A las ocho de la mañana del lunes 10 de febrero de 1941 dejó de existir en el Paraguay el mercado libre de divisas. Un decreto-ley de seis capítulos y setenta y cuatro artículos entregó al Banco de la República el monopolio de toda operación en moneda extranjera, obligó a declarar las tenencias y a vender al banco el total de las divisas de exportación, y lo facultó a fijar los tipos de cambio. Lo que sigue lee la norma entera: su exposición de motivos, su mecanismo, sus silencios, su defensa en la prensa, sus resultados y la función imprevista que cumplió en la guerra económica.
Las ocho de la mañana del 10 de febrero
El artículo 72 del Decreto-Ley N° 5.017 dispone que la norma «entra en vigor desde las ocho horas del día de hoy». Era lunes, y a esa hora los bancos de Asunción todavía no habían abierto sus puertas. Ese mismo día, el Decreto N° 5.022, dictado «visto el decreto ley N. 5.017 de fecha de hoy», nombró director del Departamento de Control de Cambios al doctor Antero Cardús Giménez: el cargo que la norma creaba se cubrió el día en que se creó. El mercado que el decreto cerraba había llegado esa misma jornada a 92,50 pesos de curso legal por peso argentino; la cotización libre de 1940 había sido de 83. En 1932, bajo la paridad fijada en 1923, el peso argentino se pagaba 18,75. Entre una fecha y otra estaba la Guerra del Chaco y su financiamiento con emisión: el precio del peso argentino en pesos paraguayos se cuadruplicó entre 1932 y 1935, y en febrero de 1941 el peso valía menos de la cuarta parte que en 1932. El índice que publicó la Memoria del banco de 1941 pasa de 100 en agosto de 1932 a 398 en 1935 y a 411 en 1941; el propio Pedretti cifraría en 1943 la desvalorización entre 1932 y febrero de 1941 en el 75,7 %.1 La historia de esa destrucción está contada en la guerra y el peso y en la posguerra sin modelo.
Carlos A. Pedretti llevaba cuatro meses en la presidencia del banco. Lo había nombrado el Decreto N° 3.369 del 10 de octubre de 1940, junto con un directorio integrado por César Acosta, Francisco L. Pecci, Raúl Sapena Pastor y Nicanor V. Fanego; el N° 3.368 de la misma fecha había aceptado las renuncias del presidente saliente, Rodolfo González, y de los cuatro directores. Según la Memoria de 1940 asumió el 14 de octubre; otra fuente da el 11.2 Las circunstancias del nombramiento se reconstruyen en Morínigo y la llegada al banco. Cinco años más tarde, al inaugurar el nuevo edificio del banco el 27 de diciembre de 1945, Pedretti describió así lo que había encontrado:
«Al hacernos cargo, a mediados de octubre de 1940, de la presidencia del Banco de la República del Paraguay […] tuvimos que afrontar dos problemas de vasta trascendencia, que desde años atrás constituían una grave preocupación para el país: la persistente inestabilidad y progresiva desvalorización de nuestra moneda y la ineficacia del sistema bancario para la indispensable activación de nuestra economía. […] Terminar con la inestabilidad monetaria, agravada por la situación internacional, fué el primer objetivo abordado con la sanción del decreto ley 5.017 el 10 de febrero de 1941. En aquel momento la escasez de divisas era angustiosa; las reservas del Banco de la República habían descendido a 917.000 guaraníes y la relación entre dichas reservas y los billetes en circulación era apenas del 9,3 %.»
La cifra y la fecha son las mismas que la Memoria de 1943 había usado como línea de base, y el relato no cambió en cinco años.3 Pero el orden de batalla no se escribió después: estaba por escrito antes del decreto. La Nota N° 512 del 27 de noviembre de 1940, dirigida por el banco al ministro de Hacienda Rogelio Espinoza y firmada por Pedretti como presidente y por F. Amarilla Fretes como secretario general, proponía un plan de cinco puntos, y el tercero decía: «Control de giros: con esta medida se evitaría la salida de divisas que no estuviese justificada por las verdaderas necesidades del intercambio». La misma nota reconocía que el Gobierno «se encuentra empeñado en el estudio de las medidas reclamadas».4 Entre esa nota y el decreto-ley median setenta y cinco días. La nota prueba que la iniciativa era institucional, anterior a la coyuntura de febrero y compartida con el Ejecutivo; no prueba quién redactó el decreto, que lleva las firmas del presidente de la República y de sus seis ministros y en el que el nombre de Pedretti no figura. La escalera de normas que lo precedió —la Ley N° 256 de 1939, la expropiación de giros, el control de importaciones— se describe en el régimen que encontró.
