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Observatorio Económico · FCCAE-UC← Historia económica
Carlos A. Pedretti · vida y obra económica

Segunda parte · La moneda que heredó, 1885-1940

CAPÍTULO N° 07

Febrero de 1936

La liquidación de la Oficina de Cambios y el aparato que se heredó

Lectura de unos 58 minutos · 42 notas

Entre la Ley N° 550 del 25 de octubre de 1923 y el Decreto N° 11 del 22 de febrero de 1936 cabe entera la vida útil del primer régimen monetario paraguayo que funcionó. Esta página lo sigue de un extremo al otro: qué hacía la Oficina de Cambios, por qué dejó de hacerlo durante la Guerra del Chaco y cómo el gobierno surgido del golpe del 17 de febrero de 1936 la liquidó en cinco días y levantó en tres semanas un aparato de control cambiario rodeado de frenos que después se perdieron. Y quiénes lo construyeron, y qué recibió de él Pedretti en octubre de 1940.

Qué hizo la Ley 550: de la entrega parcial a la compra y venta ilimitadas

El régimen que la Ley N° 182, sancionada el 26 y promulgada el 28 de enero de 1916, había puesto en pie era un régimen de entrega parcial. El exportador de cuero, tabaco, yerba y tanino debía ceder a la Oficina de Cambios hasta el 20 % del precio corriente de su mercadería —el 30 % desde la Ley N° 258 de 1917, que sumó además el ganado en pie—, y el resto de sus divisas quedaba en el mercado. La Oficina intervenía en el precio de la divisa, pero no lo monopolizaba. Y el artículo 10 de la ley fundacional había dejado el ancla en blanco: dotaba un fondo de conversión de 600.000 pesos oro y remitía «la fecha y el tipo de la conversión» a una ley futura que tardó siete años en llegar.1 La historia de ese primer tramo se cuenta en La Oficina de Cambios; aquí interesa el salto que vino después.

La Ley N° 550, sancionada el 23 y promulgada el 25 de octubre de 1923, es esa ley postergada, y lo que hace es de una naturaleza distinta. No aumenta el porcentaje de la entrega: cambia el mecanismo. Faculta a la Oficina a emitir sin límite contra la compra de divisas y a retirar circulante sin límite contra su venta, a un tipo fijo de 18,75 pesos de curso legal (c/l) por peso papel argentino, equivalente a 42,61 pesos c/l por peso oro sellado (o/s), a razón de 2,2727 pesos argentinos por peso oro. Conviene precisar los dos términos desde ahora: el peso de curso legal era el billete que la ley obligaba a aceptar en pago, la moneda que circulaba; el peso oro sellado era una unidad de cuenta definida en oro, que no circulaba y en la que se expresaban los aranceles y buena parte de las obligaciones del Estado. La fijación de 1923 no consagró el valor que el mercado daba al peso, sino uno inferior: la tasa implícita de mercado era de 15,22 pesos por peso argentino, de modo que la paridad fue, en rigor, una devaluación forzada. Con la nueva ley, la institución deja de ser un agente que participa en el mercado y se convierte en una regla: cualquiera puede llevarle divisas y recibir papel al tipo establecido, y cualquiera puede llevarle papel y recibir divisas al mismo tipo. La cantidad de dinero deja de ser una decisión y pasa a ser un resultado.2

Los economistas llaman patrón de cambio-oro a un régimen así: la moneda local no se convierte directamente en oro, sino en otra moneda —aquí el peso argentino— que a su vez sí era convertible en oro. Y llaman caja de conversión a la institución que lo administra cuando su única facultad es cambiar billetes por divisas y divisas por billetes a un precio fijo. La Oficina de Cambios de 1923 era exactamente eso, con algunas funciones fiscales agregadas.

Una ley sustituta

Conviene detenerse en la genealogía política de la Ley 550, porque no fue el diseño preferido de nadie. El proyecto que Eligio Ayala presentó al Congreso el 5 de abril de 1922 no era éste: era la creación de un banco central de tres secciones —emisión, bancaria y de fomento—, que la Cámara de Diputados no llegó a estudiar. La Ley 550 es lo que se hizo cuando eso no salió: ante la negativa del Congreso, el Ejecutivo eligió el camino más expeditivo, que era fortalecer la Oficina de Cambios. La secuencia se repetiría. Según el relato que el propio Pedretti hizo en su conferencia del 14 de setiembre de 1944, el proyecto de 1926, aprobado por la Cámara de Diputados, quedó encajonado en el Senado; y en 1930, rechazado otra vez el banco central, la Ley N° 1.170 volvió a ampliar por ley ordinaria las facultades de la Oficina.3 El primer régimen monetario paraguayo que funcionó nació, pues, como sustituto de uno más ambicioso que no pasó. Esa carencia de origen —una regla sin banco— reaparecerá como la segunda de sus grietas, y no se corregirá hasta 1944 (véase El Banco del Paraguay).

La aritmética del automatismo

Un régimen así tiene una propiedad que conviene enunciar con cuidado, porque de ella dependen a la vez su eficacia y su fragilidad. El balance del emisor se expande y se contrae con la balanza de pagos, y con nada más. Si el país exporta más de lo que importa, entran divisas, la Oficina las compra, emite contra ellas y la cantidad de dinero crece; si importa más de lo que exporta, salen divisas, la Oficina las vende, retira el papel que recibe a cambio y la cantidad de dinero cae. Dicho en una línea: la variación del circulante es igual al tipo fijo multiplicado por la diferencia entre las divisas compradas y las vendidas. El tipo de cambio no se mueve porque no tiene por qué moverse: el ajuste lo hace la cantidad.

De ahí se sigue lo primero que hay que decir sobre este régimen: su eficacia no dependía de que el emisor fuera hábil, sino de que fuera pasivo. No había margen para el error de juicio porque no había juicio: había una regla. Y no había manera de financiar al Tesoro con el instrumento, porque el instrumento sólo emitía contra divisas efectivamente recibidas. Ésa es la razón profunda por la cual la disciplina fiscal de los años veinte puede medirse y no sólo suponerse: durante nueve ejercicios consecutivos, de 1923/24 a 1931/32, la emisión como recurso presupuestario es cero, con la única excepción de 0,01 millones en 1928/29, que es un redondeo.4 No es que el gobierno de Ayala eligiera cada año no emitir: es que el régimen que él mismo había puesto en pie no se lo permitía sin pagarlo en reservas, y las reservas se veían.

La magnitud de la expansión que el automatismo produjo la da, con inesperada precisión, el propio Pedretti en su conferencia del 13 de octubre de 1943. Al reconstruir la historia de las emisiones paraguayas dice que al iniciarse en 1923 el período de estabilización las emisiones a cargo de la Oficina de Cambios sumaban 161.525.960 pesos, y que «desde dicho año hasta 1932, la mencionada institución emitió un total de 294.900.000 de acuerdo con sus facultades legales», de modo que al estallar la guerra con Bolivia las emisiones ascendían a 456.425.960. Los tres números merecen leerse juntos: en nueve años, con el tipo de cambio clavado, la circulación paraguaya casi se triplicó. Y la calificación que Pedretti agrega es decisiva: «de acuerdo con sus facultades legales». No era emisión inorgánica —así llamaba él a la de antes de 1916 y a la de después de 1932—; era el automatismo funcionando, el reflejo monetario de una década de superávit externo.5

Cuadro 7.1. Las emisiones de la Oficina de Cambios según Pedretti (1943), en pesos de curso legal
MomentoConceptoPesos c/l
1923Emisiones a cargo de la Oficina al iniciarse la estabilización161.525.960
1923-1932Emitido «de acuerdo con sus facultades legales»294.900.000
1932Total al estallar la guerra456.425.960
1935Total al terminar la guerra1.251.945.400

Fuente: Carlos A. Pedretti, «La Reforma Monetaria», conferencia del 13 de octubre de 1943, en El Régimen Monetario Orgánico de la República del Paraguay, Asunción, Editorial Guarania, 1943, p. 28. Las tres primeras cifras cierran exactamente; la aritmética del párrafo siguiente de la misma página no cierra por unos diez millones y medio, discrepancia que se consigna sin resolver.

Las tres grietas del diseño

El régimen funcionó nueve años y se derrumbó en tres. Conviene ordenar por qué, porque las tres razones son de naturaleza distinta y sólo una de ellas es imputable a sus autores.

La primera grieta es el ancla, y es ajena. La unidad de referencia no era el oro sino el peso papel argentino, y la relación con el oro sellado se mantenía por la vía indirecta de una constante. El resultado fue que el Paraguay importó todas las oscilaciones del vecino. Pedretti lo midió en 1943: «durante el período 1923-1932 llamado de estabilización de nuestra moneda, el promedio anual del valor del peso fuerte acusaba variaciones que llegaron al 44 % con relación al oro, a causa de las fluctuaciones del patrón, o sea del peso argentino frente al oro». Un régimen de tipo fijo cuyo valor real varía un 44 % no estabiliza: traslada. La misma objeción de fondo —que el sistema paraguayo no era un verdadero patrón de cambio-oro— la formularon Triffin y el jurista César López Moreira.6 Cuando la Argentina abandonó la convertibilidad el 11 de diciembre de 1929, el ancla dejó de existir y nadie la sustituyó. El proceso entero, del patrón oro a la libra, el dólar y el peso argentino, se sigue en El derrumbe del orden monetario.

La segunda grieta es institucional, y ésa sí es imputable al diseño. La Oficina de Cambios no era un banco central: no descontaba documentos de los bancos, no era prestamista de última instancia —la institución que, en una crisis de liquidez, presta a los bancos solventes para evitar que la corrida se convierta en quiebra—, no supervisaba a la banca y no tenía instrumentos para actuar sobre el crédito. Era una caja de conversión con funciones fiscales agregadas. Ésa es exactamente la carencia que Ayala quiso corregir en 1922, en 1926 y en 1930, y que el Congreso no le permitió corregir las tres veces. Cuando llegó la crisis, el país tenía una regla y no tenía un instrumento.

