decreto N° 15.783; lo corrobora la prensa
30-IX-1922 Mueren el mayor de caballería Cristino Torres y el capitán de caballería Pedro Alcántara López, el mismo día. Acción no identificada Decretos N° 15.849 y 15.927
15-XI-1922 Kaí Puente: maniobra envolvente de Estigarribia con 1.500 hombres en 90 km. Decide la guerra Caballero Aquino (2013)
26-XI a 2-XII-1922 Decreto N° 15.413: ascenso de Estigarribia a sargento mayor (fecha acotada; texto no publicado en 1923) Decreto L. N° 575 y Ley N° 604
4-I-1923 Licenciamiento parcial de reservistas, reteniendo los necesarios «para proseguir las operaciones de pacificación» Decreto N° 15.520
24-I-1923 Se suspende el sorteo de la Ley N° 194 y se llaman 2.000 voluntarios de 18 a 20 años Decreto N° 15.632
5-II-1923 Separación del Ejército de los cincuenta jefes y oficiales sublevados Decreto N° 15.681
11 y 12-IV-1923 Eligio Ayala deja el Ministerio de Hacienda y asume la presidencia provisoria Decretos N° 15.976 y 15.978
7, 9 y 10-VII-1923 Segundo ataque a la Capital. Combates en Yuquyry, Campo Grande, Trinidad y la Capital Decreto N° 16.334
9-VII-1923 Incendio del Mercado de Frutos («el incendio de los tabacos») Ley N° 602
14-VII-1923 Estado de sitio en todo el territorio por tres meses Decreto N° 16.339
13-VIII-1923 Declaración oficial del fin de la guerra y licenciamiento general; el mismo día se convoca a elecciones Decretos N° 16.445 y 16.447
29-XII-1923 Prórroga del estado de sitio hasta el 10 de marzo de 1924 Decreto N° 17.215

Fuente: Registro Oficial de la República del Paraguay, 1923, con el número de decreto de cada asiento; para Kaí Puente, Ricardo Caballero Aquino, La guerra civil de 1922 (2013). Las fechas son las del acto, no las de la publicación. El combate del 30 de setiembre de 1922 no aparece en ninguna fuente externa consultada: es una pista limpia para el archivo.

Hay un detalle de nomenclatura que no es trivial, porque dice algo sobre cómo el Estado se entendía a sí mismo: el gobierno nunca fijó un nombre único para la guerra que acababa de ganar. El tomo de 1923 la llama, en once formulaciones distintas y todas oficiales, «la subversión militar del 27 de Mayo de 1922», «la sedición», «la sublevación de las Zonas Militares», «la rebelión militar», «la última rebelión 1922-1923», «la rebelión de 1922/23», «la última guerra civil», «la revuelta», «la actual contienda civil», «la última contienda civil» y «la reciente subversión». Once rótulos en un solo volumen del Registro, y la lista no pretende ser cerrada. No es una divergencia de hecho sino de designación, y es en sí misma un dato.

Sobre la duración hay cuatro cifras, y no se promedian. El gobierno la fija, por dos actos propios fechados, del 27 de mayo de 1922 al 13 de agosto de 1923: catorce meses y diecisiete días, 443 días. Un manuscrito inédito habla de «trece meses de lucha»; la monografía de Caballero Aquino, de «dos largos años»; la nota de prensa del centenario, de «más de un año». La cifra del gobierno es preferible porque deriva de dos actos propios fechados; las cuatro quedan declaradas. «Dos largos años» es insostenible contra el Registro, y «trece meses» no cuadra ni contando desde el primer ataque a la Capital.

Lo que todas las fuentes comparten es el hecho militar intermedio: los facciosos fueron derrotados por segunda vez en la Capital a mediados de julio de 1923. Dos decretos lo dicen de distinto modo. El N° 16.339 del 14 de julio habla de «la dispersión y represión de los restos de facciosos que acaban de ser derrotados por segunda vez en la Capital»; el N° 16.789 del 10 de octubre lo da por cerrado: «La sedición ha sido virtualmente vencida. Los restos del ejército faccioso, después de ser derrotados por segunda vez en la capital, fueron obligados a dispersarse».

José Félix Estigarribia: lo que el Registro prueba y lo que no

A la guerra civil de 1922 se le atribuye haber producido al conductor militar de la Guerra del Chaco. Las fuentes sostienen la conexión, pero hay que ser exacto sobre quién la afirma y con qué apoyo, porque la tentación de adornarla es grande. Primero la criba, porque el apellido es frecuentísimo y el riesgo de atribución falsa es alto. El barrido de «Estigarribia» en el tomo de 1923 arroja veintiuna ocurrencias.

Doce no son él: son Ramona, adjudicataria de tierra en Pirayú; Gregorio, oficial guarda de la Aduana de Encarnación; Cristina, argentina que denuncia un atropello del jefe político de Acahay; Sixto, que cobra una mensura; Eulogio, maestro normal; Fidelina, profesora de grado en Areguá; Julio, escribiente renunciante de la Comisaría de Órdenes; Francisco, jefe político de Ajos; y una inicial suelta, «E. Estigarribia», en un asiento de expediente que no puede atribuirse a nadie. Nueve ocurrencias son él —seis en el texto de los decretos y tres en el índice anual— y corresponden a cinco actos. Son todo lo que el Registro Oficial de 1923 dice de José Félix Estigarribia.

José Félix Estigarribia en el Registro Oficial de 1923: cinco actos

  • 3 de enero de 1923, Decreto N° 15.504: Director de la Escuela Militar. «Nómbrase Director de la Escuela Militar, al Mayor de Infantería Don José Félix Estigarribia.» Lo firma Eusebio Ayala y lo refrenda sólo Schenoni; Eligio Ayala no lo refrenda. Ya era mayor al 3 de enero de 1923.
  • 17 de marzo de 1923, Decreto N° 15.882: Juez de 1.ª Instancia y de Instrucción Militar, junto con el capitán Arturo Bray, «visto el acuerdo prestado por el Superior Tribunal Militar y de Apelación». Seis semanas después de que el Decreto N° 15.681 mandara pasar los antecedentes de los cincuenta sublevados a los Tribunales Militares, Estigarribia fue designado para instruir esos procesos.
  • 20 de setiembre de 1923, Decreto N° 16.666: acreedor del Tesoro por 20.900 pesos de curso legal, «importe de animales vacunos consumidos por la Guarnición Militar de Concepción», reclamados junto con Alejandra Cueto y Lidia M. de Casco por intermedio de la abogada Virginia C. Corvalán. El oficial leal es a la vez proveedor forzoso del ejército leal, y el pago se imputa a economías del propio Presupuesto de Guerra.
  • 19 de noviembre de 1923, Decreto L. N° 575: el Congreso aprueba cuatro decretos de ascenso, entre ellos el suyo a sargento mayor.
  • 17 de diciembre de 1923, Decreto N° 17.138: Profesor de Táctica del 3.º y 4.º curso de la Escuela Militar. Éste sí lo firma Eligio Ayala.

Lo que el Registro no contiene hay que decirlo primero: no hay ningún decreto que encargue a Estigarribia un mando de tropas en campaña. Los únicos actos del tomo que le confieren una función son la dirección de la Escuela Militar, el juzgado de instrucción y la cátedra de táctica. Su papel de combate en 1922 no está documentado en el Registro de 1923. Y hay un dato de contexto que cambia el sentido del primer nombramiento, y que sólo aparece once meses después, en un decreto de reparaciones.

La Escuela Militar estaba cerrada: el Decreto N° 16.892 del 31 de octubre de 1923 autoriza a repararla por «deterioros causados por el alojamiento de tropas durante la movilización de 1922/23» y dice que urge ponerla en condiciones «para reanudar lo más pronto posible los cursos teóricos interrumpidos desde el día de la sublevación de las Zonas Militares». A Estigarribia se le entregó en enero de 1923 la dirección de una escuela cerrada y ocupada por la tropa: no un puesto docente en funcionamiento, sino la custodia de un establecimiento convertido en acantonamiento. La reparación se pagó con las economías del propio establecimiento: noventa y dos mil pesos de curso legal, de los cuales treinta y siete mil fueron el comedor y los muebles del Casino de Oficiales.

La atribución del mérito militar viene de fuera del Registro, y las fuentes externas coinciden en lo esencial. Caballero Aquino lo llama «la figura militar decisiva de la guerra», le atribuye «imperturbable serenidad» y describe la acción: ejecutó la maniobra envolvente de Kaí Puente el 15 de noviembre de 1922, al mando de 1.500 hombres, en una marcha semicircular de noventa kilómetros, atacando por la espalda mientras las fuerzas frontales fijaban al enemigo. Eusebio Ayala lo felicitó por «la brillante operación», que demostraba «el triunfo de la moral y de la inteligencia». La derrota de Kaí Puente decidió en la práctica la guerra, aunque siguieron la guerrilla y el ataque final de julio de 1923. La divulgación enciclopédica corrobora la estructura de mando —«dos divisiones dirigidas por el mayor José Julián Sánchez y por el capitán José Félix Estigarribia»—, que son justamente los dos primeros ascendidos del Decreto L. N° 575, aunque discrepa en el grado, que es el correcto para antes del ascenso.

Aquí el Registro y las fuentes externas encajan sin forzarse, por una vía aritmética que permite fechar un acto cuyo texto no se tiene. El Decreto L. N° 575 aprueba cuatro decretos de ascenso y nombra a cinco militares. Tres de los cuatro decretos están en el tomo y se identifican: el 16.348 asciende a José J. Sánchez, el 15.614 a Ramón Ortiz y Eliseo Céspedes, y el 16.334 a Fortunato Arias. El que falta lo nombra la propia ley en su epígrafe, el N° 15.413, y por eliminación corresponde a Estigarribia; su texto no está en el tomo de 1923.

La Ley N° 604 fecha el decreto 15.410 el 26 de noviembre de 1922 y el 15.441 el 2 de diciembre, de modo que el 15.413 cae con máxima verosimilitud entre esas dos fechas. La numeración, con todo, no es estrictamente cronológica: la misma enumeración contiene inversiones —el 15.322 es del 13 de octubre y el 15.313 del 14; el 15.245 es del 22 de setiembre y el 15.246 del 19—. Declarada esa holgura, la ventana prudente va del 24 de noviembre al 4 de diciembre de 1922: las dos semanas siguientes a Kaí Puente. La secuencia acción, ascenso y mando institucional queda probada por la numeración de los decretos, sin necesidad del tomo de 1922. Es un encuadre y no una fecha.

La secuencia completa que el tomo de 1923 documenta es, entonces, ésta: director de la escuela que la guerra había cerrado, con la firma de Eusebio; juez instructor de los sublevados, con la firma de Eusebio; acreedor del Tesoro por su propio ganado requisado, con la firma de Eligio; profesor de táctica de la escuela que vuelve a abrir, con la firma de Eligio. El año de la guerra civil es el año en que Estigarribia pasa de la operación de campaña a la formación de oficiales, bajo la firma sucesiva de los dos Ayala.

La doctrina táctica que diez años después ganaría el Chaco se enseña, desde diciembre de 1923, por el oficial que hizo la maniobra de Kaí Puente, en el aula que la guerra civil había tenido cerrada dieciocho meses. Lo que no está probado conviene decirlo para no adornar: ningún documento conecta técnicamente —por doctrina, reglamento o programa de estudios— la guerra civil con la conducción del Chaco. La conexión documentada es de personas y de confianza política. La pieza que lo probaría es el programa de la cátedra de Táctica de 1924, y no se ha localizado.

Eligio Ayala en la guerra, primera etapa: la firma del ministro

Los documentos permiten separar con precisión dos etapas del papel de Eligio Ayala en esta guerra, y la prueba de la separación es la firma. Hasta el 11 de abril de 1923 los decretos llevan «(Firmado) AYALA» —que es Eusebio— y una lista de refrendos ministeriales en la que aparece «Eligio Ayala». Eligio no firma como presidente ningún acto de guerra antes del 12 de abril de 1923, pero refrenda como ministro de Hacienda los actos de gasto de guerra más gruesos del conflicto. Su participación documentada en los once primeros meses es la de un ministro del Tesoro, no la de un conductor militar.