Dos años y ocho meses después, en la conferencia del 13 de octubre de 1943 con que presentó la nueva unidad monetaria, Pedretti ordenó retrospectivamente su obra en etapas. Conviene leer el pasaje entero, porque de él depende cómo se lea todo lo demás:
«Es obvio que no puede reemplazarse en un periquete una moneda desvalorizada y fluctuante como el peso paraguayo. La reforma había de realizarse en dos etapas, a fin de obtener en la primera la estabilización del cambio y, una vez consolidada dicha situación, proceder en la segunda etapa a la revalorización de la moneda nacional por medio de la institución de una nueva unidad de valor razonable. […] La lucha por el primer objetivo comenzó el 10 de febrero de 1941 con el Decreto-ley 5017 sobre control de cambios. Felizmente para el país, esta trascendental medida ha logrado un éxito rotundo.»
En el mismo texto citaba a Haberler: «para países pequeños, en cuya economía el comercio exterior desempeña un papel muy importante, la estabilización del cambio es la única política posible».5 A esas dos etapas seguiría una tercera, la reforma institucional del banco, del sistema bancario y de su supervisión, que se cuenta en el Banco del Paraguay. La secuencia es coherente, pero hay que leerla como lo que es: una anexión, hecha en 1943, del decreto de 1941 a la reforma monetaria posterior. El texto de 1941, como se verá en seguida, no anunciaba ninguna reforma.
Una exposición de motivos de cuatro considerandos
El texto oficial del Decreto-Ley N° 5.017, «Por el cual se crea y se organiza el Control de Cambios», se publicó en el Registro Oficial del primer semestre de 1941, entre las páginas 146 y 150, y circuló además en un folleto oficial de doce páginas. Su lectura directa precisa y corrige buena parte de lo que la bibliografía venía citando de segunda mano.6 Los setenta y cuatro artículos van precedidos de una exposición de motivos de cuatro considerandos que la bibliografía no reproducía:
«CONSIDERANDO: Que es impostergable adoptar medidas que contrarresten las graves consecuencias de la crisis económica originada en la situación actual de nuestros mercados de consumo; Que es necesario regular el valor externo de nuestra moneda de acuerdo al poder adquisitivo real de la misma y sustraerla a la influencia de los factores puramente especulativos, que han adquirido un incremento desmesurado y artificial en estos últimos días; Que los Arts. 13 y 19 de la Constitución Nacional disponen que en ningún caso los intereses privados primarán sobre el interés general de la nación, y que los habitantes de la República gozen del derecho de trabajar y ejercer todo comercio e industria lícitos, salvo las limitaciones que, por razones sociales y económicas de interés nacional, imponga la ley; Que el art. 15 de la misma ley fundamental, prescribe, como una obligación del Estado, la regulación de la vida económica nacional, Por tanto, y oído el parecer del Consejo de Ministros».
El segundo considerando es el decisivo, porque no es retórica de decreto sino una doctrina cambiaria enunciada en tres líneas. Regular el valor externo de la moneda «de acuerdo al poder adquisitivo real de la misma» es, literalmente, el criterio de la paridad del poder adquisitivo: la idea de que el tipo de cambio debe reflejar la relación entre los niveles de precios internos y externos, y no la cotización que en un momento dado arroje un mercado dominado por «factores puramente especulativos». La referencia a «estos últimos días» no es un adorno: el libre había pasado de 83 en 1940 a 92,50 el día mismo del decreto. De esa doctrina se sigue lo demás. Si el patrón es el poder adquisitivo real, el tipo oficial no tiene por qué perseguir al mercado libre en su pico, ni por qué volver al de 1932: tiene que situarse donde la depreciación ya consumada lo haya puesto. Y ahí lo situó el banco, en ejercicio de la facultad que el decreto le daba, en 77 pesos por peso argentino: cuatro veces el tipo de 1932 y por debajo del pico especulativo. La frase con que Pedretti explicaría después la decisión —la reforma «se basó en la aceptación de la desvalorización consumada, descartando una revalorización quimérica que algunos propiciaban»— deja de ser, con el original a la vista, una racionalización retrospectiva: el criterio que enuncia es el del considerando segundo, escrito el mismo día en que se cerró el mercado. El tipo de 77 convalidaba la depreciación acumulada; no la perseguía ni pretendía deshacerla.