La tercera grieta es la decisiva, porque es la que reaparece invertida en 1941: el régimen sólo funciona con superávit externo. El automatismo es simétrico en el papel y asimétrico en la práctica. Con superávit, la Oficina compra divisas, acumula reservas y emite; la operación es cómoda y la institución se fortalece. Con déficit, tiene que vender reservas y retirar circulante, es decir contraer la economía en el peor momento, y hacerlo hasta que las reservas se agoten o hasta que alguien decida suspender la regla. Ningún régimen cambiario paraguayo de la primera mitad del siglo sobrevivió a un déficit comercial prolongado. La guerra de 1932 es la primera demostración de esa proposición; el fin del auge exportador de 1946-1947, la segunda (véanse La base del éxito y La salida y la inflación).

1932-1935: la guerra convierte la regla en discrecionalidad

La Guerra del Chaco no derrotó al régimen de la Oficina de Cambios por la vía por la que suele contarse —el gasto militar—, sino por una más simple: le quitó la regla. Un Estado en guerra necesita divisas para comprar armas, combustible y alimentos en el exterior, y necesita moneda nacional para pagar sueldos y raciones adentro. Las dos necesidades son incompatibles con un emisor pasivo. La primera exige apropiarse de las divisas de los exportadores en una proporción mucho mayor que la legal; la segunda exige emitir sin contrapartida.

Las dos cosas ocurrieron, y La guerra y la destrucción del peso las documenta en detalle. La expropiación de giros —la venta forzosa al emisor, a un tipo oficial, de las letras de cambio o del producto en divisas de las exportaciones— pasó de la entrega parcial de los años veinte a la mitad del valor exportado. Como el tipo oficial se mantuvo mientras el de mercado se disparaba, esa entrega equivalía a un impuesto: la alícuota implícita, es decir la proporción del valor que el exportador perdía sobre la parte que entregaba, fue del 33 % en 1933, del 73 % en 1934 y del 72 % en 1935. La emisión, que había sido cero como recurso presupuestario durante nueve ejercicios, volvió a aportar entre el 14 % y el 27 % de los ingresos del Estado y acumuló 5,43 millones de pesos oro sellado en tres ejercicios. La emisión oficial autorizada por las leyes de guerra N° 1.251, 1.279, 1.280 y 1.284 y sus ampliaciones sumó 785.019.440 pesos c/l, y la circulación, que era de 456 millones al estallar el conflicto, llegó a 1.251.945.400 al terminarlo: se multiplicó por dos y tres cuartos en tres años. El precio del peso argentino en pesos paraguayos se cuadruplicó entre 1932 y 1935; el peso había perdido tres cuartas partes de su valor externo.7

Cuadro 7.2. La alícuota implícita de la expropiación cambiaria, 1932-1937
AñoTipo oficial (pesos c/l por peso o/s)Tipo de mercadoAlícuota implícita sobre la parte entregada
193242,6142,62próxima a cero
193342,6163,6333 %
193442,61156,8273 %
193556,82204,5572 %
193679,55184,0957 %
1937159,09159,89próxima a cero

Elaborado sobre Juan Carlos Herken Krauer (2019), cuadro 1 del anexo estadístico (tipo de mercado; el oficial del oro resulta de multiplicar el oficial contra el peso argentino por 2,2727). La alícuota es (tipo de mercado − tipo oficial) ÷ tipo de mercado. Entre 1932 y 1935 se exportaron 46.414.276 pesos o/s y se expropiaron 13.522.310: un rendimiento efectivo del 29,1 % frente al 50 % nominal (documentación editada por Seiferheld, 1983, y Memoria del Banco de la República de 1939).

Lo que interesa aquí no son tanto las magnitudes como la naturaleza del cambio. Entre 1932 y 1935 la Oficina de Cambios siguió existiendo, siguió comprando divisas y siguió emitiendo, pero dejó de hacerlo según una regla. El porcentaje de expropiación y el tipo al que se practicaba pasaron a fijarse caso por caso, sin ley que los determinara. El régimen de Ayala y de Rodolfo Ritter no murió cuando lo derogaron: murió cuando lo dejaron de cumplir. La liquidación formal llegó cuatro años después y fue casi un trámite, aunque un trámite que el gobierno que lo hizo cargó de intención política. La última fila del cuadro, la de 1937, anticipa un epílogo que se cuenta en La posguerra sin modelo: un año después de la revolución, el tipo oficial alcanzó al de mercado y la alícuota implícita se desvaneció.

El 22 de febrero de 1936: cinco días

El golpe militar que llevó al coronel Rafael Franco al poder es del 17 de febrero de 1936. La Oficina de Cambios queda intervenida y suprimida cinco días después, en la primera tanda de decretos del gobierno provisional: los números 11, 13 y 15 de una serie que había empezado en uno. Pocas veces una institución paraguaya fue desmontada con tanta rapidez, y el orden de los tres actos importa.

Primero, la intervención. Un decreto del 22 de febrero ordena «la intervención de la Oficina de Cambios», nombra interventores a los contadores públicos Gabriel Ruíz y Miguel Villalba y declara su propósito: establecer la conducta de la Oficina «con relación a la llevada durante el régimen depuesto» y «aclarar las responsabilidades que pudieren exigirse». No se liquida un organismo técnico: se audita a un sospechoso.8

Segundo, la sustitución. El Decreto N° 11 de la misma fecha, firmado por el presidente provisional y refrendado por el gabinete entero, dice en tres artículos todo lo que hay que saber:

«Considerando la necesidad perentoria de crear un Banco del Estado para el cumplimiento de la misión confiada por mandato constitutivo al actual Gobierno, oídos el parecer del Consejo de Ministros, DECRETA: Artículo 1° Créase el Banco de Estado, que se denominará Banco de la República del Paraguay, bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda, en reemplazo de la actual Oficina de Cambios. Art. 2° Provisionalmente y hasta que se dote a esta Institución del Estatuto correspondiente, se ajustará su funcionamiento a la Carta Orgánica de la Oficina suprimida. Art. 3° El Banco de la República del Paraguay, instituido por el presente Decreto, se hace cargo del activo y pasivo de la Oficina de Cambios a que reemplaza, a partir de la fecha.»

Decreto N° 11 del 22 de febrero de 1936

Lo firman Rafael Franco, Luis Freire Esteves, Gomes Freire Esteves, Juan Stefanich, Anselmo Jover Peralta y B. Caballero.9 Del texto se siguen tres cosas, y las tres tienen consecuencias para todo lo que viene después. La primera: el banco emisor paraguayo nace por decreto y no por ley, cinco días después de un golpe, con el parecer de un Consejo de Ministros y bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda. Lo que suele decirse sobre el método de 1941 y de 1944 —normas monetarias capitales dictadas por el Ejecutivo, sin Congreso— tiene aquí su precedente exacto, y conviene no atribuir al régimen de Morínigo la invención de un procedimiento que ya estaba inaugurado (véanse El control total de cambios y El Banco del Paraguay).

La segunda: la continuidad es total y declarada. El artículo 2° manda que el banco nuevo funcione con la carta orgánica del organismo suprimido, y el 3° le transfiere íntegros su activo y su pasivo. No hubo refundación: hubo cambio de nombre y de dependencia. Tres semanas más tarde, el Decreto N° 223 del 13 de marzo, que asigna al banco 400.000 pesos c/l mensuales para su presupuesto de gastos, lo dice con todas las letras: se procede «de conformidad a las leyes N° 182 y N° 1.528, que continúan en vigor por Decreto-Ley N° 11 del actual Gobierno».10 Y todavía en octubre de 1939 la Ley N° 256 se refería a «la Oficina de Cambios, creada por Ley N° 182 de fecha 28 de Enero de 1916, y denominada hoy Banco de la República del Paraguay».11 La institución que Pedretti presidiría desde octubre de 1940 era, jurídicamente, la Oficina de Cambios de 1916 con otro rótulo.

La tercera: el estatuto propio nunca llegó a tiempo. El banco se crea «hasta que se dote a esta Institución del Estatuto correspondiente», y ese estatuto se fue escribiendo por partes, a golpe de decreto, sobre la carta heredada. El primero de esos remiendos llegaría nueve días después y es el más importante.

Tercer acto del 22 de febrero, el reordenamiento administrativo. El Decreto N° 15 redistribuye las reparticiones del suprimido Ministerio de Economía y dispone en su artículo 2° que «la Oficina de Cambios pasará a depender del Ministerio de Hacienda», mientras el Banco Agrícola y la Dirección General de Estadística pasan a Agricultura. Es un dato menor con una consecuencia mayor: a partir de esa fecha, el emisor y el estadístico dejan de estar en la misma cartera.

El Decreto N° 100: la expropiación total con tres frenos

Nueve días después, el 3 de marzo de 1936, el Ministerio de Hacienda dictó la norma que es la pieza documental más importante del período anterior a Pedretti. El Decreto N° 100, «que fija normas de acción al Banco de la República del Paraguay en materia de expropiación de giros de la exportación», incorpora al estatuto orgánico del banco, con fuerza de decreto-ley, un régimen completo de expropiación cambiaria. Lo firman Rafael Franco y Luis Freire Esteves. Sus considerandos son, además, la única descripción oficial que existe de cómo funcionó de hecho la expropiación durante la guerra y su inmediata posguerra:

«Que la expropiación de giros de los exportadores que venía realizando la extinguida Oficina de Cambios bajo el régimen derrocado, se ajustaba a un criterio inapropiado, sin base legal y sin responder a ningún plan racional; Que tanto el porcentaje de la expropiación como tipo de cambio en que se realizaba estaban fijados arbitrariamente, sin hallarse determinados por ley; Que el producido de la expropiación era aplicado en gran parte en repartijas vergonzosas entre los allegados del régimen depuesto, desnaturalizándose así las finalidades legítimas de la expropiación…»

Decreto N° 100 del 3 de marzo de 1936, considerandos

Hay que leer esos considerandos por lo que son. Es la acusación de un gobierno revolucionario contra el que acaba de derrocar, y es interesada: la palabra «repartijas» pertenece al vocabulario del panfleto y no al de la contabilidad.12 Pero en lo que dicen sobre los porcentajes y los tipos coinciden punto por punto con lo que las series miden por una vía enteramente independiente: alícuotas implícitas del 33 % en 1933, del 73 % en 1934 y del 72 % en 1935, fijadas sin ley. Un texto interesado que coincide con una serie no es sólo propaganda: en esa parte es una confirmación. La acusación de las «repartijas», en cambio, queda como lo que es, porque ninguna cuenta la respalda.