Lo que refrendó como ministro puede sumarse, sin duplicar el par de decretos de Interior que se anulan entre sí: 350.000 más 150.000 más 209.418 más 139.500 más 132.600 más 537.838,37 más 200.000 más 78.691,25 más 139.986,60 dan 1.938.034,22 pesos de curso legal. A eso se agregan 46.400 pesos oro sellado —4.400 del Decreto N° 15.911, gastos de policía fluvial en el Alto Paraná, y 42.000 del Decreto N° 15.926 del 3 de abril de 1923, expresamente «a fin de intensificar la acción de represión de la rebelión»— y 31.048,41 pesos moneda argentina. Ésa es su firma sobre la guerra hasta el día en que la heredó. El renglón del oro es el que más dice: el 90,5 % de todo lo que refrendó en oro (42.000 de 46.400) lo firmó ocho días antes de su último refrendo como ministro, y para comprar material de guerra.

De su etapa ministerial queda una pieza que es el documento fiscal más revelador del período, porque no autoriza: mide. El Decreto N° 15.680 del 5 de febrero de 1923 reconoce la cuenta del proveedor del Ejército por el racionamiento de diciembre de 1922 y, al hacerlo, deja ver el estado real del Tesoro. Sus considerandos establecen que los gastos de racionamiento del 15 de agosto al 31 de diciembre de 1922 habían «excedido de lo presupuestado»; que esos excesos provenían «del aumento de las Unidades sobre lo establecido en el Reglamento de Dotación de Paz, aumento que ha sido necesario para hacer frente a las necesidades militares impuestas por la revuelta»; y que, a consecuencia del desequilibrio, el Presupuesto de Gastos «solo cuenta al 31 de Diciembre con un saldo de ($ 16.137:13 c/l.)» para cubrir el racionamiento de ese mes, «quedando un déficit de ($ 537.838:37 c/l.)» para pagar el total de la cuenta del proveedor.

El decreto tiene una divergencia interna que se declara y no se resuelve. Su considerando 3.° trata los 537.838,37 pesos como el déficit de la cuenta de diciembre; su artículo 1 los paga «en concepto de exceso de gasto de alimentación de las tropas durante el periodo del 15 de Agosto al 31 de Diciembre del año ppdo.». Con la lectura del considerando, la cuenta del proveedor sería de 553.975,50 pesos (16.137,13 más 537.838,37), cifra que el decreto no escribe y que sale de sus propios términos, y lo disponible sería el 2,9 % de lo necesario. Con la lectura del artículo, los 537.838,37 son el exceso de cuatro meses y medio, y ese 2,9 % no es una razón mensual. Las dos lecturas coinciden en lo que importa: al 31 de diciembre de 1922 la partida de racionamiento del Ejército tenía dieciséis mil pesos y debía quinientos treinta y siete mil.

El gozne está fechado al día. El 11 de abril de 1923 Eligio Ayala refrenda por última vez como ministro de Hacienda, y uno de los dos decretos de ese día es de guerra civil: el N° 15.976, que cubre el déficit de forrajes de la caballada de la Policía de la Capital «con motivo de la actual contienda civil». El otro es el N° 15.977, de la partida de eventuales de Justicia. El Registro no ordena los actos de un mismo día, de modo que no puede decirse cuál fue el último, aunque el de número mayor es el 15.977.

El 12 de abril el Decreto N° 15.978 organiza su gabinete. Desde entonces —tras una semana, hasta el 19 de abril, en que el Registro sigue imprimiendo a veces el apellido solo— los decretos de guerra llevan «(Firmado) ELIGIO AYALA» y el refrendo de Manlio Schenoni Lugo en Guerra y Marina, Luis A. Riart en Hacienda, Rogelio Ibarra, Lisandro Díaz León y Modesto Guggiari. Y el mismo 11 de abril, por orden del día del Comando en Jefe, se designaba al encargado del abastecimiento del Ejército legal en campaña, cuyas cuentas aparecerán más abajo.

Segunda etapa: la doctrina del gasto de guerra sin Congreso

Lo característico de Eligio Ayala como presidente en guerra no es el volumen del gasto sino la construcción de una doctrina jurídica escrita para gastar sin autorización previa del Congreso. Esa doctrina está en la exposición de motivos de cuatro decretos y es el material más citable de su provisoriato. Su formulación más completa es la del Decreto N° 16.028 del 21 de abril de 1923, nueve días después de asumir, que autoriza comprar armas en Chile:

«Según la opinión técnica manifestada por el señor Ministro de la Guerra es ineludible adquirir urgentemente más material de guerra para reprimir decisivamente la rebelión. La adquisición de este material exige erogaciones inmediatas y extraordinarias que no están previstas por la Ley de Presupuesto vigente.

La petición de una autorización previa del Congreso para efectuar estos gastos malograría gran parte de la eficacia de la acción militar porque entorpecería la rapidez y aboliría la reserva necesarias de la adquisición.

El artículo 7.° de la Ley de Organización Administrativa autoriza en este caso a efectuar gastos que no están previstos por la Ley.»

— Eligio Ayala, presidente provisorio, Decreto N° 16.028, 21 de abril de 1923

El razonamiento parte de una premisa constitucional: «Es de todos conocidos que el país está en el estado de conmoción interior previsto por el artículo 9 de la Constitución Nacional, el que pone en peligro el ejercicio de las autoridades y de los derechos y garantías creados por ella», y «el deber primordial del Gobierno es desplegar todos los esfuerzos necesarios para restablecer el orden público perturbado». La parte dispositiva es breve. El artículo 1 autoriza comprar en Chile tres mil fusiles, doce ametralladoras con un escalón de veinticuatro mulas y 2.050.000 tiros, por un importe total de 945.700 pesos moneda chilena; el artículo 2 carga todo a rentas generales; y el artículo 3 dice: «Declárase reservado este Decreto y dése cuenta de él oportunamente al Congreso.»

El desglose del decreto no cuadra con su propio total en la transcripción disponible, y la divergencia tiene solución. El texto reconocido ópticamente da los tiros a 1,20 pesos la unidad; con ese precio el desglose sumaría 450.000 más 84.000 más 1.700 más 2.460.000, es decir 2.995.700 pesos, 3,17 veces el total declarado. Pero por diferencia, 945.700 menos 535.700 son 410.000, y 410.000 sobre 2.050.000 dan exactamente 0,20. El precio del cartucho es veinte centavos moneda chilena, y con él el decreto cuadra al peso; la lectura «1,20» es un error del reconocimiento óptico. Con el precio corregido, la compra se reparte así: armamento largo, 450.000 (47,6 %); ametralladoras, 84.000 (8,9 %); tren de mulas, 1.700 (0,2 %); municiones, 410.000 (43,4 %).

La misma doctrina, dos meses y medio después, ya acusa al Congreso por su nombre. El Decreto N° 16.313 del 3 de julio de 1923 es la mayor autorización previa de gasto de guerra en curso legal de todo el tomo —medio millón de pesos, que inventarios anteriores no registraban—; el Decreto N° 15.680 es mayor, pero reconoce una cuenta ya consumida en lugar de autorizar un gasto futuro.

Su considerando añade el eslabón que faltaba: «que estos gastos están impuestos por circunstancias anormales previstas por el Art. 9.° de la Constitución Nacional; que en este caso puede efectuarse gastos sin autorización previa del Congreso, conforme al Art. 7.° de la Ley de Organización Administrativa; que el Congreso está de hecho en receso, puesto que desde la iniciación del período ordinario de sus sesiones hasta hoy, no ha sesionado regularmente; que esta abstención espontánea del cumplimiento de sus funciones por uno de los poderes públicos no justificaría se postergase la satisfacción de necesidades perentorias, de orden público, emergentes de la función primordial del Gobierno que es asegurar la tranquilidad interior, proveer a la defensa común y promover el bienestar general». Un detalle del texto reconocido merece anotarse: el decreto lleva los refrendos de Guggiari, Ibarra, Riart y Díaz León, y no consigna la firma de Schenoni en Guerra y Marina; no puede afirmarse que faltara en el impreso, sólo que falta en la transcripción.

Es la teoría del receso de hecho, y su primera aplicación documentada es financiera, cuatro días antes del ataque final a la Capital. La misma construcción se aplicará once días después al estado de sitio y en agosto a la disolución del Senado. El hilo conductor del provisoriato de Eligio Ayala es éste: la abstención del Congreso habilita al Ejecutivo. Y empieza por el dinero.

La mecánica del secreto es, a su vez, un hallazgo de archivo, y desmiente la lectura fácil de que el gobierno gastó a escondidas. El tomo de 1923 tiene una rúbrica propia, «Decretos reservados», que cobija exactamente cuatro decretos, todos publicados el 8 de noviembre de 1923 en el Diario Oficial N° 855: el 16.028 de las armas en Chile, el 16.054 del anticipo en oro, el 16.126 de los fletes y seguros del material y el 16.311 de las municiones para fusiles Wetterli y mauser paraguayo. Pero en el número del Diario Oficial correspondiente a la fecha de cada uno, en el lugar exacto que le tocaba, se imprimió el número del decreto, su registro interno y una nota: «Se insertará en número posterior del Diario Oficial». Los cuatro marcadores están localizados en el tomo.

Los marcadores resuelven, además, una divergencia de fecha y la convierten en un dato sobre el procedimiento. Los dos decretos de abril están fechados el 21 y el 28 —lo confirman sus textos y la Ley N° 604—, pero sus dos marcadores consignan ambos «Abril 20 de 1923». Los marcadores se insertaron en bloque, con una única fecha que no es la de ninguno de los dos actos. «Abril 20» no es una fecha alternativa del decreto de las armas: es la fecha de la operación de reserva. Y deja un dato nuevo: al 20 de abril de 1923, ocho días después de asumir, Eligio Ayala ya había decidido el régimen de reserva con que financiaría la fase final de la guerra.

El gobierno, por tanto, no ocultó la existencia de los decretos reservados: publicó su número, su registro interno y un aviso de publicación diferida, y cumplió el aviso seis meses más tarde, cuando la guerra había terminado y el Congreso había vuelto a sesionar. Secreto de contenido, transparencia de existencia, publicación diferida y rendición posterior. El conjunto reservado suma 57.000 pesos oro sellado de gasto efectivo, 945.700 pesos moneda chilena de compromiso de compra y 100.000 pesos oro sellado de crédito contratado, que no es gasto.

La pieza capital de esta etapa no es un gasto sino un modo de financiarlo: el Decreto N° 16.054 del 28 de abril de 1923, también reservado, que autoriza un anticipo en la cuenta oro del Tesoro en el Banco de la República, garantizado con bonos conforme a la Ley N° 96. Su exposición de motivos es un razonamiento jurídico sobre los límites del propio poder:

«La depresión económica general del país ha restringido las rentas fiscales del ejercicio financiero de 1922-23 y no se han recaudado en los meses transcurridos todos los recursos en oro calculados en la Ley de Presupuesto. […]

La limitación que contiene la última parte de esta disposición legal se ha dictado para prevenir que el P. Ejecutivo, con abuso de la facultad que le confiere el artículo citado, contraiga obligaciones que excedan los recursos calculados para el ejercicio. […] Un anticipo en cuenta corriente de la suma de $ 100.000 o/s., no excedería de las limitaciones generales establecidas por la Ley.»

— Eligio Ayala, presidente provisorio, Decreto N° 16.054 (reservado), 28 de abril de 1923

Entre esos dos párrafos, el decreto transcribe entre comillas el artículo 4.°, inciso 2.°, de la Ley N° 538, que autorizaba al Ejecutivo a «aceptar adelantos en cuenta corriente, a suscribir obligaciones a corto plazo, y a efectuar otras operaciones análogas, destinadas a facilitar el desenvolvimiento del Tesoro, siempre que ellas no trasciendan las limitaciones generales establecidas por la Ley de Presupuesto durante el ejercicio». La construcción del argumento es el rasgo de carácter mejor documentado del volumen. El presidente cita, para limitarse a sí mismo, una ley que él había refrendado como ministro el 15 de octubre de 1921, un año, seis meses y trece días antes. Explica el propósito de la cláusula limitativa, demuestra que cien mil pesos oro no la exceden y recién entonces decreta. En medio de una guerra civil, con el Congreso ausente y un decreto reservado que nadie iba a discutir, escribió la razón por la cual no podía pedir más.