El tercero y el cuarto son la habilitación constitucional, y hay que registrar qué artículos se invocan y cuáles no. Se invocan el 13 y el 19 de la Constitución de 1940 —los intereses privados no primarán sobre el interés general; el derecho a trabajar y a ejercer comercio e industria lícitos queda sujeto a las limitaciones que por razones sociales y económicas imponga la ley— y el 15, que convierte la regulación de la vida económica en obligación del Estado. Los artículos 13 y 19 habilitan: contienen la cláusula de reserva legal que permite limitar la libertad económica. El 15 manda. No se invoca, en cambio, el artículo 54, que es el que facultaba al Ejecutivo a dictar decretos con fuerza de ley durante el receso parlamentario con el parecer del Consejo de Estado. El decreto se dicta «oído el parecer del Consejo de Ministros», y lo firman el presidente y los seis ministros: H. Morínigo M., R. Espinoza, V. Machuca, Aníbal Delmás, Francisco Esculies, Ramón E. Martino y G. Buongermini. El gabinete en pleno. Un editorial de El Tiempo del 22 de febrero, al defender la legalidad de la medida, sostenía que el Consejo de Estado no estaba constituido todavía y que «hasta tanto sean creados, el P. E. puede tomar todas las medidas que sean necesarias».7 Si el Consejo existía o no en febrero de 1941 es cuestión que la documentación disponible no cierra del todo; lo seguro es que el decreto no invoca su parecer, y que nada permite atribuirle dictamen alguno sobre el 5.017.
La consecuencia doctrinal es nítida. El monopolio cambiario más severo de la historia paraguaya no invoca en su texto la emergencia ni el estado de sitio bajo el que se gobernaba: se funda en el articulado ordinario de la Constitución que el mismo gobierno había promulgado el 10 de julio de 1940, siete meses antes, y se presenta como el cumplimiento de un deber constitucional. Quien quiera entender la Carta de 1940 como instrumento de gobierno tiene aquí su mejor ejemplo. Pero el marco real no se agota en la letra: todas las normas monetarias de 1941 a 1945 son decretos-leyes de un gobierno que concentraba la facultad de legislar, que gobernaba bajo estado de sitio y que el 25 de abril de 1942 disolvió por decreto al Partido Liberal.8 Separar el logro técnico de esas condiciones sería propaganda; atribuirlo sólo a ellas, otra clase de propaganda.
Importa, por último, lo que la exposición de motivos no dice. No anuncia una reforma monetaria: no menciona una unidad nueva, ni un banco central, ni etapas, ni programa alguno que exceda la regulación del valor externo del peso. Y no menciona países, nacionalidades ni beligerantes: no hay en ella rastro de la función de vigilancia sobre los intereses del Eje que la norma acabaría cumpliendo. Los dos silencios son datos, y apuntan en la misma dirección: en febrero de 1941 el Gobierno estaba haciendo lo que declaraba que hacía, defender el valor externo de una moneda en medio de una crisis de sus mercados de exportación.
Tres decretos-leyes en un solo acuerdo de ministros
El decreto no vino solo, y el Registro Oficial lo muestra sin necesidad de glosa. En la misma plana en que termina el control de cambios empieza otro decreto-ley del mismo 10 de febrero de 1941, con la misma fórmula del Consejo de Ministros y las mismas firmas: el N° 5.019, del Ministerio de Agricultura, Comercio e Industrias, «Por el cual se establece el Control de Precios de las Mercaderías Importadas». Tiene siete artículos. El primero congela: los precios de lo importado «no excederán a los que regían el día 31 de enero de 1941». El segundo manda al Departamento de Industrias y Comercio determinar la base de los precios de venta sobre el costo de las mercaderías puestas en plaza, una intermediación «rentable equitativa» y «el tipo de cambio fijado por el Banco de la República del Paraguay», y añade que «los precios así determinados no podrán ser alterados por los comerciantes». El tercero prohíbe restringir voluntariamente las ventas. El cuarto castiga con multa de cien a cinco mil pesos oro sellado y clausura temporal, el doble en caso de reincidencia: exactamente la misma horquilla de multas que el artículo 59 del Decreto-Ley N° 5.017.