El valor mayor del decreto está en su articulado, y es doble. Por un lado, su cláusula I desplaza cinco años hacia atrás el origen de la entrega obligatoria total: «El Banco de la República del Paraguay podrá expropiar hasta la totalidad de los precios de los productos nacionales de exportación al ser exportados». La obligación de vender al banco el total de las divisas de exportación que el artículo 7° del Decreto-Ley N° 5.017 impondría en 1941 no inventó esa facultad: la heredó. Las cláusulas I y II añaden que el precio de exportación sobre el cual se computa la entrega lo fija el banco con información del Banco Agrícola. Es el aforo: una valuación oficial por unidad de cada producto exportado, sobre la que se calcula la obligación de entregar divisas con independencia del precio que el exportador haya obtenido realmente. La cláusula III impone además al Banco Agrícola la entrega de la totalidad de sus divisas de exportación «al mismo tipo que los exportadores particulares»: prohíbe expresamente el privilegio de una entidad estatal sobre los privados.

Por otro lado —y esto es lo que reordena toda comparación con 1941— el decreto rodea la facultad de expropiar de tres frenos legales. Están en la cláusula IV, que conviene transcribir entera:

«El tipo de expropiación fijado por el Banco de la República del Paraguay no podrá exceder del quince por ciento (15 %) en menos del tipo de venta del Banco de las respectivas divisas extranjeras. El producido de la expropiación será destinado exclusivamente a reponer pérdidas, fondos de garantías y a evitar la inflación monetaria. El tipo de venta será uniforme para todas las ventas. Queda terminantemente prohibida la venta de divisas extranjeras al tipo de expropiación.»

Decreto N° 100 del 3 de marzo de 1936, art. 1°, cláusula IV

Los tres frenos se entienden mejor con dos definiciones y una cuenta.13 El tipo de expropiación es el precio, en pesos, que el banco paga al exportador por cada unidad de divisa que le obliga a entregar; el tipo de venta es el precio al que el banco vende esa divisa al importador. La diferencia entre los dos, multiplicada por el volumen de divisas que pasa por la ventanilla —en símbolos, (tipo de venta − tipo de expropiación) × V—, es la renta cambiaria: un ingreso que el emisor obtiene no por prestar ni por descontar, sino por su posición de intermediario obligatorio. El primer freno le pone techo. Si el banco vendía a 100, no podía pagar al exportador menos de 85; la renta no podía exceder, por ley, el 15 % del valor de las divisas al tipo de venta. El segundo freno fija su destino: lo producido se guarda para cubrir pérdidas, constituir fondos de garantía y evitar la inflación, es decir se esteriliza —se retira de la circulación o se inmoviliza como reserva, de modo que no financie gasto ni expanda el dinero—. El tercero impide que la diferencia se convierta en favor: el tipo de venta es uno solo para todos los compradores, y ninguno puede recibir divisas al precio barato de la expropiación.

La idea de acotar la diferencia no era nueva. El artículo 13 de la Ley N° 182 de 1916 ya sabía que entre el precio al que la Oficina compraba la divisa del exportador y el precio al que la vendía había un margen, y lo limitó por ley: la deducción «no excederá del 4 %». El Decreto N° 100 elevó ese techo al 15 % y le añadió la esterilización del producido y la uniformidad del tipo de venta. La diferencia entre los momentos no es de conocimiento técnico —en 1916 y en 1936 se sabía perfectamente lo que la operación produce—, sino de finalidad y de tamaño del tope: cuatro por ciento en 1916, quince en 1936, ninguno desde 1941.

Hay todavía un detalle que merece señalarse. El tope del 15 % reaparece en 1943, en el segundo párrafo del artículo 7° del Decreto-Ley N° 655 que creó el guaraní, que dispone que los tipos especiales de cambio no podrán apartarse más de un 15 % del tipo básico del artículo 2°.14 Es la misma cifra, siete años después, pero aplicada a otra cosa. En 1936 el 15 % disciplinaba el margen entre el precio de compra y el de venta, que es donde nace la renta; en 1943 disciplina la distancia entre unos tipos especiales y el tipo básico, es decir la discriminación entre operaciones, y deja el margen intacto. La cifra sobrevivió; la función que cumplía, no (véase El guaraní).

Tres semanas: el precio único y la sanción penal

El barrido completo del primer trimestre de 1936 en el Registro Oficial permite reconstruir la secuencia entera, y lo que aparece es que entre el 22 de febrero y el 13 de marzo de 1936 el Paraguay ensayó, en tres decretos, casi todo el repertorio del control de cambios que suele atribuirse a 1941. Conviene seguirla día por día, porque cada pieza aclara qué fue exactamente lo que el Decreto-Ley N° 5.017 agregó cinco años después.

El 22 de febrero, el mismo día en que se crea el Banco de la República y con la misma firma del gabinete entero, se dicta el Decreto N° 13, una norma penal. Sus considerandos denuncian que bajo el régimen derrocado «ha imperado la más desenfrenada especulación en materia de cambios de las divisas extranjeras, especulación fomentada por los directores políticos entonces dominante[s] con el respaldo de la impunidad», declaran que esas actividades «revisten carácter delictual» y que su represión requiere que la acción pública «opere en forma fulminante». Y se dicta invocando una fuente de poder que conviene registrar: «Que el actual Gobierno hállase facultado, en virtud [de los] poderes soberanos delegádosle por la Revolución, a dictar Decretos-Leyes para la defensa de los intereses públicos».15 Un decreto-ley es eso: una norma dictada por el Poder Ejecutivo con la fuerza de una ley del Congreso, en ausencia o en sustitución de éste. El articulado dice:

«Artículo 1° Declárase terminantemente prohibida toda actividad de compra venta de divisas extranjeras por personas particulares o Empresas que no tengan permiso del Gobierno. Art. 2° Todo individuo sorprendido en infracción o tentativas de infracción de la prohibición decretada será reducido a detención preventiva e inmediata y sometido a la acción de la justicia. Art. 3° Declárase de acción penal popular el delito resultante de la infracción a este Decreto, quedando en consecuencia facultado todo individuo que tuviere conocimiento de ello a ejercitar la denuncia a las autoridades judiciales o policiales más inmediatas. Art. 4° El Banco de la República del Paraguay y los Bancos establecidos, por el momento, son los únicos facultados a realizar las operaciones de compra-venta de divisas extranjeras, todo con sujeción a las directivas que señale el Ministerio de Hacienda.»

Decreto N° 13 del 22 de febrero de 1936

La acción penal popular del artículo 3° convertía a cualquier vecino en denunciante legítimo: no hacía falta ser el perjudicado para poner en marcha la persecución. Y el artículo 4°, que deja operar «por el momento» a los bancos establecidos, muestra que la prohibición no apuntaba a suprimir el mercado sino a los cambistas sin permiso.

El 3 de marzo llega el Decreto N° 100, examinado en el apartado anterior. Y el 13 de marzo, el Decreto N° 221, que modifica el N° 13 y completa el diseño con una economía de medios que merece señalarse. El considerando dice que «ha desaparecido la razón circunstancial» de la prohibición y que puede permitirse «la libertad de las negociaciones de esa índole a condición de que ellas se ajusten estrictamente al tipo que establezca el Banco de la República del Paraguay, institución que debe regular ampliamente esas negociaciones». El articulado convierte esa condición en tipo penal: se permite la libre operación de cambios «a condición expresa de sujetarse al tipo establecido por el Banco de la República del Paraguay», y «considérase ilícita toda operación cambiaria a tipo diferente del establecido», con la misma acción penal popular del decreto anterior.16

Léase el conjunto y la conclusión se impone. En marzo de 1936 el Paraguay ya tenía precio único de la divisa fijado por el banco oficial, sanción penal para quien operase a otro precio, acción popular para denunciarlo y expropiación autorizada de hasta el ciento por ciento del valor exportado. Lo que el Decreto-Ley N° 5.017 del 10 de febrero de 1941 agregaría no fue ninguna de esas cuatro cosas. Agregó una quinta, y es la decisiva: hizo del banco no sólo el que fija el precio sino el único que puede operar a ese precio. Su artículo 1° lo dice sin matices: «Sólo el Banco de la República del Paraguay podrá comprar y vender monedas y divisas extranjeras».17 En 1936 cualquiera podía comprar y vender divisas, siempre que lo hiciera al tipo del banco; en 1941 sólo el banco podía comprarlas y venderlas. La diferencia entre regular un precio y monopolizar una operación parece de grado y no lo es: es la diferencia entre un mercado con precio administrado y la ausencia de mercado. Y es también la que crea la renta, porque un regulador que fija el precio al que otros transan no gana nada con la diferencia, y un monopolista que compra a un precio y vende a otro se queda con ella entera. El decreto de 1941 se estudia en El control total de cambios; la renta que produjo, en La renta cambiaria.

Lo que siguió a marzo: el régimen cambiario de 1936 completo

La secuencia no se detuvo el 13 de marzo. Un peinado de los cuatro volúmenes del Registro Oficial de 1936 —2.756 normas con contenido financiero, de las cuales 104 cambiarias, 98 sobre la moratoria y 78 sobre deuda— muestra que el régimen siguió moviéndose todo el año, y que dos de sus piezas obligan a matizar el cuadro que dejan los decretos de febrero y marzo.18

La primera es el Decreto N° 1.661 del 29 de mayo de 1936, dictado con fuerza de ley por el Ministerio de Hacienda, «que establece las normas para la compra-venta y exportación de divisas extranjeras». Tiene tres artículos y los tres importan:

«Artículo 1° Queda restablecida, durante el mes de Junio próximo, la compra-venta libre de divisas extranjeras en plaza, sin limitación de tipo. Art. 2° El Banco de la República del Paraguay fijará los tipos de venta, así como el orden de la distribución de las divisas extranjeras que precise el comercio importador. Art. 3° La exportación de divisas extranjeras en pago de obligaciones nacidas, o de compromisos contraídos, antes del 1° de enero del corriente año sólo podrá hacerse hasta el 30 del citado mes de junio, previa y expresa autorización del Gobierno.»