Los dos decretos reservados juntos dibujan una doctrina entera del gobierno de excepción: la urgencia autoriza a prescindir del Congreso, pero no a prescindir de la ley. Se invoca la norma que habilita, se explicita el límite que la norma impone, se declara la reserva y se promete rendir cuenta. Los setenta y seis decretos que el Congreso ratificó en diciembre de 1923 son el cumplimiento de esa promesa.

El inventario del gasto de guerra

Lo que sigue es el resultado de cruzar, en las 142.233 líneas del tomo de 1923, las palabras «subversión», «sedición», «rebelión», «sublevación», «guerra civil», «faccioso», «movilizado», «movilización» y «campaña contra» con los importes. El barrido produjo cincuenta y siete actos con fecha, concepto, importe y localización. Un inventario anterior de los mismos actos tenía treinta y dos, de modo que veinticinco son nuevos y seis corrigen al precedente. El cuadro presenta los principales.

Cuadro 2. Actos de gasto de guerra publicados en el Registro Oficial de 1923 (selección)

Acto Fecha Concepto Importe
Sin número (Seiferheld, sin localización) 19-VII-1922 Consolidación de las fuerzas militares leales 45.000 $o/s + 300.000 $c/l
Decretos N° 15.503 y 15.524 3 y 5-I-1923 Sueldos de jefes, oficiales y tropas movilizados, diciembre de 1922 350.000 + 150.000 $c/l
Decreto N° 15.523 5-I-1923 Sostenimiento de las fuerzas de Encarnación por el Consulado en Posadas, junio a diciembre de 1922 31.048,41 $m/a
Decreto N° 15.573 (anula el 15.527) 13-I-1923 Sueldos de Jefaturas Políticas, Comisarías de Campaña y Policías Volantes, junio a diciembre de 1922 209.418 $c/l
Decretos N° 15.665, 15.666 y 16.016 31-I y 20-IV-1923 102.700 kilos de carne a las familias de las tropas del Ejército legal, a 3 pesos el kilo 308.100 $c/l
Decreto N° 15.680 5-II-1923 Déficit de racionamiento del 15-VIII al 31-XII-1922, «necesidades militares impuestas por la revuelta» 537.838,37 $c/l
Decreto N° 15.863 13-III-1923 Sueldos impagos de reservistas movilizados «que se encontraban en Campaña» 200.000 $c/l
Decretos N° 15.911 y 15.912 27-III-1923 Policía fluvial del Alto Paraná; movilización «en los primeros días de la subversión», ejercicio 1921/22 4.400 $o/s + 78.691,25 $c/l
Decreto N° 15.926 3-IV-1923 Materiales de guerra «a fin de intensificar la acción de represión de la rebelión» 42.000 $o/s
Decreto N° 15.976 11-IV-1923 Forrajes de la caballada de la Policía «con motivo de la actual contienda civil» 139.986,60 $c/l
Decreto N° 16.028 (reservado) 21-IV-1923 Compra de armas en Chile: 3.000 fusiles, 12 ametralladoras, 2.050.000 tiros 945.700 $m/ch
Decreto N° 16.054 (reservado) 28-IV-1923 Anticipo en la cuenta oro del Tesoro (crédito, no gasto) 100.000 $o/s
Decretos N° 16.081 y 16.243 5-V y 20-VI-1923 Materiales para vestuarios «de las tropas del Ejército movilizado» 10.376,53 $o/s
Decretos N° 16.126 y 16.311 (reservados) 19-V y 2-VII-1923 Fletes y seguros del material; municiones Wetterli y mauser 57.000 $o/s
Decreto N° 16.313 3-VII-1923 Elementos de guerra para proseguir las operaciones («autoriza gastos para la campaña militar») 500.000 $c/l
Decretos N° 16.394 y 16.395 31-VII-1923 Reposición de líneas telegráficas cortadas; uniformes y muebles de las comisarías 14.000 $o/s + 210.000 $c/l
Decreto N° 16.600 6-IX-1923 6.916 raciones de más por «el ataque de los sediciosos, en el mes de Julio»; forraje; alquileres 179.648,60 $c/l
Decreto N° 16.666 20-IX-1923 Ganado del mayor José F. Estigarribia consumido por la Guarnición de Concepción 20.900 $c/l
Decreto N° 16.844 20-X-1923 Excedente medido de aprovisionamiento del ejercicio 1922/23 (688.663,30); pago a cuenta 352.444,25 $c/l
Decreto N° 16.892 31-X-1923 Reparación de la Escuela Militar por el alojamiento de tropas 92.000 $c/l
Decretos N° 16.974 y 16.992 14 y 16-XI-1923 Equipos de montar; saldos por exceso de gasto de la movilización 467.521,32 $c/l
Decretos N° 17.032, 17.033 y 17.133 22-XI y 15-XII-1923 Víveres a la Policía; jefaturas «que han permanecido a las órdenes del Gobierno» 612.766,11 $c/l
Decreto N° 17.183 27-XII-1923 Venta de 1.170 cueros, 1.033 astas y 1.450 kilos de cebo de ganado requisado (ingreso, no gasto) 190.551,25 $c/l

Fuente: Registro Oficial de la República del Paraguay, 1923. La primera fila procede de Alfredo M. Seiferheld (1983), conocido por una transcripción inédita: no da localización y el acto no figura en la lista de la Ley N° 604; se consigna por ser la única noticia del primer acto de gasto de la guerra, no como dato probado. Divergencias internas: el Decreto N° 15.503 da 350.000 en el epígrafe y en letras y 250.000 en la cifra entre paréntesis (el índice anual confirma 350.000); el Decreto N° 17.183 dice 1.033 astas en el considerando 1.° y 105 en el artículo 1, sin resolución posible. El Decreto N° 16.394 está fechado el 31 de julio en su impreso y el 21 en la Ley N° 604.

Setenta y seis actos, y el 72,4 % que no se ve

El hallazgo cuantitativo mayor no es una suma reconstruida sino el único censo que el propio Estado produjo. La Ley N° 604, sancionada el 19 de diciembre de 1923 y firmada por Eligio Ayala y Luis A. Riart, aprueba en bloque los decretos dictados sin autorización previa al amparo del artículo 7.º de la Ley de Organización Administrativa, y los enumera uno por uno con su fecha. La cuenta sobre esa enumeración da setenta y seis entradas, setenta y cinco números distintos —uno aparece como «15012» y como «15012 (bis)»—, cincuenta y cinco de 1922 y veintiuna de 1923.

El primero es el decreto de movilización del 28 de mayo de 1922, un día después del estallido. El último es el N° 16.394, que la ley fecha el 21 de julio de 1923 y el propio decreto el 31; la divergencia se resuelve a favor del impreso del acto, que es la fuente directa. Con esa fecha, el último acto de excepción es de dos semanas y media después de la segunda derrota de los facciosos en la Capital.

Lo que el Registro de 1923 no deja ver

72,4 %

Cincuenta y cinco de los setenta y seis actos de excepción que ratificó la Ley N° 604 son de 1922, y ninguno tiene texto en el tomo de 1923; los veintiuno de 1923 sí lo tienen. Sin el tomo de 1922, toda cifra de costo de la guerra es un piso.

Qué significa este número: es el perímetro oficial del gobierno financiero de excepción de la guerra civil. Setenta y seis actos en catorce meses. Ésa es la cifra central, y es del Estado, no del historiador. Qué no significa: la Ley N° 604 no es una lista de gastos de guerra. Es la lista de los actos dictados al amparo del artículo 7.º, y contiene al menos uno que nada tiene que ver con la guerra: el Decreto N° 16.129, que crea un Kindergarten en la Escuela Normal de Profesores por mil novecientos pesos mensuales. La ley mide el gobierno por decreto, no la guerra, y convertir «setenta y seis decretos» en «setenta y seis decretos de guerra» sería falso.

Y mide, sobre todo, un vacío, que es el más grave de esta historia. Se verificó acto por acto cuáles de los veintiún decretos de 1923 tienen texto publicado en el tomo: los veintiuno lo tienen. De los cincuenta y cinco de 1922, el tomo de 1923 no publica ninguno. No se sabe qué autorizaron ni por cuánto. El 72,4 % del gobierno financiero de excepción de la guerra civil es documentalmente invisible desde este tomo (55 sobre 76 da 0,7237). Con ellos falta también el decreto que ascendió a Estigarribia. Sin el tomo de 1922 del Registro Oficial, toda cifra de costo de esta guerra es un piso y no un total.

Los totales, con la operación escrita

El criterio de inclusión se declara antes de los números: se suman únicamente erogaciones del Tesoro con importe expreso, imputables a la guerra civil por el texto del propio decreto. Se excluyen y se tratan aparte los créditos, las reasignaciones de sobrantes, los ingresos reinvertidos, las pensiones mensuales —que son flujo y no existencia—, los importes no expresados y la cifra sin localización del 19 de julio de 1922. Hay una excepción al propio criterio que debe decirse de entrada: tres de las veinticuatro partidas no invocan la guerra en su texto, y dos de ellas son posteriores al 13 de agosto de 1923 y se imputan al presupuesto ordinario.

Son los Decretos N° 17.032 y 17.133, racionamiento de la Policía de la Capital de octubre y noviembre de 1923, y el N° 16.666, ganado consumido por la Guarnición Militar de Concepción: 253.910,41 más 297.355,70 más 20.900, es decir 572.166,11 pesos de curso legal, el 12,9 % del total. Se incluyen porque el mismo proveedor y el mismo circuito sirvieron la campaña. Sin ellas el total es de 3.855.126,39 pesos, y se dan los dos números.

Las sumas son éstas. Erogaciones en curso legal, veinticuatro partidas: 4.427.292,50 pesos. Erogaciones en oro sellado, diez partidas: 130.776,53 pesos. Otras monedas: 945.700 pesos moneda chilena y 31.048,41 pesos moneda argentina. Las partidas excluidas, con su razón: los 100.000 pesos oro del anticipo, porque son crédito y no gasto; los 166.101,85 de curso legal del Decreto N° 16.975, porque son reasignación de sobrantes y el propio decreto dice que «no importará erogación extraordinaria»; los 190.551,25 del Decreto N° 17.183, porque son ingreso reinvertido. Del Decreto N° 16.844 se toma el pago efectivo de 352.444,25 y no el excedente medido de 688.663,30, para no contar dos veces; de donde el saldo impago al cierre del año era de 336.219,05 pesos de curso legal.

La conversión del oro sellado obliga a declarar una divergencia y a no promediarla. Para 1923 las fuentes dan tres valores del peso oro en pesos de curso legal: 42,60 en el cuerpo del texto de Herken, 42,61 en Seiferheld y en una transcripción inédita, y 42,62 en el Cuadro 1 del anexo del mismo Herken. Se calcula con los dos últimos, porque el 42,60 no tiene ninguna cifra derivada. Como los importes son de la contabilidad paraguaya, el total de referencia es el de 42,61; el de 42,62 se da para que las razones contra las series de Herken sean homogéneas con ellas. A 42,62, el oro equivale a 5.573.695,71 pesos de curso legal y el gran total es de 10.000.988,21; a 42,61, equivale a 5.572.387,94 y el gran total es de 9.999.680,44. La diferencia es de 1.307,77 pesos sobre diez millones, el 0,013 %. No cambia ninguna conclusión, pero el lector debe saber que las fuentes discrepan.

Gasto de guerra identificado en el Registro de 1923

≈ 10 millones de pesos de curso legal

4.427.292,50 pesos de curso legal más 130.776,53 pesos oro convertidos: 9.999.680,44 a 42,61 o 10.000.988,21 a 42,62. Quedan fuera los 945.700 pesos chilenos de las armas y los 31.048,41 pesos argentinos. Es un piso, no un total.