Le sigue el Decreto-Ley N° 5.020, que fijó en 150 pesos de curso legal el precio básico de los diez kilos de algodón de primera clase puesto en las desmotadoras de Asunción y autorizó al Banco Agrícola a comprar por cuenta del Estado hasta la totalidad de la cosecha, porque «no hay en absoluto demanda de los exportadores debido al cierre de los principales mercados de compra». Entre ambos quedó un hueco: el Decreto-Ley N° 5.018 no se publicó, el Registro consigna «(Se publicará posteriormente)» y su contenido no ha podido establecerse.9
Control de cambios, control de precios y sostén de precios agrícolas con compra estatal: en un solo día y en un solo acuerdo de ministros. El Decreto-Ley N° 5.017 no es una medida cambiaria aislada sino la pieza mayor de un programa de intervención simultánea sobre la divisa, el precio del importador y el ingreso del agricultor, y el diagnóstico común a los tres es el que encabeza al primero: la crisis de los mercados de consumo, cerrados por la guerra europea. Leído solo, el 5.017 es un régimen cambiario; leído junto al 5.019 es un régimen de precios completo, en el que el Estado fija a la vez el precio de la divisa y el techo del precio de lo que esa divisa compra, y en el que el tipo que el banco fija por acto administrativo entra, por norma expresa, en la fórmula del precio máximo interno.
La confesión de 1944 es doble: el control de precios de 1941 no había funcionado, y el desarreglo se atribuía al comercio exterior, puesto que la nueva Administración debía actuar «hasta que se normalice el comercio internacional».10 El diagnóstico inflacionario del régimen, en su versión administrativa, es de abril de 1944: cinco meses anterior al mandato de estabilidad que la ley orgánica del banco recibiría en setiembre. La política de precios no acompañó a la política monetaria; la precedió, y por su propia admisión, con poco éxito.
Seis capítulos, setenta y cuatro artículos
El Decreto-Ley N° 5.017 solía conocerse por las citas que de él hacían las memorias del banco, los decretos posteriores y la bibliografía. Leído entero, el texto obliga a rectificar varias cosas que se daban por establecidas y añade otras que ninguna fuente secundaria menciona. Su capítulo I, «Del control de Cambios», va del artículo 1° al 21 y establece el monopolio, las declaraciones obligatorias y el régimen de los depósitos. El II, «Del Departamento de Control», del 22 al 34, crea el órgano, lo dota de facultades y le adosa una comisión asesora. El III, «De las importaciones y exportaciones», del 35 al 57, es el más extenso y contiene el mecanismo económico de la entrega, los permisos y el cupo semanal. El IV, «De las sanciones», va del 58 al 62; el V, «Disposiciones generales», del 63 al 69; el VI, «Disposiciones transitorias», del 70 al 74. No contiene cláusula derogatoria alguna, y ese silencio, como se verá al hablar de la renta, es decisivo.11
| Capítulo | Título | Artículos | Contenido |
|---|---|---|---|
| I | Del control de Cambios | 1° a 21 | Monopolio; declaraciones; depósitos; conversión forzosa de las obligaciones en divisas y en oro sellado |
| II | Del Departamento de Control | 22 a 34 | Creación; facultades del director; comisión asesora gremial; racionamiento de los giros |
| III | De las importaciones y exportaciones | 35 a 57 | Entrega de divisas; aforos; permisos; consignación y comercio compensado; cupo semanal |
| IV | De las sanciones | 58 a 62 | Multas; comiso; prisión; contrabando; alzada |
| V | Disposiciones generales | 63 a 69 | Gastos del Departamento; responsabilidad del director; interpretación; reforma |
| VI | Disposiciones transitorias | 70 a 74 | Congelamiento de las operaciones bancarias; intervención de las casas de cambio; vigencia |
Fuente: Decreto-Ley N° 5.017 del 10 de febrero de 1941, «Por el cual se crea y organiza el Control de Cambios», en el folleto oficial Decreto Ley N° 5017 sobre Control de Cambios y en el Registro Oficial de 1941, pp. 146-150.