Decreto N° 1.661 del 29 de mayo de 1936

Lo firman Rafael Franco, Alfredo J. Jacquet, Germán Soler, Juan Stefanich y Emilio Gardel, y una norma posterior del mismo volumen prorrogó su vigencia por tres meses.19 El artículo 2° obliga a corregir una atribución corriente. Se suele adjudicar al Decreto-Ley N° 5.017 la introducción de las órdenes de prelación —el orden de prioridad con que se asignan divisas escasas a las distintas clases de importación—. No es exacto: la facultad de fijar «el orden de la distribución de las divisas extranjeras que precise el comercio importador» está en una norma paraguaya de mayo de 1936, con fuerza de ley, y en cabeza del mismo banco. Lo que 1941 agregó a la prelación fue el permiso previo de importación como instrumento para hacerla cumplir —ninguna mercadería podía entrar sin la autorización del banco— y el censo financiero de la plaza para administrarla. La facultad, no.

El artículo 1° tiene su propia enseñanza, y es de método. El mismo gobierno que en febrero había prohibido penalmente toda operación privada restablecía en mayo la compra-venta libre sin limitación de tipo, y por un mes. Entre febrero y junio de 1936 el régimen cambiario paraguayo pasó de la prohibición penal al precio único obligatorio y de ahí a la libertad con distribución administrada, en cuatro meses y por tres normas sucesivas. Más que la fijación de un diseño, lo que muestra el Registro es una búsqueda a tientas, y conviene decirlo así, porque explica por qué en 1939 hubo que legislar de nuevo y en 1941 otra vez. El ciclo se cerró en enero de 1937. El Decreto N° 8.276 del 12 de enero, dictado con fuerza de ley y con el parecer del Consejo de Ministros, constató que la libertad del comercio internacional de divisas se había restringido «en virtud del Decreto-Ley 1.661 y subsiguientes», declaró que la restricción ya no era necesaria y restableció esa libertad «a partir del 1° de diciembre de 1936», «sin requerirse, al efecto, autorización gubernativa».20 El régimen de distribución administrada había durado, en rigor, seis meses. Lo que vino después se cuenta en La posguerra sin modelo.

Cuadro 7.3. El régimen cambiario paraguayo en 1936, norma por norma, y su desenlace
FechaNormaQué hace
22-II-1936Decreto de intervenciónInterviene la Oficina de Cambios y nombra dos contadores públicos interventores
22-II-1936Decreto N° 11Crea el Banco de la República del Paraguay en reemplazo de la Oficina, con su carta orgánica, su activo y su pasivo
22-II-1936Decreto N° 13Prohíbe penalmente toda compra-venta privada de divisas sin permiso; acción penal popular
22-II-1936Decreto N° 15La Oficina pasa a Hacienda; el Banco Agrícola y Estadística, a Agricultura
3-III-1936Decreto N° 100Expropiación de hasta la totalidad del precio de exportación; tope del 15 % al margen; producido esterilizado; tipo de venta uniforme
13-III-1936Decreto N° 221Restablece la libertad de operar, pero sólo al tipo del banco; cualquier otro tipo es ilícito
29-V-1936Decreto N° 1.661, con fuerza de leyCompra-venta libre sin limitación de tipo durante junio; el banco fija los tipos de venta y el orden de distribución de las divisas al comercio importador
VI-1936PrórrogaExtiende por tres meses la vigencia del Decreto N° 1.661
1-X-1936Decreto-Ley N° 5.316Establece el régimen de liquidación de la moratoria; los intereses corren desde esa fecha
30-XII-1936Decreto N° 7.987, con fuerza de leyReglamenta el Decreto-Ley N° 5.316 y aclara sus términos
12-I-1937Decreto N° 8.276, con fuerza de leyRestablece desde el 1-XII-1936 la libertad del comercio internacional de divisas, sin autorización gubernativa
31-III-1937Decreto N° 10.278Amplía el N° 100: régimen de expropiación especial por producto, con aprobación previa de Hacienda

Fuente: Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1936, cuatro trimestres y apéndices; Gaceta Oficial de la República del Paraguay, año 1937, sección «Registro Oficial», números 110 y 134. El decreto de intervención no lleva número legible en el ejemplar.

La liquidación de la moratoria: el pasivo que el régimen siguiente heredó

La segunda pieza de 1936 que obliga a ampliar el cuadro es de fin de año. La guerra había suspendido el cobro de las deudas: una moratoria —la postergación por ley de la exigibilidad de las obligaciones— dictada por la ley del 14 de enero de 1933, extendida en enero de 1934 a las obligaciones en oro o moneda extranjera y prorrogada después por leyes sucesivas y por los decretos-leyes N° 1.648 y N° 4.387. El Decreto-Ley N° 5.316 del 1° de octubre de 1936 «establece el régimen de liquidación de la moratoria», y el Decreto N° 7.987 del 30 de diciembre, también con fuerza de ley, lo reglamenta y aclara sus términos porque, dice su considerando, hacen falta «disposiciones reglamentarias de aplicación en la Administración de Justicia, que por tanto deben revestir el carácter de ley». El reglamento remite además al Decreto-Ley N° 5.315, que instituye un tribunal arbitral.21

El mecanismo, en lo que se lee con seguridad, es éste. Las deudas alcanzadas se liquidan en cuotas trimestrales, con un interés del 6 % anual que corre desde el 1° de octubre de 1936 y se calcula «en todos los casos sobre el capital impago». La conversión se hace a un cambio definitivo de 35,00 pesos por peso argentino, con una cláusula de ajuste para el caso de que la cotización promedio de tres meses consecutivos quede por debajo de esa paridad. Se constituye un tribunal arbitral ante la Cámara de Comercio, con honorarios de árbitro limitados al 10 % de la diferencia entre las pretensiones de las partes y apelación ante el Juzgado de Comercio. Y el deudor no puede acogerse al régimen si no está al día con los impuestos y tasas fiscales: la liquidación de deudas privadas servía también de palanca de recaudación.

Hubo aquí una divergencia aparente entre fuentes que el volumen del cuarto trimestre resuelve, y vale la pena mostrar cómo. El informe británico de noviembre de 1936 describe esta liquidación como hecha «a tipos de mercado libre»; los pasajes reglamentarios hablan, en cambio, de un «cambio definitivo de 35,00», que es un tipo oficial y no uno de mercado.22 Parecían contradecirse. No se contradicen: describen clases distintas de obligación, y el propio decreto-ley lo dice en sus considerandos:

«Que las obligaciones contraídas a oro sellado, moneda cuenta y patrón de nuestro sistema monetario, están supeditadas al pago en la moneda corriente al cambio que fijan los poderes públicos para la recaudación de las rentas fiscales. […] Que, en cuanto a las obligaciones estipuladas en monedas extranjeras, las deudas contraídas por comerciantes e industriales no son susceptibles de protección especial, ya que las inversiones mercantiles significan valores no afectados por la desvalorización monetaria. Que, en cambio, debe contemplarse desde diferentes planos las obligaciones contraídas por hacendados, por haber incidido sobre ellos una apreciable porción de las cargas de la pasada guerra internacional.»

Decreto-Ley N° 5.316 del 1° de octubre de 1936, considerandos

De modo que el régimen de liquidación era diferencial por clase de deudor y de moneda.23 Las obligaciones en oro sellado se pagaban al tipo oficial de recaudación fiscal. Las obligaciones en moneda extranjera de comerciantes e industriales no recibían protección alguna, es decir se liquidaban contra el mercado: es lo que vio el cónsul británico, porque era exactamente el universo sobre el que informaba. Y los hacendados tenían un tratamiento propio, fundado expresamente en que sobre ellos había incidido «una apreciable porción de las cargas de la pasada guerra internacional». Las dos fuentes eran ciertas a la vez. Pero lo instructivo no es la concordancia sino lo que revela: en octubre de 1936 el Estado paraguayo ya distribuía el costo de la desvalorización por categorías de deudor, con un criterio declarado, y el comerciante importador fue la categoría que lo pagó entero. Repartir por decreto quién gana y quién pierde con el tipo de cambio sería, desde 1941, el oficio cotidiano del banco emisor.

Ochenta y ocho días: Luis Freire Esteves

Queda lo más difícil: establecer quién hizo todo esto. La pregunta no es de curiosidad biográfica. Si el aparato de control cambiario que Pedretti administró entre 1941 y 1947 estaba en buena parte construido desde marzo de 1936, entonces la historia de sus medidas tiene un capítulo anterior con otros protagonistas, y conviene saber quiénes fueron, qué sabían y qué dejaron. La respuesta que la documentación permite dar es incompleta, y su carácter incompleto es en sí mismo instructivo.

El único firmante común de los seis decretos que forman el aparato —el N° 11 que crea el banco, el N° 13 que penaliza el cambio libre, el N° 15 que reordena las carteras, el N° 40 que nombra al presidente del banco, el N° 100 que instituye la expropiación y el N° 221 que impone el precio único— es el doctor Luis Freire Esteves, ministro de Hacienda. Su paso por la cartera tiene una duración exacta: del 20 de febrero al 18 de mayo de 1936. Ochenta y ocho días. Su gestión empieza tres días después de la revolución y termina antes de que el gobierno de Franco cumpla tres meses; en ese lapso cabe íntegra la fase constituyente del sistema cambiario paraguayo, y fuera de él no hay nada suyo.24

Hay un dato de estructura que conviene poner junto al anterior. El ministro del Interior del mismo gabinete era Gomes Freire Esteves, su hermano. Los dos ministerios sobre los que se apoyaba el sistema —el que expropiaba las divisas y el que perseguía penalmente a quien operase fuera de él— estuvieron, durante esos ochenta y ocho días, en manos de una misma familia. No se saca de ahí ninguna consecuencia moral: se registra como hecho de organización del poder, porque ayuda a entender por qué el aparato pudo montarse en tres semanas sin fricción entre carteras.