Puesto en escala, y con la advertencia que lo hace legible: la economía que el decreto de setiembre de 1923 arrancó al presupuesto administrativo es de 11.929.954,76 pesos. El gasto identificado equivale al 83,8 % de ese recorte, o, dicho al revés, el recorte equivale a 1,19 veces el gasto identificado. Pero los dos términos no son de la misma naturaleza: el primero son pagos y el segundo una reducción de créditos autorizados, y el gasto efectivo del ejercicio siguiente no bajó sino que subió un 6,5 %, como se verá más abajo. Además, el primero es un piso, porque el 72,4 % de los actos de excepción es invisible.

Lo que la comparación autoriza a escribir no es que la guerra se pagara con el recorte, sino que el recorte fue del orden de magnitud del gasto que la guerra había dejado impago, que es lo que el propio decreto dice al destinarlo a «enjugar los déficits apremiantes del ejercicio anterior». La coincidencia de magnitudes se consigna; la ecuación no se cierra. Y el inventario anterior, comparado con éste, mide lo que dio el barrido completo: de 1.903.706,08 a 4.427.292,50 pesos de curso legal, 2,33 veces, con 2.523.586,42 de aumento que vienen casi todos de cuatro actos que no se habían visto.

La estructura funcional del gasto es el resultado analítico del vaciado, porque desmiente la imagen corriente de lo que cuesta una guerra civil.

Cuadro 3. Estructura funcional del gasto de guerra en curso legal, 1922-1923

Función Pesos de curso legal %
Alimentación, racionamiento y ganado 2.187.957,65 49,4
Sueldos de movilizados y de policía 909.418,00 20,5
Material de guerra, equipos y sanidad 606.300,00 13,7
Policía: forraje, alquileres y reposición de lo destruido 487.447,60 11,0
Resto 236.169,25 5,3
Total 4.427.292,50 99,9

Fuente: veinticuatro partidas del Registro Oficial de 1923, reagrupadas por función. No incluye el oro sellado ni los pesos chilenos con que se compraron las armas: por eso el material de guerra aparece tan bajo. Los porcentajes, redondeados a una décima, suman 99,9; los importes suman el total exactamente. La primera fila contiene los 572.166,11 pesos de las tres partidas que no invocan la guerra: sin ellas la alimentación es el 41,9 % de un total de 3.855.126,39 (1.615.791,54 sobre 3.855.126,39), y sigue siendo con holgura la partida dominante.

Casi la mitad del gasto de guerra en moneda nacional fue comida, y la siguiente quinta parte fueron sueldos. El material de guerra propiamente dicho es el 13,7 %. Esta guerra civil costó, en pesos de curso legal, sobre todo alimentar y pagar a los movilizados y a sus familias, no armarlos: las armas se compraron afuera, con oro y con pesos chilenos.

El proveedor de esa mitad tiene nombre y es uno solo. Manuel J. Uriarte era a la vez Proveedor General del Ejército y Marina y proveedor de víveres de la Policía de la Capital. Lo que el Estado le reconoció en el tomo de 1923 suma 139.500 más 132.600 más 537.838,37 más 36.000 más 352.444,25 más 253.910,41 más 297.355,70: 1.749.648,73 pesos de curso legal, el 39,5 % del total. La cifra depurada, que es la que hay que dar primero, descuenta las dos cuentas de la Policía que no invocan la guerra: 1.198.382,62 pesos sobre 3.855.126,39, el 31,1 %. Si hay un interés de negocios documentado en el Registro Oficial alrededor de esta guerra, no está del lado de quienes la hicieron: está del lado de quien abasteció al gobierno que la ganó. Las fuentes no dicen nada más de Uriarte; es una línea de investigación abierta, y contradice frontalmente la dirección de la premisa Schaerer.

Las piezas que miden, y el gasto social dentro del gasto de guerra

Todo el resto del inventario son autorizaciones y pagos. Sólo dos actos del tomo miden en lugar de autorizar, y por eso son los más valiosos. El primero es el Decreto N° 16.844 del 20 de octubre de 1923, que reconoce la cuenta del Proveedor General del Ejército y cuantifica lo que la movilización costó por encima de lo presupuestado. A partir de «la cuenta presentada por el Proveedor General del Ejército, señor Manuel J. Uriarte», el decreto establece un excedente de «seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos sesenta y tres pesos con treinta centavos moneda nacional de curso legal» sobre lo calculado en el Presupuesto de Guerra y Marina del ejercicio 1922/23 para el aprovisionamiento del Ejército y la Marina. Explica que el excedente «proviene del aumento de efectivo habido sobre las dotaciones de paz, a consecuencia del Decreto Supremo N.° 15.004 del 28 de Mayo de 1922». Es la única cifra del conjunto con carácter de medición contable sobre una base anual cerrada.

Su considerando tercero introduce un hecho que ninguna historia de esta guerra registra: «dadas las circunstancias y condiciones de tiempo en que tuvo que llevarse a cabo la movilización y reemplazo de contingentes, se hizo necesario atender de parte del Gobierno durante el tiempo de duración de la campaña, a numerosas familias pertenecientes a las clases de reserva, ocasionando gastos superiores a los exigidos por la movilización». El Decreto N° 16.992, de noviembre, lo repite con el argumento moral explícito: el Gobierno subvino «a las familias de reservistas desamparadas por la conscripción y a quienes el Gobierno se consideró en el deber de protegerlas, a fin de atenuar en lo posible el trastorno producido por la rebelión militar en todos los órdenes de la economía nacional». Hay un gasto social dentro del gasto de guerra, contabilizado en la misma cuenta del proveedor de víveres del Ejército.

Ese gasto social tiene una serie propia, corta y elocuente. Tres decretos pagan carne «a la Comisión encargada de distribuir dicha especie a las familias de las tropas del Ejército legal», todos a tres pesos el kilo: 44.200 kilos en noviembre de 1922, 46.500 en diciembre y 12.000 en enero de 1923. En total, 102.700 kilos y 308.100 pesos de curso legal (102.700 por 3). La caída de 46.500 a 12.000 kilos entre diciembre y enero —un 74,2 % menos— coincide con el licenciamiento parcial de reservistas decretado el 4 de enero de 1923. Es el único indicador mensual de la intensidad del esfuerzo de guerra que el tomo permite construir, y habría que continuarlo con los tomos de 1922 y 1924.

La segunda pieza que mide es el Decreto N° 17.183 del 27 de diciembre de 1923, que documenta una práctica de autofinanciamiento en campaña. Reconoce retroactivamente la rendición de cuentas del encargado del abastecimiento del Ejército legal, Zoilo Argüello, designado por el Comando en Jefe del Ejército de Operaciones por orden del día del 11 de abril. Según el decreto, los comprobantes justifican la inversión de 190.551,25 pesos de curso legal «recaudados por el señor Zoilo Argüello como producido de la venta a particulares de 1170 cueros, 1033 astas y 1450 kilos de cebo de animales vacunos requisicionados y faenados para la alimentación de las tropas legales». Y su considerando 5.° fija la doctrina: los fondos así recaudados por las autoridades militares forman parte del Tesoro Nacional, y su empleo «para mantener y completar la eficiencia de las unidades de campaña, constituye un servicio que es deber del P. E. atender y reconocer».

El Comando en Jefe organizó, pues, su propio circuito financiero: requisaba ganado, lo faenaba para alimentar a la tropa, vendía los cueros, las astas y el cebo a particulares y gastaba el producido en sostener las unidades, sin pasar por el Tesoro. Ciento noventa mil pesos movidos fuera del presupuesto y legalizados después. El decreto no dice cuántos animales se requisaron, sólo cuántos cueros se vendieron; el valor implícito tiene un techo de 162,86 pesos por cuero (190.551,25 sobre 1.170), y es un techo y no un precio, porque el monto incluye astas y cebo. Dos observaciones exceden esta página. La primera: es el antecedente directo, en escala menor, del mecanismo de requisas en especie que el Paraguay usaría masivamente diez años después en el Chaco. La segunda: la orden del día que designó al encargado es del 11 de abril de 1923, el día exacto en que Eligio Ayala dejó de ser ministro de Hacienda.

Tres escalas del gasto de guerra

  • 6.916 raciones. Un decreto de setiembre de 1923 registra que «la movilización de tropas para reforzar la Policía de la Capital impuesta por el ataque de los sediciosos, en el mes de Julio último» consumió seis mil novecientas dieciséis raciones más que las autorizadas, y argumenta que el menor precio unitario permitía absorberlas sin exceder el crédito global. Es el método de la «severa selección en los pagos» visto desde dentro. El número del decreto se perdió en el reconocimiento óptico y se reconstruye por la secuencia del índice como 16.600: es reconstrucción, no transcripción.
  • Dos mil pesos oro de luz eléctrica. La Policía de Seguridad «ha tenido necesidad de intensificar sus servicios extraordinariamente, en las varias ocasiones en que la Capital fué amenazada por la rebelión», con el consiguiente consumo extraordinario de luz; la Empresa Americana de Luz y Tracción reclamaba su crédito y se le pagó.
  • Noventa y dos mil pesos para reparar una escuela. La reparación de la Escuela Militar, destrozada por el alojamiento de tropas, se pagó con las economías del propio establecimiento; treinta y siete mil fueron para el Casino de Oficiales, y diecinueve mil de ellos, «un servicio completo de comedor».

Queda una pieza contable en su forma y política en su fondo. Un decreto de noviembre autoriza a invertir economías en el aumento de «las distintas Jefaturas Políticas de campaña que han permanecido a las órdenes del Gobierno durante la reciente subversión». La prosa oficial distingue, dentro de un decreto de imputación presupuestaria, las jefaturas que permanecieron leales de las que no.

El daño a terceros: el costo que el Estado no pagó

Tres categorías de daño están documentadas en el tomo, y ninguna tiene cifra agregada. Conviene exponerlas con su prosa, porque es lo único que hay, y decir por qué falta el número. El daño a la infraestructura pública tiene descripción y precios unitarios. Dos decretos del 31 de julio de 1923, de la pluma de Eligio Ayala a juzgar por su estilo, son los mejores testimonios del daño material. El primero, el N° 16.394, trata de los telégrafos: «El informe de la Dirección de Correos y Telégrafos comprueba que los rebeldes han causado grandes daños materiales en los elementos de comunicación interior: han cortado los hilos, destruido los aparatos, y aisladores telegráficos en todos los pueblos por donde han pasado.» Y vuelve sobre el argumento del Congreso ausente: «el Congreso ha suspendido sus sesiones, sin motivo ni pretexto de ningún género, y por consiguiente si tuviera que recabarse previamente de él el crédito que requiere la satisfacción de las necesidades anormales y urgentes de la Administración pública, éstas quedarían desatendidas acaso durante varios meses».

El decreto autoriza hasta 4.000 pesos oro sellado y fija once precios unitarios máximos. Sobre ese techo, quinientos rollos de alambre a 5,50 pesos oro el rollo son 2.750 pesos, el 68,8 %: kilómetros de línea cortada. Mil aisladores de campana a 0,26 son 260 pesos, el 6,5 %. Los aparatos —sonadores, manipuladores, galvanómetros, planchas terminales, pararrayos y galvanoscopios— suman 1.062,65, el 26,6 %. El resto son 65,78 pesos de alambre fino: dos kilos del N.º 05 para bobinas, medio kilo del N.º 42 y medio kilo de plomo fusible. Los porcentajes suman más de cien porque los once renglones dan 4.138,43 pesos oro y exceden en 138,43 el techo; por eso el artículo dice «hasta» y llama «máximos» a los precios. El desglose no debe leerse como una factura.

El segundo decreto, el N° 16.395, documenta el daño urbano del asalto de julio y deja caer la única aproximación numérica disponible al tamaño de la leva de emergencia: «Según constataciones hechas en la Policía, la última invasión de parte de la Capital por los rebeldes, ha causado graves perjuicios en la administración policial. Gran parte de los uniformes y frazadas que habían sido adquiridos para los agentes de policía en la Capital, y los pueblos cercanos, tuvo que aplicarse como uniforme de los soldados enrolados urgentemente para la defensa. […] Los rebeldes por otra parte, destruyeron o robaron los muebles y útiles de casi todas las Comisarías.» El decreto autoriza reponer, entre otras cosas, 750 uniformes y 750 frazadas, y hasta 160.000 pesos de curso legal en muebles y útiles. Si cada agente llevaba un uniforme y una frazada, el número de prendas desviadas a los soldados enrolados en julio de 1923 es del orden de setecientos cincuenta. No es una cifra de movilizados sino de reposición de vestuario, y como tal se da.