¿Era Luis Freire Esteves un técnico? No hay constancia pública de que fuera economista, ni de qué hizo antes o después de esos tres meses; no figura en ninguna cartera posterior. Hay, en cambio, un testimonio contemporáneo que apunta en otra dirección y que se cita con la cautela que merece por venir de un diplomático extranjero, hostil al nuevo gobierno, que escribía tres días después del golpe. El ministro de los Estados Unidos en Asunción, Findley B. Howard, describió al gabinete diciendo que sus miembros «no son personas de relieve y probablemente fueron elegidas en buena medida por su amistad personal con Franco», y de los hermanos Freire Esteves anotó que «no son miembros del partido, tienen las llamadas ideas extremistas y estuvieron implicados en la revolución de enero de 1915».25 Fuera de sus refrendos, es casi todo lo que la documentación reunida dice del hombre que firmó la arquitectura cambiaria de 1936.

Alfredo Jacquet y la cadena de autoridades del banco, 1936-1940

El 28 de febrero de 1936, seis días después de crear el banco, el mismo ministro firmó el Decreto N° 40, que «nombra Presidente del Banco de la República del Paraguay al doctor Alfredo Jacquet y Gerente del mismo, al señor Cirilo Milleres». Jacquet es, por tanto, el primer presidente de la institución que Pedretti presidiría cuatro años y medio más tarde. Y su carrera inmediata contiene un dato elocuente: el 18 de mayo de 1936 sucedió a Luis Freire Esteves en el Ministerio de Hacienda. El jefe del banco fue promovido al sillón político que lo había creado; es el único ascenso por línea técnica que registra el gabinete revolucionario.26

Una rectificación: quién firmaba en Hacienda

Aquí hay que hacer una rectificación, porque la fuente secundaria disponible dice otra cosa y el Registro Oficial la desmiente. La galería de ministros de Hacienda clasifica a Jacquet entre los «nombrados pero ausentes del país» y consigna a Emilio Gardel como interino de la cartera desde el 18 de mayo de 1936 hasta la caída de Franco. El Registro del segundo trimestre de 1936 muestra que las cosas no ocurrieron así en ese tramo: Jacquet firmó personalmente decretos del Ministerio de Hacienda desde el 18 de mayo hasta el 17 de junio de 1936 por lo menos —más de treinta refrendos suyos, fechados día por día—, y Emilio Gardel fue nombrado ese mismo 18 de mayo ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. El Decreto N° 1.241 lo dice en dos artículos: el 4°, «Nómbrase Ministro de Justicia, C. e I. Pública al ciudadano Dr. don Emilio Gardel»; el 6°, «Nómbrase Ministro de Hacienda al ciudadano Dr. don Alfredo Jacquet»; y el 7° manda tomarles juramento «sin más trámites». Cuando la fuente secundaria y el diario oficial discrepan sobre quién firmaba, decide el diario oficial.27 La rectificación tiene, con todo, un alcance limitado que conviene declarar: en enero de 1937 es Emilio Gardel quien refrenda junto a Franco el Decreto N° 8.276, del Ministerio de Hacienda. La documentación reunida no establece desde cuándo ni con qué título ocupó entonces la cartera, de modo que la galería puede describir correctamente un tramo posterior.

La rectificación devuelve además a su lugar el episodio que cierra la etapa fundacional. El 18 de mayo de 1936, por el Decreto N° 1.240, el gobierno provisional aceptó de una sola vez las renuncias de los ministros del Interior, de Justicia y de Hacienda: Gomes Freire Esteves, Anselmo Jover Peralta y Luis Freire Esteves. Los dos hermanos que habían montado el aparato cambiario cayeron el mismo día, a los tres meses del golpe. El Decreto N° 1.241, dictado a continuación, rehízo el gabinete y puso en Hacienda al presidente del Banco de la República. La fase constituyente del control de cambios paraguayo dura exactamente lo que dura el ministerio de Luis Freire Esteves.

La cadena de autoridades

Conviene poner por escrito la sucesión de quienes gobernaron el Banco de la República desde su creación hasta el día en que Pedretti lo recibió. La cadena tiene lagunas, y se declaran: del Registro Oficial de 1937 sólo se ha peinado el primer trimestre, de 1938 se dispone de una selección anual y de 1939 la información procede de la Memoria del banco. Pero los dos extremos están documentados con decreto y fecha, y el patrón que revelan es más elocuente que cualquiera de sus eslabones.

Cuadro 7.4. El gobierno del Banco de la República del Paraguay, 1936-1940
FechaNorma o fuenteActo
22-II-1936Decreto N° 11Se crea el Banco de la República «en reemplazo de la actual Oficina de Cambios», con su carta orgánica, su activo y su pasivo, bajo el Ministerio de Hacienda
28-II-1936Decreto N° 40Presidente: Dr. Alfredo Jacquet. Gerente: Cirilo Milleres
13-III-1936Decreto N° 223Se le autoriza a invertir 400.000 pesos c/l mensuales en su presupuesto de gastos, conforme a las Leyes N° 182 y N° 1.528, «que continúan en vigor»
8-IV-1936Decreto N° 667«Siendo necesario reorganizar al Directorio», se nombran directores a José Salvador Herreros, Dr. Luis Y. Migone, Marcos Riera y Dr. Pedro Bobadilla
18-V-1936Decretos N° 1.240 y 1.241Caen los ministros del Interior, de Justicia y de Hacienda; Jacquet pasa al Ministerio de Hacienda. No se ha localizado el decreto que nombra a su sucesor en el banco
29-V-1936Decreto N° 1.649Se amplía a 500.000 pesos c/l mensuales la asignación, a pedido de «la Presidencia del Banco de la República», sin nombre propio
10-XII-1936Decreto N° 7.383Director: Dr. Horacio Carísimo, «en reemplazo del Dr. Ángel Gorostiaga, que renunció»; Gorostiaga no figura en el decreto de abril, de modo que el directorio se renovó al menos una vez más en el año
1937-1938—Laguna documental. La institución subsiste: publica memoria al 31 de diciembre de 1937
4-IX-1939Decreto N° 16.654; Memoria de 1939Directorio para el período del 15-VIII-1939 al 15-VIII-1941, con acuerdo del Senado, presidido por Justo Pastor Benítez. Gerente: Evelio González; contador general: Adolfo P. Monges; secretario general: E. Amarilla Fretes
7-III-1940Decreto N° 223Presidente: Dr. Rodolfo González, hasta entonces director, «habiendo pasado el Presidente del Banco […] a desempeñar el cargo de Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda»
15-III-1940Decreto N° 349Director: Dr. Víctor Rojas, para cubrir la vacante dejada por González
10-X-1940Decreto N° 3.368Se aceptan las renuncias del presidente y de todos los directores
10-X-1940Decreto N° 3.369Presidente: Dr. Carlos A. Pedretti. Directores: Dr. César Acosta, Dr. Francisco L. Pecci, Dr. Raúl Sapena Pastor y C. P. Nicanor V. Fanego

Fuente: Registro Oficial de la República del Paraguay, años 1936 y 1940; Banco de la República del Paraguay, Memoria correspondiente al ejercicio 1939. El número del Decreto N° 667 se establece por su posición en la serie; el guarismo impreso es de lectura dudosa.

Dos regularidades saltan del cuadro. La primera es que la presidencia del banco emisor fue, dos veces en cuatro años, la antesala del Ministerio de Hacienda. Jacquet lo fue en mayo de 1936. En marzo de 1940 el decreto que nombra a Rodolfo González no da el nombre del presidente saliente, pero está refrendado por Justo Pastor Benítez, cuya firma llevan desde ese mes los decretos de Hacienda, y es Benítez a quien la Memoria de 1939 da como presidente del banco: fue él quien pasó a la cartera, a la que lo había llevado el Decreto N° 3 del 18 de febrero de 1940.28 En los dos casos el reemplazante salió del propio directorio. En un país sin banco central formal y sin carrera técnica establecida, la línea que separaba a la autoridad monetaria de la fiscal era administrativa antes que institucional, y la recorrían las mismas personas en el mismo sentido.

La segunda regularidad es que el 10 de octubre de 1940 el gobierno de Morínigo no relevó al presidente: reemplazó de golpe todo el órgano de gobierno del banco, cinco semanas después de asumir. Pedretti llegó con un directorio entero nombrado el mismo día que él y por el mismo decreto, el N° 3.369, después de que el N° 3.368 aceptara las renuncias de Rodolfo González y de los cuatro directores; asumió el 14 de octubre según la Memoria de 1940, aunque otra fuente da el 11.29 Debajo de los presidentes, sin embargo, la casa siguió. Adolfo P. Monges, contador general en 1939, y E. Amarilla Fretes, secretario general ese mismo año, permanecerían en el banco durante todo el mandato de Pedretti; Monges sería presidente interino en mayo de 1947. La continuidad burocrática del emisor atraviesa la caída de Franco, el interregno de Félix Paiva, el gobierno de Estigarribia, el ascenso de Morínigo, la llegada de Pedretti y su salida. El nombramiento de octubre de 1940 se cuenta en Morínigo y la llegada al banco.

¿Estuvo Pedretti en el banco de 1936?

Queda por responder una pregunta que merece respuesta explícita, aunque la respuesta sea negativa: si Carlos A. Pedretti tuvo alguna participación en la creación del Banco de la República en 1936, en su directorio o en su plantel, aunque fuera como abogado. La búsqueda sistemática en el primer y el segundo trimestre del Registro Oficial de 1936 —setecientas una páginas, cada decreto leído— y en los apéndices del tercero y del cuarto no registra su nombre ni una sola vez. No figura entre los ministros firmantes, ni entre los directores del 8 de abril, ni entre los funcionarios nombrados o removidos, ni en carácter alguno. El único «Pedretti» del corpus de 1936 es Manuel Riveros Pedretti, oficial inspector de la Policía de la Capital, mencionado en un movimiento de personal de diciembre.30

La conclusión debe enunciarse con la precisión que las lagunas imponen. De lo que consta, Pedretti no participó en el régimen cambiario de febrero. En 1936 tenía treinta y cuatro años y se había doctorado en Derecho doce años antes. Según la semblanza publicada en el volumen memorial tiempista y la nota de Italiani nel Paraguay, entre 1936 y 1938 siguió un curso de especialización en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, «especialmente en materia agraria»; él mismo, en 1982, se describió como alguien que había llegado a la economía «como autodidacto».31 Su primer cargo público documentado en estos años es otro: el Decreto N° 5.155 del 12 de marzo de 1938, firmado por Félix Paiva y refrendado por Ramón L. Paredes, lo nombró presidente del Departamento Nacional del Trabajo; y el 23 de febrero de 1939 fue el primer director de El Tiempo.32 Para 1939, ni la Memoria del banco ni el decreto que renovó su directorio en setiembre lo nombran. Lo que no puede afirmarse es que no haya tenido ninguna vinculación con la institución en 1937 y 1938, años cuyo Registro no se ha examinado completo. Su trayectoria anterior se sigue en Orígenes y formación.

El ideólogo y el técnico

La historiografía del febrerismo atribuye su doctrina a Juan Stefanich, ministro de Relaciones Exteriores del gabinete y autor de la «democracia solidarista». Es una atribución sólida en materia política. Pero ninguna fuente le atribuye competencia monetaria ni cambiaria, y no hay razón para atribuírsela aquí: el corpus doctrinario del febrerismo es de teoría del Estado y de organización social, no de banca central.

Hay, sin embargo, una intersección documentada que merece registrarse porque toca directamente la cláusula IV del Decreto N° 100. En febrero de 1936 el ministro Howard informó a Washington que una suma de 2.400.000 pesos argentinos pagada por Bolivia al Paraguay y depositada en Buenos Aires «sería depositada en el Banco de la República para ser utilizada en la conversión y estabilización del peso papel paraguayo», y la fuente de esa información era el propio Stefanich.33 Pocos días más tarde, el Decreto N° 100 dispuso que el producido de la expropiación se destinara «exclusivamente a reponer pérdidas, fondos de garantías y a evitar la inflación monetaria», y en noviembre el informe británico confirmaba que el fondo de conversión había sido aumentado con ese pago boliviano, hecho por la manutención de los prisioneros de guerra. La coincidencia de finalidad es exacta; no basta para atribuir la redacción del decreto a nadie, y así se consigna.

Y hay un dato de estructura que explica el problema mejor que cualquier atribución individual. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción fue creada en 1936, bajo el ministerio de Anselmo Jover Peralta, por el mismo gobierno; el cincuentenario que la Facultad celebró en 1987 toma como punto de partida 1937. El Estado que en marzo autoriza la expropiación de la totalidad de las divisas de exportación funda, ese mismo año, la escuela donde habrían de formarse sus economistas. En 1936 el Paraguay no tenía cuadro técnico universitario en materia económica porque lo estaba creando. Ésa es, con toda probabilidad, la respuesta verdadera a la pregunta de quién lo escribió: no hubo un economista detrás del régimen de febrero porque el país todavía no los producía, y el aparato lo escribieron abogados y políticos leyendo la experiencia ajena. Pedretti lo diría de sí en 1982: se dedicó a la economía por su cuenta, porque la Facultad empezó a funcionar «más de un decenio después» de su título.

Lo que quedó en pie, 1937-1940

Franco cayó el 13 de agosto de 1937, y la pregunta que importa es si su aparato cayó con él. La respuesta documentada distingue tres piezas. La institución no se disolvió: el Banco de la República publicó memoria al 31 de diciembre de 1937, tomó crédito del Export-Import Bank en 1939 y vio aumentado su capital bajo el gobierno de Estigarribia. La parte del aparato que restringía el mercado, en cambio, no sobrevivió ni al año 1936: suspendido el precio único por el Decreto N° 1.661 y levantada la restricción por el N° 8.276, desde el 1° de diciembre de 1936 el comercio internacional de divisas volvió a ser libre. Y la expropiación de giros siguió, y se amplió. El Decreto N° 10.278 del 31 de marzo de 1937, dictado a pedido del propio banco, «amplía el Decreto-Ley N° 100» —ya se lo llamaba así— y faculta al banco a establecer, para los productos que a su juicio lo requieran, un régimen de expropiación especial, con aprobación previa del Ministerio de Hacienda en cada caso.34 En 1940 el banco seguía llevando una Sección Expropiaciones con series estadísticas desde 1932, bajo las Leyes N° 182 y N° 1.275 y el Decreto N° 10.278; cuando el Decreto-Ley N° 5.017 hable en 1941 de fijar «tipos de cambio y bases de expropiación», usará la palabra con que la casa venía nombrando su operación desde hacía nueve años.35 Lo que ocurrió con esa operación entre 1937 y 1938 se cuenta en La posguerra sin modelo.

El paso siguiente lo dio un Congreso constitucional. La Ley N° 256 del 26 de octubre de 1939, sancionada bajo la presidencia de José Félix Estigarribia, dio a la vieja Oficina «denominada hoy Banco de la República» el carácter de banco nacional y reescribió la expropiación. Su artículo 2° otorgó al banco la facultad de expropiar «en carácter temporario»; el inciso b) repitió, ahora con rango de ley, el techo de 1936 —el banco no podía abonar las expropiaciones a un tipo inferior en más del 15 % al de venta—, y el inciso c) le permitió establecer, de acuerdo con el Poder Ejecutivo, «un régimen de expropiación especial o de exención total» para los productos que «a juicio del Banco y del Poder Ejecutivo» lo requirieran. Su artículo 3° hizo lo que el Decreto N° 100 prohibía: repartió el producido entre la cancelación de los créditos del banco al Estado (20 %), un sistema de estímulos a la agricultura y la ganadería (30 %) y rentas generales, «conforme a lo que al respecto dispusiere el Presupuesto» (50 %).36 La Memoria de 1939 registra el antes y el después: hasta esa ley, el saldo del beneficio «pasa a engrosar los fondos del Banco de la República de acuerdo con las disposiciones legales anteriores»; después, la diferencia entre el tipo de compra y el de venta «continúa siendo del 15 %, tal como establece la Ley N° 256», pero su producido es un recurso del fisco. La misma Memoria aclara que al cierre de 1939 no había control de cambios —«no habiéndose establecido restricciones de cambios»—, aunque sí había funcionado, como dependencia del banco, un control de importaciones creado por el Decreto N° 14.480 del 2 de junio de 1939 y abolido en febrero de 1940.37 En marzo y abril de 1940, el Decreto N° 469 y el Decreto-Ley N° 748 comprometieron el 13 % y el 37 % del producido al servicio de un préstamo para obras públicas y de los títulos de la Deuda Interna Garantizada 1940/45: cuando Pedretti llegó, no quedaba un punto porcentual de la renta cambiaria sin destino legal asignado.38

Hay además una pieza de esos años intermedios cuyo alcance conviene advertir. Desde julio de 1939 hubo un asesor financiero norteamericano dentro del Banco de la República: Eric F. Lamb, ex funcionario del Federal Reserve Bank of New York, contratado por gestión de Estigarribia mientras el Export-Import Bank extendiera créditos al país. Seguía en el cargo en octubre de 1940 —un pedido de Sumner Welles del 30 de ese mes lo identifica como «Financial Adviser to the Bank of the Republic»— y su informe llegó a Washington el 3 de enero de 1941. El Decreto-Ley N° 5.017 es del 10 de febrero: cinco semanas después. Nada en la documentación consultada vincula a Lamb con la redacción de esa norma, y no se le atribuye. Lo que sí queda establecido es que cuando Pedretti llegó al banco había allí, desde hacía dieciséis meses, un asesor salido del sistema de la Reserva Federal, y que el reemplazo que Pedretti pediría después a la Junta de Gobernadores no inauguraba una relación sino que continuaba una.39

Continuidad y ruptura: lo que Pedretti heredó y los frenos que se perdieron

Con todo lo anterior a la vista, la proposición central puede enunciarse con la precisión que el material permite, y conviene hacerlo despacio porque es fácil decir de más. El régimen de Morínigo no inventó el control de cambios paraguayo: lo heredó, por capas. Heredó la institución, el Banco de la República creado por el Decreto N° 11, con la carta orgánica de la Oficina de Cambios. Heredó la facultad legal de expropiar hasta la totalidad del valor exportado (1936), el aforo como base de cómputo, la palabra «expropiación» y una sección que la practicaba desde 1932. Heredó los precedentes del precio único fijado por el banco oficial y de la sanción penal a quien operase a otro precio, aunque ambos habían sido levantados a fines de 1936. Heredó la facultad de fijar el orden de prelación de las importaciones (1936) y la experiencia de un control de importaciones dentro del banco (1939). Heredó la facultad de conceder regímenes especiales por producto (1937, 1939). Heredó, sobre todo, el título fiscal sobre la renta cambiaria, creado por la Ley N° 256 de 1939, y una renta ya íntegramente comprometida por decretos de 1940. Y heredó el procedimiento: normas capitales dictadas por el Ejecutivo, con refrendo ministerial y sin Congreso; en 1936 con el parecer del Consejo de Ministros, desde julio de 1940 al amparo del artículo 54 de la nueva Constitución, que permitía dictar decretos con fuerza de ley con el parecer del Consejo de Estado —aunque no consta que ese Consejo estuviera constituido en febrero de 1941—.