Las requisiciones a particulares son la segunda categoría, y el Registro documenta un hecho que la memoria corriente olvida: venían de los dos bandos. El tomo registra treinta y una ocurrencias de requisición, casi todas en la sección de despacho, como notas de legaciones extranjeras. Tres imputan las requisas a «las fuerzas del Gobierno» y dos a «las fuerzas revolucionarias», y el Registro lo escribe así. Entre los reclamantes identificados hay alemanes —G. Bertran, E. Lochner y la Legación Alemana por su cuenta—, un súbdito inglés, Walter Boner, ciudadanos austríacos, una argentina, Isabel Brisco de Rébori, y varios colonos. No hay en el tomo ninguna cifra agregada de requisiciones, ni por bando ni por nacionalidad.

La tercera categoría es un daño singular, el mayor de todos, y no tiene monto: el incendio del Mercado de Frutos del 9 de julio de 1923, el día del asalto final a la Capital. El Congreso lo legisló por separado en la Ley N° 602 y lo llama «el incendio de los tabacos». La ley autoriza a pagar «hasta la tercera parte de la indemnización que fije la Junta Administrativa de Reclamos», pero la Junta no fijó nada en 1923. Sin la base, el tercio no se puede calcular: es el mayor daño privado identificado y sigue sin cuantificar.

Ahí está la razón por la que el costo de los daños de la guerra civil no existe como cifra, y es de una ironía administrativa perfecta. La Junta Administrativa de Reclamos se creó por la Ley N° 577 el 30 de noviembre de 1923; sus tres miembros —Miguel Gerónimo Soler, Eduardo Velasco y el doctor José Tomás Barboza— se nombraron el 12 de diciembre; y sus escritorios se compraron el 29 de diciembre, el penúltimo día hábil del año, por 3.978 pesos de curso legal. Al cerrarse el tomo de 1923 la Junta no había resuelto un solo reclamo: el órgano encargado de calcular el daño acababa de comprar los muebles. Sus resoluciones están en los tomos de 1924 y siguientes, que son la fuente que daría el total.

El costo en vidas: un resultado negativo, y lo que hay en su lugar

El barrido fue exhaustivo y el resultado es categórico: el Registro Oficial de 1923 no contiene ninguna cifra de muertos, heridos, prisioneros, movilizados ni licenciados de la guerra civil de 1922-1923. No hay parte de guerra, no hay nómina de bajas, no hay estadística, no hay totalización. El gobierno que escribió diez millones de pesos de gasto no escribió un solo muerto en cifra. Lo que hay son tres cosas, y se dan todas.

La primera: dos muertos con nombre, caídos el mismo día. Dos decretos de pensión de marzo y abril de 1923, los N° 15.849 y 15.927, refrendados por Eligio Ayala como ministro, nombran al mayor de caballería Cristino Torres, cuya viuda Gregoria Villanueva y cuyos cuatro hijos menores reciben dos mil pesos mensuales, y al capitán de caballería Pedro Alcántara López, cuya viuda Silvia Benegas y cuyas dos hijas reciben mil seiscientos. Los dos decretos usan la misma fórmula: «fallecido el 30 de Setiembre del año ppdo., en defensa de las Instituciones Legales de la República». Las dos pensiones cuestan 3.600 pesos mensuales, 43.200 al año; como corrían desde el 1.° de octubre de 1922, al cierre de 1923 se habían devengado quince meses: 54.000 pesos de curso legal por dos muertos.

Un mayor y un capitán de caballería caídos el 30 de setiembre de 1922 señalan un combate de caballería que el Registro no nombra y que no figura en ninguna de las fuentes externas consultadas, que sitúan las acciones en Isla Alta, San Estanislao, Puesto'í y Kaí Puente, y en julio de 1923 en Yuquyry, Campo Grande, Trinidad y la Capital. Hubo una acción de armas el 30 de setiembre de 1922 con pérdida de dos jefes de caballería, y no se sabe dónde fue. Es una pista limpia para el archivo: los dos expedientes de pensión que los propios decretos citan contienen el dictamen del Auditor General de Guerra y los documentos probatorios del fallecimiento.

La segunda cosa que hay es el precio oficial de una vida, por grado. La Ley N° 601, sancionada el 19 y promulgada el 21 de diciembre de 1923, acuerda un subsidio único a los deudos de los muertos y a los inválidos, con una escala de tres niveles.

Cuadro 4. El precio oficial de una vida y de una invalidez, Ley N° 601 de 1923 (pesos de curso legal)

Grado Muerte Invalidez absoluta Invalidez relativa
Jefes 10.000 8.000 4.000
Oficiales 5.000 8.000 4.000
Sub-oficiales (sargentos 1.º y vice 1.º) 2.500 3.000 1.000
Sargentos 2.500 3.000 1.000
Cabos 2.500 3.000 1.000
Soldados 2.000 3.000 1.000

Fuente: Ley N° 601 de 1923, arts. 1 a 3. Los importes de invalidez distinguen sólo «jefes u oficiales» e «individuos de tropa», y se repiten en las filas correspondientes. Advertencias de transcripción: la escala de muerte del art. 1 no es coherente en el texto reconocido —sub-oficiales 2.500, sargentos «2300», cabos «2800»— y se restituye 2.500 por coherencia de la serie; el art. 3 da «4.0060», cadena corrupta restituida a 4.000; el art. 2 da «8.600», que puede ser el importe real o una corrupción de 8.000, y no se restituye: se trabaja con los dos valores.

Esta ley permite cuatro cosas y no permite una. Primera: la razón entre la vida de un jefe y la de un soldado es de cinco a uno; a 42,61, un jefe valía 234,7 pesos oro sellado y un soldado 46,9 (a 42,62, 234,6 y 46,9). Segunda: el Estado tasó la invalidez absoluta por encima de la muerte para los oficiales y la tropa, y por debajo para los jefes. Ocho mil u ocho mil seiscientos contra cinco mil para un oficial, un 60 % o un 72 % más según cuál sea el dígito correcto; tres mil contra dos mil para un soldado, un 50 % más; y ocho mil u ocho mil seiscientos contra diez mil para un jefe, entre un 14 % y un 20 % menos. La inversión afecta a los dos grados inferiores y no a los jefes, y es un dato de economía política de la guerra.

Tercera: el artículo 5 es la prueba escrita de que no hubo reconciliación, porque para cobrar hay que comprobar haber actuado «en las fuerzas legales»; los deudos del otro bando no reciben nada. Cuarta: el artículo 6 cierra el derecho seis meses después de la promulgación, el 21 de junio de 1924; si se cumplió, generó un padrón de beneficiarios con fecha de corte, que es la pieza que daría la cifra de muertos por grado y que no se ha encontrado.

Lo que la ley no permite es ningún total. Fija tarifas y no dice a cuántos. Su artículo 7 ordena «inclúyase en el Presupuesto de Gastos la erogación a que dará lugar esta ley» sin cuantificarla, lo que confirma que al 19 de diciembre de 1923 el propio Congreso no sabía cuántos eran.

La tercera cosa que hay es un cálculo indirecto que puede construirse y que hay que rechazar, porque la advertencia de método vale más que el número. El decreto de desmovilización del 13 de agosto fija dieciocho unidades permanentes —cuatro batallones de infantería, cuatro escuadrones de caballería, dos baterías de artillería de montaña, dos compañías de ametralladoras y seis destacamentos fronterizos— y delega en el Ministerio de Guerra la fijación del efectivo de cada una, «ínterin se dicte el nuevo Reglamento de Dotación de Paz»; su único criterio numérico es de edad, pues licencia al contingente «cuya edad exceda de 20 años». El decreto que desmoviliza un ejército no dice cuántos hombres se van.

Queda la vía del racionamiento: el excedente de 688.663,30 pesos, a un precio de ración de 6,10 pesos que un decreto de la Policía da para julio de 1923, arrojaría 112.895 raciones-día de exceso y, divididas por 365, unos 309 hombres-año de efectivo excedente sobre la dotación de paz. No puede ser el número de movilizados: el precio es de la Policía y de un mes, la partida no cubre todo el racionamiento —hay carne por separado y abastecimiento en campaña fuera del presupuesto— y el excedente es sobre lo presupuestado. El resultado es muy inferior a los efectivos que la erudición atribuye al gobierno, y la distancia mide cuánto del esfuerzo quedó fuera de esa partida.

Cuántos combatieron y cuántos cayeron: cifras incompatibles

  • Efectivos del gobierno: Caballero Aquino (2013) dice unos 3.500 hombres, y añade que Chirife afirmaba necesitar doce mil para un asalto frontal a Kaí Puente. La divulgación enciclopédica en inglés da 600 regulares, 250 de marina y 1.000 de un sindicato de trabajadores marítimos: 1.850. Son de jerarquías distintas, ninguna es verificable en las fuentes primarias y no se promedian. No hay cifra fiable de movilizados.
  • El dato de mil hombres de un sindicato marítimo combatiendo por el gobierno liberal contra una rebelión militar no aparece en ninguna otra fuente y merecería verificación primaria.
  • Bajas: la misma monografía da cifras parciales por acción —treinta y ocho entre muertos y heridos en Isla Alta; unos cuarenta de ciento cincuenta en San Estanislao; once muertos, dieciséis heridos y cuarenta y dos prisioneros en Puesto'í— y llama «sangrienta» a Kaí Puente sin dar números.
  • Dónde buscar: el padrón de beneficiarios de la Ley N° 601, cerrado el 21 de junio de 1924, y el presupuesto de 1924/25, que debía incluir la erogación.

Tres afirmaciones sobre el costo humano sí quedan documentadas, sin cifras. Primera: hubo invalidez en número suficiente para justificar una escala de tres niveles con distinción de jefes y tropa y una remisión técnica a los artículos 128 y 129 de la Ley Orgánica Militar para calificarla; una escala así no se legisla para dos casos. Segunda: el Estado alimentó a las familias de los reservistas durante toda la campaña, lo que le ocasionó, en palabras del Decreto N° 16.844, «gastos superiores a los exigidos por la movilización», y hubo «familias de reservistas desamparadas por la conscripción»: 102.700 kilos de carne en tres meses. Tercera: se desorganizaron los Tribunales Militares y la Escuela Militar estuvo cerrada dieciocho meses. Son costos institucionales, y no se contabilizan.

El decreto de economías: la doctrina fiscal, en su propia pluma

El 13 de setiembre de 1923, un mes después de declarar terminada la guerra, Eligio Ayala firmó el Decreto N° 16.635, que prorroga la Ley N° 538 de presupuesto con una economía de 11.929.954,76 pesos de curso legal. Es el texto más extenso y más personal que dejó en el Registro, y aparece una sola vez en todo el tomo; las otras veintidós menciones son remisiones o asientos de índice. La fecha la dan el cuerpo del decreto, la Ley N° 579, el Decreto N° 16.869 y otro decreto de noviembre; el índice por materias dice 12, y son cuatro testimonios contra uno. Su primera frase está mutilada por un salto de página del reconocimiento óptico: de ella sobrevive la mención de «un retroceso de más de cinco años en el orden del progreso nacional», única estimación global de daño que el gobierno puso por escrito, ordinal y no monetaria, pero sin el sujeto que diría si el retroceso se imputa a la crisis mundial, a la guerra civil o a las dos.

El diagnóstico trae la primera afirmación documentada de que la recaudación había subido sin crear impuestos: «La depresión económica ha tenido que repercutir, forzosamente, en las Finanzas del Estado, produciendo notoria contracción de los recursos calculados para satisfacer las erogaciones ordinarias de la Administración Pública, si bien cabe mencionar que, en el último ejercicio sin que se aumentase un solo impuesto, la merma del movimiento comercial ha sido compensada en parte con un mayor rendimiento de las recaudaciones, merced a la eficacia de los nuevos procedimientos de percepción puestos en práctica.» El monto de esa mejora no se da; la pieza que lo daría es la Memoria del Ministerio de Hacienda del ejercicio 1922/23, que no se ha encontrado.

Viene luego el método de los meses de guerra, dicho sin eufemismo, que es la confesión más valiosa de todo el período: «En condiciones realmente adversas el Tesoro tuvo que hacer frente a los gastos extraordinarios motivados por la defensa de las instituciones, como eran la compra de armas, municiones, caballos, vestuarios y otras prevenciones, y, al mismo tiempo, proveer al funcionamiento de los servicios públicos que ocasionaban gastos ingentes y perentorios. Para ello ha tenido que proceder a una distribución cuidadosa de las rentas, aplicando un régimen de severa selección en los pagos. Este método, de orden riguroso contribuyó a salvar las dificultades emergentes y características de la anormalidad, pero originó en cambio, el atraso en muchos rubros presupuestados, que no han podido ser cubiertos con disponibilidades exiguas y gravan el crédito del Erario como obligaciones flotantes y exigibles.»

Y enseguida la jerarquía de acreedores, que convierte un argumento contable en un argumento social y es el pasaje que más dice sobre quién era el autor:

«Esas deudas pendientes constituyen motivos de seria preocupación del P. E., no solo por el trastorno financiero que ocasionan, sino también porque muchas de ellas traban la actividad regular de varias instituciones y provocan un notorio malestar social. Entre éstas figuran los haberes de maestros de escuela, de jefes políticos y Jueces de paz y las pensiones de los veteranos sobrevivientes de la Guerra y de multitud de familias pobres y huérfanas con subvenciones heredadas. Todos ellos se hallan atenidos a la retribución que les acuerda el Estado y la falta de pago les ha creado dificultades de vida penosas y afligentes. Si las demandas imperiosas de la pacificación del país fueron causa de que se les pospusiera, hoy, que el Gobierno ha concluído con la subversión debe tratar de obtener los medios con que cancelarles siquiera gradualmente sus créditos impagos.»

— Eligio Ayala, presidente provisorio, Decreto N° 16.635, 13 de setiembre de 1923

Estos dos pasajes juntos confiesan la respuesta a la pregunta de cómo se financió la guerra, y en boca de quien la financió. No se financió con empréstito ni con emisión. Se financió dejando de pagar a maestros de escuela, a jefes políticos, a jueces de paz, a los veteranos sobrevivientes de la Guerra Grande y a las familias pobres y huérfanas con subvenciones heredadas. El costo de la guerra se trasladó, en forma de mora, a los acreedores internos más débiles del Estado, y se canceló después con una economía de 11.929.954,76 pesos arrancada al presupuesto administrativo. Fue una política, no una necesidad, y conviene nombrarla así.

La medida llega con el diagnóstico administrativo que la justifica: «El estudio sereno y analítico evidencia en el Presupuesto defectos de organización, asignaciones insuficientes para el sostenimiento de funcionarios profesionales y honorables, personal excesivo en algunas dependencias y autorizaciones exageradas de créditos. El P. E. corrige estas imperfecciones reorganizando algunas instituciones, mejorando simplemente la situación de otras, suprimiendo empleos y limitando gastos», de tal modo que realiza una economía efectiva de «once millones novecientos veintinueve mil novecientos cincuenta y cuatro pesos con setenta y seis centavos» en el costo de la administración interna del país, «que deberá destinarse a enjugar los déficits apremiantes del ejercicio anterior».

Y la doctrina cabe en dos frases que podrían encabezar toda su gestión: «El P. E., como Jefe responsable de la Administración general del país, considera un deber primordial suyo el orientar su gestión gubernativa hacia el equilibrio del Presupuesto, base de la consolidación de las Finanzas Públicas. Y este Decreto tiende, precisamente, a preparar la aplicación u observancia de ese principio clásico, con cargo de recabar la aprobación del Congreso en cuanto se constituya y reanude sus sesiones.»

El problema de competencia se resuelve con el mismo movimiento que el estado de sitio. Fijar el presupuesto es facultad del Congreso, y el decreto lo reconoce; pero «en la actualidad el Congreso no funciona», y el Ejecutivo tiene la facultad de poner en vigor la ley del ejercicio fenecido cuando la Legislatura no votó la que debía sustituirla. El argumento que cierra el razonamiento es notable: una ley de gastos es «de carácter esencialmente limitativo», de modo que reducirla no la viola, y el Ejecutivo «razonablemente, no podría ejercer esa facultad sin ajustar la Ley caduca a las condiciones angustiosas del Tesoro Público».

El decreto fijó el presupuesto en 926.621,36 pesos oro sellado y 99.449.461,36 pesos de curso legal —la cifra en letras del artículo 2; el cuadro del mismo artículo imprime 99.449.861,36, cuatrocientos pesos más, y la divergencia no se resuelve—, distribuidos por anexos, para regir «desde el 1.° de Octubre del corriente año, hasta que el Congreso sancione nueva Ley de Presupuesto». Lo refrendaron los cinco ministros, y el Congreso reconstituido lo aprobó en el artículo 1 de la Ley N° 579.

Un año después, el presidente Luis A. Riart describió la misma operación desde fuera, en su mensaje al Congreso del 1.° de abril de 1924, y añadió el dato político que el decreto no podía dar: «Terminada la revuelta, el Poder Ejecutivo dictó un Decreto de economías, que disminuyó en cerca de doce millones de pesos de curso legal el monto de las erogaciones autorizadas por la ley. Este Decreto sirvió de base al Presupuesto sancionado por el Congreso en sus últimas sesiones extraordinarias y que está en vigencia. Es digno de mencionarse que en dicha ocasión las Cámaras Legislativas, que gozaban de la fama de usar una prodigalidad dilapidadora, colaboraron con decisión para sostener la política de economía planteada por el Gobierno, como una medida de necesidad, de urgencia y de previsión.»

El estado de sitio y la teoría del receso de hecho

El tomo documenta cinco actos de estado de sitio de 1923 —los Decretos N° 15.900, 16.339, 16.708, 16.789 y 17.215—, más el N° 15.502 del 30 de diciembre de 1922, que sólo se cita. El central es el N° 16.339 del 14 de julio de 1923, que lo declara por tres meses en todo el territorio, refrendado por los cinco ministros. Su exposición de motivos contiene la construcción jurídica más audaz del gobierno de Ayala: «La primera condición jurídica de la aplicación de estas medidas es la declaración legal del estado de sitio. Este estado puede ser declarado por el Poder Ejecutivo, durante el receso de las Cámaras Legislativas, conforme al artículo 102, inciso 17 de la Constitución Nacional, en los casos previstos por el artículo 9 de la misma. Es evidente que el Poder Ejecutivo podrá ejercer esta misma facultad si el Poder Legislativo espontáneamente deja de reunirse para aprobar el proyecto de ley de estado de sitio.»

Sigue la constatación del hecho y el blindaje: «Actualmente las Cámaras de hecho continúan en receso, puesto que el Senado, a pesar de reiteradas e insistentes invitaciones de su presidente, no ha sesionado ni una sola vez hasta hoy, desde que se inició el período de sus sesiones ordinarias, hace tres meses. […] La declaración del estado de sitio en este caso, por el Poder Ejecutivo, no usurpa ni menoscaba en lo más mínimo las prerrogativas y atribuciones de las Cámaras puesto que ellas pueden reunirse libremente, cuando quieran ordinaria y extraordinariamente, y tomar en consideración el decreto para desecharlo si creen innecesario el estado declarado por él.» La Constitución autorizaba al Ejecutivo a declarar el estado de sitio «durante el receso» de las Cámaras. Ayala extendió el concepto del receso de derecho al receso de hecho —un Senado que existe y no sesiona— y blindó la extensión con la reversibilidad.

El Congreso reconstituido se lo convalidó retroactivamente en dos líneas, por la Ley N° 603, que aprueba «los decretos de estado de sitio […] dictados por el Poder Ejecutivo durante el receso del Congreso». Y el estado de sitio no terminó con la guerra: el último decreto del tomo lo prorroga hasta el 10 de marzo de 1924, doscientos diez días —seis meses y veintiséis días— después del licenciamiento. Hay en el mismo decreto un detalle que pertenece a la economía y no al derecho constitucional. Entre los bienes que la medida protege, el texto nombra uno: sin ella «podrían reorganizarse los grupos sediciosos dispersos y prolongar el estado de convulsión que tan hondamente lesiona la economía nacional». La economía aparece, en un decreto de estado de sitio, como razón de la medida.

Un gesto se repite dos veces con la misma fórmula. El 24 de marzo de 1923, Eusebio Ayala levantó el estado de sitio por veinticuatro horas para las elecciones del 1.° de abril, «a objeto de asegurar al electorado nacional que tome parte en ellas la más amplia libertad en el ejercicio del derecho de sufragio, rodeándolo de las garantías legales». El 27 de setiembre, Eligio Ayala hizo lo mismo para las elecciones del 30, reproduciendo palabra por palabra esa fórmula. La continuidad de redacción entre los dos gobiernos es, en sí misma, un dato.

Cómo se resolvió: seis leyes en tres semanas, y ninguna de perdón

La fecha oficial del fin de la guerra la fija el propio gobierno: el 13 de agosto de 1923, en el decreto de licenciamiento cuyo encabezamiento es la declaración de término. El licenciamiento tuvo dos tiempos. Uno parcial, el 4 de enero de 1923, retenía «el personal de Oficiales y tropas de la reserva que considere necesario, para proseguir las operaciones de pacificación completa de la República»; el general llegó el 13 de agosto. Ese mismo día Eligio Ayala firmó el decreto que convocaba a elecciones de representantes: licenciamiento del ejército y convocatoria electoral en la misma fecha.

Las palabras «amnistía» e «indulto» tienen cero ocurrencias en las 142.233 líneas del tomo de 1923, y la búsqueda se repitió. No hay ley, no hay decreto, no hay mención. Un resultado negativo de esa magnitud es un dato, y el Registro no sólo calla: legisla en sentido contrario, dos veces. La primera es el artículo 5 de la Ley N° 601, ya visto: sólo cobran subsidio quienes comprueben haber actuado «en las fuerzas legales». La segunda es la Ley N° 606, sancionada el 20 de diciembre de 1923 y firmada por Eligio Ayala y Luis A. Riart, que es la pieza decisiva:

«1.°) No podrán en caso alguno acogerse a los beneficios de esta ley ninguna persona civil o militar acusada o sindicada de haber participado como autor moral o material en la última rebelión 1922-1923.

2.°) La Junta Administrativa de Reclamos, para constatar la participación mencionada en la disposición anterior, y en cada caso de reclamo, solicitará de los Jueces de Instrucción en lo Criminal y de Instrucción Militar sobre si el titular del mismo está procesado o nó por dicho motivo. […]

4.°) La resolución denegatoria recaída en estos reclamos, no enervará el derecho de recurrir a los tribunales ordinarios en demanda de los mismos.»

— Ley N° 606, 20 de diciembre de 1923

Dos cosas hay que subrayar en este texto. La primera: es lo contrario de una amnistía, es una inhabilitación patrimonial, y el estándar no es la condena sino la sospecha. Quien fuera «acusado o sindicado» queda excluido «en caso alguno» de cobrar por los suministros que le hubieran tomado o los daños que hubiera sufrido. La verificación se monta por cuatro vías paralelas: además de los jueces criminales y de instrucción militar, la Junta debía pedir «el mismo informe a los Ministerios del Interior y de Guerra y Marina y a la Jefatura de Policía de la Capital». Sólo el inciso 4 modera, al dejar abierta la vía judicial ordinaria: es una moderación técnica, no una reconciliación.

La segunda cierra el examen de la premisa Schaerer. El Congreso de diciembre de 1923 creó expresamente la figura del «autor moral» de la rebelión —el lugar jurídico exacto donde cabría un financista civil, un político instigador, un empresario patrocinador— y en todo el tomo no hay un solo nombre calificado de tal. El Estado paraguayo construyó la casilla y no puso a nadie dentro por escrito. Es la prueba por el instrumento disponible y no usado: si había un financista identificado, el aparato legal para nombrarlo existía, se había creado ese mismo mes, y no se lo nombró.