Lo que 1941 agregó fue el monopolio de la operación: el artículo 1° del Decreto-Ley N° 5.017 hizo del banco el comprador y el vendedor únicos de toda divisa; su artículo 7° llevó la obligación de venta al total de las divisas de todo exportador, cuando la Ley N° 256 la limitaba al valor de los productos principales de exportación; sus artículos 9°, 28 y 30 sometieron toda importación a permiso previo con órdenes de prelación; y su artículo 8° facultó al banco a fijar los tipos por resolución. Lo que se perdió por el camino fueron los frenos, y no se perdieron todos a la vez. La esterilización del producido cayó primero, en octubre de 1939, y la quitó una ley del Congreso bajo un gobierno constitucional. La uniformidad del trato se erosionó por etapas: regímenes especiales por producto con aprobación previa de Hacienda en 1937; regímenes especiales o exenciones «a juicio del Banco y del Poder Ejecutivo» en 1939, usados desde enero de 1940; tipos preferenciales concedidos empresa por empresa desde el Decreto-Ley N° 16.244 del 30 de diciembre de 1942. El techo del 15 % fue el último en caer, y el más importante: sobrevivió hasta febrero de 1941 en una ley del Congreso, y desapareció cuando el artículo 8° del Decreto-Ley N° 5.017 dejó de contemplarlo. Ninguna norma localizada lo derogó; una norma de rango inferior a la ley que lo contenía simplemente no lo reprodujo. Con él cayó también la exigencia de que la renta pasara por la ley de presupuesto, que la Ley N° 256 había impuesto y los decretos de 1940 ya habían esquivado: desde 1941 su reparto se hizo íntegramente por decreto, con el Decreto-Ley N° 5.072 de febrero de 1941 y los N° 11.876 y N° 14.536 de 1942.40 Cuatro años y medio más tarde, el Decreto-Ley N° 10.043 del 29 de agosto de 1945 repuso por escrito el freno perdido, con una fórmula más severa que la de 1936: el producto de las medidas de cambio «no podrán constituir recursos ordinarios del erario ni utilidades de dicho banco».41

Cuadro 7.5. Los frenos del Decreto N° 100 y su destino, 1936-1945
Freno de 19361937-1940Desde febrero de 19411945
Techo del 15 % al margen entre expropiación y ventaLa Ley N° 256 (1939) lo repite con rango de ley; la Memoria de 1939 dice que la diferencia «continúa siendo del 15 %»El Decreto-Ley N° 5.017 (art. 8°) no lo reproduce: tipos fijados por resolución del banco, sin techo; ninguna norma localizada lo derogaEl Decreto-Ley N° 10.043 (art. 41) crea un gravamen expreso del 15 % sobre el aforo, con destino tasado
Esterilización del producidoHasta octubre de 1939 el saldo engrosa los fondos del banco; la Ley N° 256 (art. 3°) lo reparte 20 / 30 / 50; decretos de 1940 comprometen el 50 % fiscalReparto íntegro por decreto: Decreto-Ley N° 5.072 (1941), N° 11.876 y N° 14.536 (1942)El Decreto-Ley N° 10.043 (art. 2° d) prohíbe que constituya recurso ordinario del erario o utilidad del banco
Uniformidad del tipo de ventaDecreto N° 10.278 (1937): régimen especial por producto con aprobación previa de Hacienda; Ley N° 256 (art. 2° c): régimen especial o exención «a juicio del Banco y del Poder Ejecutivo»; excepciones de 1940Tipos preferenciales empresa por empresa desde el Decreto-Ley N° 16.244 (30-XII-1942); Decretos N° 13.126 (1946) y N° 22.209 (1947)Mercado desdoblado en oficial y libre
Paridad de trato al Banco AgrícolaSin datoSin equivalente documentado—

Fuente: Decreto N° 100 del 3 de marzo de 1936, cláusulas III y IV; Decreto N° 10.278 del 31 de marzo de 1937; Ley N° 256 del 26 de octubre de 1939, arts. 2° y 3°; Banco de la República del Paraguay, Memoria de 1939; Decretos-Leyes N° 5.017, 5.072, 11.876, 14.536 y 16.244; Decreto-Ley N° 10.043, en Rivarola Paoli (1982).

De ahí la fórmula justa. El sistema que Pedretti administró no fue una copia del de Franco: fue el de Franco sin sus salvaguardas y con el mercado suprimido, lo que es a la vez menos y más que una copia. Y la responsabilidad se reparte con la misma precisión. Ninguna de las etapas anteriores a 1941 es obra suya: la institución, la facultad de expropiar, la renta como recurso fiscal y su compromiso íntegro estaban ahí cuando llegó. El Decreto-Ley N° 5.017 se dictó cuatro meses después de su llegada y lleva su marca técnica —el banco había pedido el «control de giros» por la Nota N° 512 del 27 de noviembre de 1940—; lo que ocurrió bajo su presidencia no fue la invención del sistema sino su llevada al límite. Cómo encontró el régimen se cuenta en El régimen que encontró; qué hizo con él, en El control total de cambios y La renta cambiaria.

La proposición no es enteramente nueva, y conviene reconocer lo que la bibliografía ya había establecido. José Carlos Rodríguez periodizó 1936-1947 como una sola etapa nacionalista y enumeró la intervención económica entre sus rasgos definitorios, nombrando la banca central y la moneda entre las materias intervenidas, aunque sin reconstruir la genealogía normativa. E Ignacio González Bozzolasco demostró, con el método normativo y para el corporativismo sindical, la misma tesis que aquí se sostiene para el régimen cambiario: que el aparato de intervención estatal sobre el trabajo no empezó con Morínigo sino con el febrerismo, y que Morínigo lo heredó.42 Que la misma conclusión se sostenga en dos materias distintas —el trabajo y la moneda— refuerza las dos lecturas. La demostración documental para la moneda descansa en seis decretos de 1936: los N° 11, 13, 15, 40, 100 y 221.

Del aparato a la posguerra

El aparato de febrero de 1936 tuvo una vida desigual. Su parte más visible —la prohibición penal, el precio único obligatorio, la distribución administrada de divisas— no llegó a cumplir un año. Su parte institucional, en cambio, se quedó: el banco, la carta heredada, la sección de expropiaciones, la costumbre de legislar por decreto sobre la moneda y la de repartir entre categorías de deudores el costo del tipo de cambio. Entre la caída de Franco y la llegada de Pedretti no hubo un modelo monetario, sino una administración de la emergencia: devaluaciones sucesivas del tipo oficial, una lista de artículos para los que casi nunca había divisa, presupuestos con déficit estructural, un banco emisor que en 1938 tomaba bonos del Tesoro y un programa —el de los propios febreristas, escrito en el destierro— que pedía un banco del Estado que centralizara la moneda y el crédito. Esos cuatro años, vistos desde las memorias del banco, desde la legación británica y desde el Registro Oficial, son el tema de La posguerra sin modelo.