La reparación que sí hubo tiene tres regímenes, escalonados por nacionalidad y por lealtad, y es una decisión de economía política. La Ley N° 602 autoriza pagar íntegros «los créditos de los súbditos extranjeros provenientes de perjuicios sufridos durante la última rebelión y que se hallan amparados por tratados internacionales vigentes»; al damnificado del Mercado de Frutos, hasta un tercio de lo que fije la Junta; y a los sindicados de rebelión, por la Ley N° 606, nada. Además, el artículo 3 de la Ley N° 602 ordena al Ejecutivo «hacer uso de las facultades de contraer préstamos que le acuerda la Ley de Presupuesto»: para la guerra se usó el artículo 7.º y el gasto de rentas generales sin autorización previa; para las reparaciones, el Congreso impuso el crédito.

La secuencia legislativa es de un rigor deliberado, y vista junta dice más que cada pieza: Ley N° 577 del 30 de noviembre, que crea la Junta de Reclamos; Ley N° 601 del 19 de diciembre, subsidios sólo a las fuerzas legales; Ley N° 602 del 19, indemnizaciones con tres regímenes; Ley N° 603, que ratifica los estados de sitio; Ley N° 604 del 19, que ratifica los setenta y seis decretos; Ley N° 606 del 20, que excluye a los rebeldes de toda reparación. Seis leyes en tres semanas que liquidan la guerra sin perdonar a nadie.

El resultado negativo sobre los vencidos se verificó nombre por nombre: en todo el tomo de 1923 no hay un solo decreto que reincorpore a ninguno de los cincuenta oficiales separados por el Decreto N° 15.681. Hay cuatro reincorporaciones de militares en el año, y las cuatro son de oficiales que sirvieron en las fuerzas legales, con la antigüedad computada desde el 27 o el 29 de mayo de 1922; una lleva la fórmula expresa «anótese en su antigüedad el tiempo servido en las filas legales». La separación del 5 de febrero, anotada retroactivamente al día del alzamiento, no se revirtió en 1923.

De los exiliados no hay disposición alguna: el único exiliado con nombre y dirección del tomo es un teniente que había desertado de la rebelión antes del primer ataque a la Capital y al que se dio de baja por residir en el extranjero sin permiso, en la calle Jufré 567 de Buenos Aires. La suerte de los vencidos —procesos, condenas, exilio— no está en el tomo de 1923, y es uno de los mayores agujeros de esta historia: las causas que instruyeron Estigarribia y Arturo Bray son la fuente.

El año de la bisagra, en cifras

Lo que hace de 1923 una bisagra no es la guerra sino lo que pasó con la economía mientras la guerra terminaba. Dos series lo muestran, y conviene mirarlas con cuidado porque la segunda desmiente una lectura fácil de la primera.

Cuadro 5. Comercio exterior y balanza comercial del Paraguay, 1920-1928 (miles de pesos oro sellado)

Año Exportaciones Importaciones Balanza
1920 7.540 6.513 +1.027
1921 6.081 5.016 +1.065
1922 9.896 5.684 +4.212
1923 12.471 8.571 +3.900
1924 8.914 15.684 −6.670
1925 15.666 17.652 −1.986
1926 15.497 12.205 +3.292
1927 14.282 11.977 +2.305
1928 15.886 14.305 +1.581

Fuente: Juan Carlos Herken Krauer, La política económica durante la era liberal, Cuadros 10 y 11. Desvío declarado: 8.914 menos 15.684 da −6.770, y el Cuadro 11 imprime −6.670; los otros cuarenta años de la serie cierran exactamente. Uno de los tres números está mal y no se corrige. Advertencia del propio autor: hasta 1922 los registros oficiales dan valores aduaneros y desde entonces estimaciones del valor de mercado, «lo que hace incoherente a la serie completa»; ninguna tasa de crecimiento que cruce 1922 es legítima sin declararlo.

Para 1921 hay una divergencia que se declara y no se promedia. Herken da exportaciones de 6.081 e importaciones de 5.016 miles de pesos oro sellado; el mensaje de Riart de abril de 1924 da 9.316.951 y 8.358.922 pesos oro. Para 1922 y 1923 las dos fuentes coinciden al peso; para 1921 discrepan en más del cincuenta por ciento. La nota del Cuadro 10 ofrece la explicación: el cambio de criterio de valor aduanero a valor de mercado a partir de 1922, que es exactamente el corte de serie que el propio Herken advierte.

La caída de 1924 no es un accidente sino la predicción de un mecanismo, y Herken lo nombra. La fijación del tipo de cambio en 1923 fue una devaluación de facto del papel paraguayo, y toda devaluación produce primero déficit comercial y después superávit: «en el corto plazo, el primer efecto de una devaluación no es un saldo positivo en la balanza comercial, sino un saldo negativo. Este efecto, conocido hoy en la teoría económica como "el efecto de curva J" —primero déficit, después superávit— descansa en parte en elasticidades diferentes para exportaciones e importaciones, tanto en función de los precios relativos como en función del nivel de ingreso». La secuencia está en los datos: +4.212 y +3.900 antes de la reforma; −6.670 y −1.986 en los dos años siguientes; +3.292, +2.305 y +1.581 después. Es una de las pocas veces en que el anexo estadístico de Herken confirma sin reservas una afirmación de su propio texto.

Sobre el campo, la guerra dejó una marca visible y breve. El área cultivada cayó de 94,00 a 85,60 miles de hectáreas entre 1922 y 1923 —un 8,9 %— y en 1925 llegó a 114,50 miles de hectáreas, máximo absoluto de toda la serie 1900-1932 del Cuadro 13 de Herken. Riart lo describió en su mensaje con una frase que vale como resumen del año: «La agricultura ha contribuido poderosamente para salvar al país. A pesar de los trastornos causados en la campaña por la revuelta, se ha cultivado, extensamente, en las zonas de labor y se ha notado un acrecentamiento sorprendente de la producción agraria. El desarrollo del cultivo del algodonero, tan inesperado como oportuno, ha superado las previsiones más optimistas.» Ese algodón es el detonante de la reforma cambiaria que cuenta la parte 12 de esta serie, y tiene en el mismo tomo su correlato institucional: la Ley N° 600 de diciembre de 1923 creó una «Sección Científica Algodonera» anexa al Jardín Botánico de la Capital.

El ejercicio 1923-24 cerró con el primer superávit del Estado paraguayo desde 1917 medido sin emisión monetaria: +0,72 millones de pesos oro sellado. Los ingresos pasaron de 2,86 a 4,49 millones, un 57,0 % más en un solo ejercicio, y la emisión aportó cero por primera vez desde 1919. Aquí hay que resistir una tentación interpretativa: es cómodo presentar ese superávit como efecto del decreto de economías de setiembre, y no lo es, o no principalmente. Sobre el mismo Cuadro 7 de Herken, los egresos del ejercicio 1923-24 fueron un 6,5 % superiores a los del anterior, medidos en oro. El decreto redujo lo autorizado, no lo gastado, y además rigió desde el 1.° de octubre. El cuadro atribuye el vuelco al lado de los ingresos. Cómo subieron los ingresos un 57 % sin crear un solo impuesto es la pregunta de la parte 12 de esta serie.

El contrafáctico: cuatro alternativas, y la que se usó

La pregunta de qué otra cosa podía haberse hecho tiene aquí una ventaja poco común: las alternativas no hay que inventarlas, porque están formuladas en la época, con autor y con texto. Son cuatro, y hay una quinta que se usó y que nadie discutió. Para cada una se dan las cifras que permiten medirla, con el supuesto escrito y lo que lo invalidaría.

Primera alternativa: el empréstito

Estaba descartado por escrito antes de la guerra, y por dos presidentes. El mensaje de José P. Montero arranca citando al presidente Manuel Franco —«dos son los medios que pueden utilizarse para estabilizar la moneda: el empréstito o el impuesto, pero lo primero no es seguro y lo segundo demanda tiempo»— y sigue en su propia voz: «Pues bien, la cuestión se plantea hoy en los mismos términos. La ayuda exterior es posible, pero no hay que hacer descansar las esperanzas en ella. Menester es buscar la solución a expensas de nuestras propias fuerzas». La distinción de voces importa, porque la cita encadenada invita a atribuirle a Franco frases que son de Montero.

Y el texto que sigue es la clave del contrafáctico, porque propone que las clases capitalistas financien al Estado y da por descontado que no lo harán: «Fuera preferible que las clases capitalistas del país acudieran a facilitar de modo espontáneo al Gobierno los recursos que necesita, en forma de un préstamo interno garantido, ya que son ellos los que se beneficiarán en mayor proporción de la solución del problema. Pero como esto parece improbable, la creación de impuestos de rendimiento seguro y abundante —aun cuando fueran percibidos en un plazo de varios años— es inevitable».

Herken lee ese texto como lo que es: «una advertencia a los sectores económicos claves de que son ellos los que deberán contribuir a generar los recursos que el estado necesita para estabilizar el tipo de cambio. Si no por propia voluntad, en forma de impuestos directos». Y añade el dato que vuelve biográfica esta discusión: la misma línea llega al mensaje de Gondra, que «transpira, por otra parte, la ya notoria influencia de su Ministro de Hacienda, Eligio Ayala».

De ahí puede inferirse —y es una inferencia— que cuando estalló la guerra el ministro que tendría que pagarla ya estaba dentro de la opción de descartar el empréstito y preferir el impuesto. Lo documentado es la influencia sobre el mensaje de Gondra, no una participación de Ayala en el mensaje de Montero de 1920, anterior a su ministerio. Hay aquí, además, un argumento de plausibilidad sobre la premisa Schaerer: un cuerpo empresarial al que el Estado de 1920 consideró pedir prestado y del que dio por descontado que no prestaría en tiempo de paz es poco verosímil como financista de una guerra civil tres años después. Es un argumento, no una prueba.

Las cifras miden la alternativa. Lo que habría que haber pedido prestado son los diez millones de pesos del gasto identificado; sobre una deuda interna flotante previa de dieciséis millones, un empréstito de diez la habría aumentado un 62,5 %. Lo único que el gobierno pidió prestado en toda la guerra fueron los cien mil pesos oro del anticipo del Decreto N° 16.054, que a 42,61 equivalen a 4.261.000 pesos de curso legal (4.262.000 a 42,62), el 42,6 % del gasto identificado; pero no son un empréstito de guerra sino un crédito de caja a corto plazo contra bonos.

Y «lo primero no es seguro» tiene su medida: el empréstito de 1.250.000 libras autorizado por la ley de noviembre de 1912 seguía sin concretarse en abril de 1915, y Herken registra que Schaerer lo seguía negociando entonces. El cuadro de Deuda Pública anexo a la Ley N° 579 consigna que de ese empréstito se emitieron 440.320 libras, por decreto N° 2391 del 30 de setiembre de 1914, y que en el ejercicio 1923/24 se le seguía pagando una cuota anual de 133.154,28. La fecha de la ley de 1912 tiene tres versiones —27 de noviembre en ese cuadro, que es la fuente oficial de mayor jerarquía; 28 en el texto de Herken; 18 en la cita de Schaerer que Herken transcribe— y no se promedian. Lo que sigue sin saberse es si hubo emisiones posteriores a esas 440.320 libras entre 1915 y 1922; lo dirían los mensajes presidenciales de esos años y el Cuadro 4 de deuda externa del anexo de Herken, cuyas filas de 1909 a 1925 están en blanco.

Segunda alternativa: la emisión

Es el contrafáctico más potente, y tiene la virtud de haber sido realizado: se hizo diez años antes, y lo hizo el hombre a quien la tradición atribuye haber financiado la revolución de 1922. Herken describe el mecanismo: «Schaerer, apremiado a su vez por ingentes deudas internas —la mayor parte de la misma, por otra parte, en papel moneda— no encuentra mejor solución que la de hacer uso casi indiscriminado de la emisión monetaria, cuyo monto se triplica de 1912 a 1916, pasando de 35 millones de pesos c/l, a 125 millones pesos c/l para fines de 1916. […] No sorprende, consecuentemente, que la tasa de cambio del papel moneda paraguayo se dispare de 15,19 c/l por unidad de oro sellado, en 1912, a 32,11 en 1916.» Y señala el efecto: «la desvalorización en "términos oro" de la deuda interna del estado», en un momento en que, para 1914, más de dos tercios de la deuda interna consolidada y casi la mitad de la flotante estaban en papel moneda.

El resultado de medirla es contundente. Schaerer aumentó la emisión en noventa millones de pesos de curso legal en cuatro años: 22,5 millones al año. El gasto de guerra de Eligio Ayala —unos diez millones en catorce meses y medio, algo más de ocho millones al año— equivale al 36,8 % de ese ritmo. La guerra de 1922-1923 era financiable con emisión a menos de la mitad del ritmo practicado en 1912-1916: la opción existía y era holgada. El precio de aquella vía también se mide: entre 1912 y 1916 la cotización del oro subió un 111,4 %, lo que equivale a una depreciación del 52,7 % del papel; son la misma cosa vista desde los dos lados. De 1916 a 1923 el alza acumulada fue del 32,7 %, una depreciación del 24,7 %: 1922-1923 no registra nada parecido a la etapa emisionista, lo que es compatible con que la guerra no se financiara emitiendo.

Existe, además, la prueba documental directa de que la emisión estaba disponible y no se usó para la guerra, y es un solo decreto. El 3 de enero de 1923, en plena guerra civil, el Decreto N° 15.509 autorizó a la Oficina de Cambios a poner en circulación billetes impresos por la American Bank Note Company de Nueva York, por unos 29,2 millones de pesos de curso legal según los rangos de numeración, y exclusivamente para el canje conforme a la Ley N° 182, no para el Tesoro. Esa autorización es 2,92 veces todo el gasto de guerra identificado y 2,45 veces la economía presupuestaria de setiembre.

La imprenta funcionaba, el papel estaba impreso, y no se desvió un peso a la guerra. Dos advertencias: el canje es sustitución de circulante y no emisión neta, de modo que los 29,2 millones no son dinero nuevo, y lo que el dato mide es la capacidad material e institucional de emitir; y el propio decreto diverge consigo mismo, porque las cantidades de billetes que enuncia en letra suman 29.964.500 pesos y los rangos de numeración 29.200.000, cifra que se usa por ser la que se verifica a sí misma y que debería cotejarse con el impreso original.

Tercera alternativa: el impuesto

No es contrafáctica, porque es la vía que se tomó. Herken lo dice sin rodeos: «En 1923 se inicia la nueva política monetaria de Eligio Ayala, quien parecía no ser muy amigo de confesar en público sus intenciones reales. Él sigue, de hecho, la línea ya sugerida por Manuel Franco de intentar una solución del problema de la cuestión monetaria vía la presión impositiva, y con una concentración de los recursos metálicos del estado a través de la Oficina de Cambios.» Su instrumento de fondo, que Herken documenta para la etapa previa, es el depósito compulsivo en oro del 30 % de los ingresos por exportaciones de cuero, tabaco, yerba, extracto de tanino y ganado en pie, más la revalorización de los aforos: cargar la estabilización sobre los exportadores.

De ahí sale la única hipótesis que daría a la premisa Schaerer un motivo económico con nombre, y hay que marcarla como no verificada. Si hubo intereses de negocios perjudicados por este gobierno, eran los exportadores sometidos al depósito compulsivo del 30 % en oro; ése sería el móvil económico a investigar detrás de una revuelta. Las fuentes no ofrecen ninguna evidencia de que lo fuera: ni un reclamo, ni una gestión, ni una mención. Queda como hipótesis de trabajo, y el lugar donde se probaría o se descartaría son los informes consulares británicos y los despachos del Departamento de Estado de 1922-1924.

Cuarta alternativa: la negociación política

El Registro no contiene rastro de ella: la búsqueda de tregua, mediación, pacto, conferencia de paz y arreglo no da resultados pertinentes. La única alternativa de negociación identificada está en la prensa y es previa al estallido: según la nota de Gamarra Doldán, el Congreso, «con fuerte peso de políticos schaeristas», votó la convocatoria a elecciones inmediatas, y Eusebio Ayala vetó el proyecto «por considerarlo muy apresurado». El contrafáctico de la época es, entonces, qué habría pasado si Eusebio Ayala no hubiera vetado la ley de elecciones inmediatas. La cifra que permite medirlo es toda esta página: unos diez millones de pesos de curso legal, 443 días de guerra y 11,9 millones de recorte presupuestario como precio de ese veto. Se da con la jerarquía de la fuente declarada —una nota de divulgación sin fuentes— y con lo simétrico: ni el proyecto de ley ni el mensaje de veto se han localizado.

La quinta vía: la que se usó

La quinta vía no es una alternativa sino el contrafáctico invertido, y hay que nombrarla como una política y no como una necesidad. Tiene tres componentes, los tres documentados: gastar sin autorización previa al amparo del artículo 7.º —setenta y seis actos en catorce meses—; no pagar, mediante «un régimen de severa selección en los pagos» que dejó impagos a los maestros, los jefes políticos, los jueces de paz, los veteranos y las familias pensionadas; y recortar después once millones novecientos mil pesos del presupuesto administrativo para cancelar el atraso.

Cuadro 6. La secuencia completa del financiamiento de la guerra civil

Etapa Instrumento Magnitud
1. Gastar Setenta y seis decretos al amparo del art. 7.º, de rentas generales ≈ 10,0 millones $c/l (4.427.292,50 $c/l + 130.776,53 $o/s + 945.700 $m/ch + 31.048,41 $m/a)
2. No pagar «Severa selección en los pagos» Deuda flotante y atrasos: monto no cuantificado
3. Pedir prestado, lo mínimo Anticipo en cuenta corriente del Banco de la República 100.000 $o/s = 4.261.000 $c/l a 42,61 (4.262.000 a 42,62)
4. Recortar Decreto N° 16.635, economía sobre el presupuesto administrativo −11.929.954,76 $c/l
5. Reparar con crédito Ley N° 602, art. 3 Monto no fijado: la Junta no resolvió un solo reclamo en 1923
6. No indemnizar a los vencidos Ley N° 606, inciso 1 Cero

Fuente: Registro Oficial de la República del Paraguay, 1923; conversiones del oro a 42,61. El recorte de 11.929.954,76 cubre 1,19 veces el gasto identificado de 10.000.988,21 (a 42,62; a 42,61 el cociente es el mismo hasta la segunda cifra). Las dos magnitudes son del mismo orden pero no son conmensurables —pagos contra autorizaciones— y el gasto es un piso. No se presentan como identidad contable.

Las tensiones, resueltas

Esta historia deja abiertas ocho contradicciones. Se enumeran, se dice cuál término es verdadero cuando puede decirse, y se declara lo que queda pendiente de prueba.

Primera. ¿Organizó Schaerer financieramente la revolución? Resuelta en contra, con las fuentes disponibles. Contra la afirmación hay un resultado negativo de barrido exhaustivo —una sola mención en el Registro de 1923, y es un pasaje de barco—, una imputación oficial de cincuenta militares sin un civil, una categoría legal de «autor moral» creada y dejada vacía, y la atribución de época a Chirife y los colorados por la voz más próxima al gobierno vencedor. A favor hay dos frases sin fuente. El término verdadero es que no está documentado. Pendiente: los informes políticos anuales británicos de 1922-1924 (FO 371) y la serie 834.00 del Departamento de Estado.

Segunda. ¿Es la crisis la causa de la revolución, o la revolución la causa del déficit? No resuelta, y la divergencia es interna a un mismo autor: Herken afirma las dos cosas y, en un tercer lugar, que concurren. Se citan por separado. Lo que sí se resuelve es el mecanismo: un Estado que llevaba medio año sin pagar sueldos, probado por dos fuentes independientes para la administración civil y por una sola, secundaria, para los militares; y documentado por el propio Registro, con actos, para los movilizados durante la guerra.

Tercera. ¿Cuánto costó la guerra? Resuelta como piso y no como total. Diez millones de pesos de curso legal es lo que el tomo de 1923 permite sumar; el 72,4 % de los actos del gobierno de excepción es de 1922 y no está publicado. Pendiente: el tomo de 1922 del Registro Oficial.

Cuarta. ¿Cuántos murieron? No resuelta, y el resultado negativo es un hecho: el Registro no da ninguna cifra. Hay dos muertos con nombre, una escala de tarifas sin beneficiarios y dos estimaciones externas incompatibles que no se promedian. Pendiente: el padrón de la Ley N° 601, cerrado el 21 de junio de 1924, y el presupuesto de 1924/25.

Quinta. ¿Financió la guerra el recorte, o el recorte pagó la guerra? Resuelta: el recorte es posterior y es del orden de 1,19 veces el gasto identificado. La guerra se financió con mora y se canceló con recorte; el orden importa y es éste. Queda declarado que el recorte fue de autorizaciones y que los egresos del ejercicio siguiente subieron un 6,5 %, de modo que la cobertura es de orden de magnitud y no una identidad contable.

Sexta. ¿Produjo la guerra civil al conductor del Chaco? Resuelta en lo que puede resolverse. Está probada la secuencia de personas y de confianza política, y la secuencia acción-ascenso-mando por la numeración de los decretos. No está probada ninguna conexión técnica de doctrina. Pendiente: el programa de la cátedra de Táctica de 1924.

Séptima. ¿Hubo un interés de negocios alrededor de esta guerra? Resuelta, y en dirección contraria a la esperada: el único interés de negocios documentado decreto por decreto es el del proveedor del ejército legal, Manuel J. Uriarte, que concentró el 39,5 % del gasto de guerra en moneda nacional (el 31,1 % en la cifra depurada). Las fuentes no dicen nada más de él, y es una línea abierta.

Octava. ¿Podía haberse financiado de otro modo? Resuelta: sí, y la vía estaba a mano. La emisión habría bastado a menos de la mitad del ritmo de 1912-1916, y la imprenta estaba funcionando en enero de 1923 para el canje. Que no se usara no fue una imposibilidad técnica: fue una decisión, y está escrita en los decretos de quien la tomó.

Fuentes de esta página

  • Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1923 (Diario Oficial; sección «Decretos reservados» del Diario Oficial N° 855, 8 de noviembre de 1923; cuadro de Deuda Pública anexo a la Ley N° 579). Leyes N° 577, 579, 600, 601, 602, 603, 604 y 606 de 1923.
  • Juan Carlos Herken Krauer, La política económica durante la era liberal, 2.ª ed., Berlín, 2019 (Cuadros 1, 7, 10, 11 y 13 del anexo estadístico).
  • Juan Carlos Herken Krauer, «Crecimiento económico en el Paraguay. La herencia de las dos guerras: 1864-70 / 1932-35», en Fernando Masi y Dionisio Borda (eds.), Estado y Economía en Paraguay 1870-2010, CADEP, Asunción, 2011.
  • Juan Carlos Herken Krauer, Ferrocarriles, Conspiraciones y Negocios en el Paraguay, Arte Nuevo Editores, Asunción, 1984.
  • Cónsul Oliver a Sir Edward Grey, Annual Political Report, Paraguay, 1912, Buenos Aires, 27 de enero de 1913, Public Record Office, Foreign Office 371/1705 (citado por Herken Krauer).
  • Ricardo Caballero Aquino, La guerra civil de 1922, El Lector, Asunción, 2013 (Colección Guerras y Violencia Política en el Paraguay N° 10).
  • Alfredo M. Seiferheld, Economía y Petróleo durante la Guerra del Chaco, Asunción, 1983.
  • Paul H. Lewis, Paraguay bajo Stroessner, Fondo de Cultura Económica, México, 1986 (ed. original en inglés, 1980).
  • Gustavo A. Riart, El Dr. Luis A. Riart y la Defensa del Chaco, edición del autor, Asunción, 1987.
  • Mensaje del presidente provisional José P. Montero, 1920 (Mensajes Presidenciales, t. I, p. 406, citado por Herken Krauer); mensaje del presidente Luis A. Riart al Congreso, 1.° de abril de 1924 (extractos).
  • Pedro Gamarra Doldán, «A 100 años de la Revolución de 1922», El Nacional, Asunción, 2022; ABC Color, «Revolución del 22, reflejo de un aforismo marxista».
  • Archivos donde se resolverían las cuestiones abiertas: The National Archives (Kew), series FO 371 y FO 118; National Archives de los Estados Unidos, RG 59, serie decimal 834.00; Registro Oficial de la República del Paraguay, años 1922 y 1924.

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