Notas

  1. Ley N° 182 del 28 de enero de 1916, arts. 10 y 13; Ley N° 258 de 1917. El texto de ambas y su aplicación se examinan en La Oficina de Cambios. ↩
  2. Ley N° 550 del 25 de octubre de 1923, sancionada el 23 de octubre. Sobre la paridad y la tasa implícita de mercado, véase El derrumbe del orden monetario. ↩
  3. Carlos A. Pedretti, «La reforma bancaria», conferencia pronunciada en el Teatro Municipal el 14 de setiembre de 1944, en El Paraguayo, Asunción, número especial de marzo de 1946, pp. 46-50 del ejemplar digitalizado. Sobre la Ley N° 1.170 de 1930 y los tres proyectos de Ayala, véase La Oficina de Cambios. ↩
  4. Serie fiscal elaborada sobre Juan Carlos Herken Krauer, La política económica durante la era liberal. Paraguay, 1904-1940, 2.ª edición revisada, corregida y aumentada, Berlín, 2019 (1.ª ed.: Cuadernos Históricos 9, Archivo del Liberalismo, Asunción, mayo-junio de 1989), anexo estadístico. ↩
  5. Carlos A. Pedretti, «La Reforma Monetaria», conferencia del 13 de octubre de 1943, en El Régimen Monetario Orgánico de la República del Paraguay, Asunción, Editorial Guarania, 1943, p. 28. La distinción entre emisiones «de acuerdo con sus facultades legales» e «inorgánicas» es del propio Pedretti. ↩
  6. Carlos A. Pedretti, «La Reforma Monetaria», conferencia del 13 de octubre de 1943, en El Régimen Monetario Orgánico de la República del Paraguay, Asunción, Editorial Guarania, 1943, pp. 34-35. ↩
  7. Alícuotas implícitas y serie fiscal elaboradas sobre Juan Carlos Herken Krauer, La política económica durante la era liberal. Paraguay, 1904-1940, 2.ª ed., Berlín, 2019, cuadro 1 del anexo estadístico, y sobre Alfredo M. Seiferheld, Economía y petróleo durante la Guerra del Chaco. Apuntes para una historia económica del conflicto paraguayo-boliviano, Asunción, Instituto Paraguayo de Estudios Geopolíticos e Internacionales, 1983. Cifras de circulación, en Carlos A. Pedretti, «La Reforma Monetaria», conferencia del 13 de octubre de 1943, en El Régimen Monetario Orgánico de la República del Paraguay, Asunción, Editorial Guarania, 1943, p. 28. La emisión de guerra figura en el balance del Departamento de Emisión y Canje del Banco de la República al 31 de diciembre de 1937, bajo el rubro «Emisión Leyes 1251, 1280 y 1284»; la Ley N° 252 de 1939 enumera las leyes de emisión de guerra. ↩
  8. Decreto del 22 de febrero de 1936, «Decreto que declara intervenida la Oficina de Cambios», en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1936, primer trimestre, Asunción, Imprenta Nacional. El considerando está parcialmente ilegible en el ejemplar; se cita sólo lo que se lee con certeza. ↩
  9. Decreto N° 11 del 22 de febrero de 1936, Ministerio de Hacienda, en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1936, primer trimestre, Asunción, Imprenta Nacional. Firman Rafael Franco, L. Freire Esteves, Gomes Freire Esteves, Juan Stefanich, A. Jóver Peralta y B. Caballero. ↩
  10. Decreto N° 223 del 13 de marzo de 1936, Ministerio de Hacienda, en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1936, primer trimestre, Asunción, Imprenta Nacional. ↩
  11. Ley N° 256 del 26 de octubre de 1939, título, en Gaceta Oficial, Sección Registro Oficial, Asunción, 28 de octubre de 1939, pp. 14-15; promulgada por José Félix Estigarribia con el refrendo de C. Codas. ↩
  12. Decreto N° 100 del 3 de marzo de 1936, considerandos, en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1936, primer trimestre, Asunción, Imprenta Nacional. Firman Rafael Franco y L. Freire Esteves. ↩
  13. Decreto N° 100 del 3 de marzo de 1936, art. 1°, cláusulas I a IV, en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1936, primer trimestre, Asunción, Imprenta Nacional. ↩
  14. Decreto-Ley N° 655 del 5 de octubre de 1943, art. 7°, segundo párrafo, en El Régimen Monetario Orgánico de la República del Paraguay, Asunción, Editorial Guarania, 1943. ↩
  15. Decreto N° 13 del 22 de febrero de 1936, Ministerio de Hacienda, considerandos, en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1936, primer trimestre, Asunción, Imprenta Nacional. El ejemplar está deteriorado en dos pasajes y las palabras restituidas van entre corchetes. Lo firman Rafael Franco y los cinco ministros. ↩
  16. Decreto N° 221 del 13 de marzo de 1936, «Que modifica el Decreto N° 13 del 22 de febrero último», Ministerio de Hacienda, en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1936, primer trimestre, Asunción, Imprenta Nacional. Se dicta «oído el parecer del Consejo de Ministros» y lo firman Franco y los cinco ministros. ↩
  17. Decreto-Ley N° 5.017 del 10 de febrero de 1941, «Por el cual se crea y organiza el Control de Cambios», art. 1°, en el folleto oficial Decreto Ley N° 5017 sobre Control de Cambios, República del Paraguay, 12 páginas. ↩
  18. Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1936, primer trimestre; segundo trimestre, 1° de abril al 30 de junio, Imprenta Nacional, 1936; tercer trimestre, 1° de julio al 30 de setiembre; cuarto trimestre, 1° de octubre al 31 de diciembre, Imprenta Nacional, 1938; y apéndices del tercer y del cuarto trimestre, Asunción, Imprenta Nacional. Método: extracción de los encabezados de norma y clasificación por materia. ↩
  19. Decreto N° 1.661 del 29 de mayo de 1936, Ministerio de Hacienda, dictado «con fuerza de ley», en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1936, segundo trimestre, 1° de abril al 30 de junio, Asunción, Imprenta Nacional, 1936. Su vigencia fue prorrogada por tres meses por norma posterior del mismo volumen. ↩
  20. Decreto N° 8.276 del 12 de enero de 1937, Ministerio de Hacienda, en Gaceta Oficial de la República del Paraguay N° 110 del 12 de enero de 1937, sección «Registro Oficial», Asunción. Firman Rafael Franco y Emilio Gardel. ↩
  21. Decreto-Ley N° 5.316 y Decreto N° 7.987 del 30 de diciembre de 1936, «Que reglamenta el Decreto-Ley N° 5.316 y aclara sus términos», Ministerio de Hacienda, en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1936, apéndice del cuarto trimestre (diciembre), Asunción, Imprenta Nacional. El ejemplar está deteriorado en varios pasajes y las cifras se dan con esa reserva. ↩
  22. Great Britain, Department of Overseas Trade, Report on Economic and Commercial Conditions in Paraguay, November 1936, No. 662, by R. H. Tottenham-Smith, London, H.M. Stationery Office, página impresa 9 (ejemplar de HathiTrust mdp.39015068456238). ↩
  23. Decreto-Ley N° 5.316, considerandos, en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1936, cuarto trimestre, 1° de octubre al 31 de diciembre, Asunción, Imprenta Nacional, 1938, pp. 1 y 2 del volumen. El mismo pasaje declara que la moratoria fue creada por una ley del 14 de enero de 1933 y prorrogada por leyes posteriores y por los decretos-leyes N° 1.648 y N° 4.387; los números de las leyes prorrogantes están deteriorados en el ejemplar. ↩
  24. La secuencia ministerial procede de Luis Verón, Ministerio de Hacienda 1811-2011. Galería de Ministros y Sedes, Asunción, Servicios Gráficos, mayo de 2011 (ejemplar digital en el sitio del Ministerio de Economía y Finanzas), que registra a Benjamín Banks del 15 de agosto de 1932 al 17 de febrero de 1936 y a Luis Freire Esteves a continuación. Los refrendos de los seis decretos constan en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1936, primer trimestre, Asunción, Imprenta Nacional. ↩
  25. Findley B. Howard, ministro de los Estados Unidos en Asunción, despacho al Secretario de Estado, 20 de febrero de 1936, en Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1936, vol. V, The American Republics, Washington, Government Printing Office, sección Paraguay. Original inglés: «are not party members, have so-called extremist views and were implicated in the 1915 January revolution»; «[were] not persons of prominence and probably were chosen largely because of their personal friendship with Franco». Se cita como testimonio de época, no como caracterización acreditada. ↩
  26. Decreto N° 40 del 28 de febrero de 1936, Ministerio de Hacienda, en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1936, primer trimestre, Asunción, Imprenta Nacional. ↩
  27. Decretos N° 1.240 y N° 1.241 del 18 de mayo de 1936, Ministerio del Interior, refrendados por Juan Stefanich, en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1936, segundo trimestre, 1° de abril al 30 de junio, Asunción, Imprenta Nacional, 1936. La clasificación divergente, en Luis Verón, Ministerio de Hacienda 1811-2011. Galería de Ministros y Sedes, Asunción, Servicios Gráficos, 2011. ↩
  28. Decreto N° 223 del 7 de marzo de 1940, firmado por Estigarribia y Justo Pastor Benítez, y Decreto N° 349 del 15 de marzo de 1940, Ministerio de Hacienda, en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1940; Banco de la República del Paraguay, Memoria correspondiente al ejercicio 1939, 61 páginas, presidente Justo Pastor Benítez, p. 23. La página de autoridades de esa Memoria es ilegible y la plana mayor se establece por las firmas de las piezas legibles. ↩
  29. Decretos N° 3.368 y N° 3.369 del 10 de octubre de 1940, Ministerio de Hacienda, en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1940; firmados por Higinio Morínigo y Francisco Esculies. Banco de la República del Paraguay, Memoria correspondiente al ejercicio 1940, Asunción. ↩
  30. Búsqueda sobre el apellido y sus deformaciones habituales en el reconocimiento óptico, en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1936, primer trimestre (163 páginas) y segundo trimestre (538 páginas), Asunción, Imprenta Nacional, y en los apéndices del tercer trimestre (setiembre) y del cuarto trimestre (diciembre), 252 y 263 páginas. ↩
  31. Semblanza «Carlos Alejo Pedretti Arriola», en La democracia orgánica a través de El Tiempo, volumen memorial tiempista, 2007, p. 27; Italiani nel Paraguay. Estirpe itálica en Paraguay, nota biográfica; Carlos A. Pedretti, entrevistado por Alfredo M. Seiferheld, «Carlos A. Pedretti, primer director de El Tiempo», en A. M. Seiferheld, Conversaciones político-militares, vol. III, Asunción, Offset El Gráfico, 1986, pp. 77-92, p. 78 (la parte no política se publicó en ABC Revista en enero de 1982). ↩
  32. Decreto N° 5.155 del 12 de marzo de 1938, en Registro Oficial de la República del Paraguay, enero a diciembre de 1938, Asunción, ejemplar de 89 planas, selección anual, plana 23. Sobre El Tiempo, véase El Tiempo y el tiempismo. ↩
  33. Findley B. Howard, despacho al Secretario de Estado, 20 de febrero de 1936, en Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1936, vol. V, Washington, Government Printing Office, sección Paraguay. La cifra y la finalidad proceden del despacho, que declara a Stefanich como fuente. ↩
  34. Decreto N° 10.278 del 31 de marzo de 1937, Ministerio de Hacienda, en Gaceta Oficial de la República del Paraguay N° 134 del 31 de marzo de 1937, sección «Registro Oficial», p. 17. Se dicta a pedido de la nota N° 45 del 23 de marzo del Banco de la República. ↩
  35. Banco de la República del Paraguay, Memoria correspondiente al ejercicio 1940, Asunción, anexos de la Sección Expropiaciones, con series 1932-1940; Decreto-Ley N° 5.017 del 10 de febrero de 1941, arts. 8° y 40. ↩
  36. Ley N° 256 del 26 de octubre de 1939, arts. 2° y 3°, en Gaceta Oficial, Sección Registro Oficial, Asunción, 28 de octubre de 1939, pp. 14-15. Su examen completo, en El régimen que encontró. ↩
  37. Banco de la República del Paraguay, Memoria correspondiente al ejercicio 1939, 61 páginas, presidente Justo Pastor Benítez, pp. 8, 15, 30, 32 y 35-36. ↩
  38. Decreto N° 469 del 20 de marzo de 1940 y Decreto-Ley N° 748 del 9 de abril de 1940, en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1940; Banco de la República del Paraguay, Memoria correspondiente al ejercicio 1940, p. 22. ↩
  39. Foreign Relations of the United States, 1939, vol. V, docs. 702 y 703 (designación de Eric F. Lamb como asesor del Banco de la República del Paraguay, julio de 1939); el pedido de Sumner Welles del 30 de octubre de 1940, en la misma documentación diplomática norteamericana; el informe de Lamb se transmite a Washington el 3 de enero de 1941. Queda por examinar si ese informe tocaba el régimen cambiario. ↩
  40. Decreto-Ley N° 5.072 del 13 de febrero de 1941, en Registro Oficial de 1941, plana 171; Decretos-Leyes N° 11.876 del 1° de abril de 1942 y N° 14.536 del 11 de setiembre de 1942, en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1942, segundo y tercer trimestres; Decreto-Ley N° 16.244 del 30 de diciembre de 1942; Decretos N° 13.126 de 1946 y N° 22.209 del 22 de setiembre de 1947. ↩
  41. Decreto-Ley N° 10.043 del 29 de agosto de 1945, art. 2°, inc. d), y art. 41, en la transcripción de Juan Bautista Rivarola Paoli, Historia monetaria del Paraguay. Monedas – Bancos – Crédito público, Asunción, 1982, pp. 446-449; el texto oficial de esa norma no ha podido consultarse. Véase 1945. ↩
  42. José Carlos Rodríguez, El Paraguay bajo el nacionalismo (1936-1947), Asunción, El Lector, colección «La Gran Historia del Paraguay» N° 11, 2010; Ignacio González Bozzolasco, Estado, movimiento obrero y corporativismo en Paraguay. Los gobiernos de Rafael Franco y Higinio Morínigo, 1936-1948, Buenos Aires, CLACSO, 2017. ↩