El monopolio: se estatiza el mercado, no el stock
El artículo 1° establece el monopolio en los términos más amplios posibles: «Sólo el Banco de la República del Paraguay podrá comprar y vender monedas y divisas extranjeras», y realizar toda clase de operaciones con billetes, monedas acuñadas, letras de cambio, cheques, giros, cartas de crédito, transferencias de fondos y órdenes de pago en moneda extranjera. Queda «absolutamente prohibido a toda persona o entidad residente en el país, que no sea el Banco de la República, negociar en tales monedas y divisas extranjeras». La técnica es precisa y vale la pena señalarla: se estatiza el mercado, no el stock. El artículo 5° permite que los depósitos en divisas existentes se mantengan, a opción del depositante, en la moneda original y en el banco donde estaban. Pero el artículo 6° cierra la salida: los cheques contra esas cuentas corrientes se cambian obligatoriamente en el Banco de la República por moneda de curso legal al cambio del día, y las extracciones de caja de ahorro o de plazo fijo se hacen por orden de pago contra el mismo banco, al que el banco depositario debe reembolsar el importe en la moneda extranjera librada. Nadie pierde lo que tiene; lo que desaparece es el lugar donde podía vendérselo a alguien que no fuera el banco.
La entrega del total
El artículo 7° obliga a los exportadores a vender al banco el total de las divisas obtenidas, con la sola deducción de los derechos de exportación y del valor de los fletes, primas de seguros y comisiones pagaderos en el exterior. La palabra que importa es «total». La Ley N° 182 de 1916 había obligado a entregar hasta el 20 % de las divisas de exportación; durante la guerra del Chaco la Oficina de Cambios había expropiado la mitad; la Ley N° 256 de 1939 había dejado al banco fijar periódicamente, con autorización del Ejecutivo, los porcentajes a expropiar del valor de lo exportado. Desde el 10 de febrero de 1941 la divisa de exportación, entera, nacía comprometida con el banco emisor. Ésa es la base material de todo lo demás: de las reservas, del racionamiento y de la renta.
La importación y la salida de valores
Los artículos 9° a 12 cierran el circuito del otro lado. Las Aduanas y el Correo sólo entregaban mercadería autorizada por el Departamento de Control y pagada con letras giradas por el banco; no se concedían permisos para artículos producidos en el país, salvo en la proporción necesaria para completar el consumo interno; y el Departamento otorgaba los permisos según las divisas disponibles, cuidando el equilibrio de la balanza de pagos y la preferencia por los países compradores de la producción nacional. El artículo 12 repartía las divisas de exportación: el 40 % al pago de las cobranzas existentes —las deudas comerciales con el exterior ya contraídas— y el 60 % a las nuevas importaciones, porcentajes que el Directorio del banco podía modificar a pedido del Departamento. Los artículos 13 y 14 prohibían enviar o llevar personalmente al exterior giros y divisas no concedidos por el banco, y monedas, metales y piedras preciosas sin permiso del Departamento, que podía autorizar las alhajas de uso personal y el dinero de viaje; los turistas declaraban a la Aduana lo que traían y no podían sacar más de lo certificado.
La moneda de curso legal y el fin de la cláusula oro
Los artículos 18, 19 y 21 hacen algo que la bibliografía había registrado sólo a medias. Moneda de curso legal es la que la ley obliga a aceptar en pago; en 1941 lo era el peso papel paraguayo, y la unidad de cuenta de los contratos largos, del comercio exterior y de las reservas era otra: el peso oro sellado, cuya historia se cuenta en el derrumbe del orden monetario. El artículo 18 manda que toda operación de crédito, compraventa, alquiler, remuneración, sueldo y renta dentro del territorio se pacte en moneda de curso legal; el 21 dispone que ningún acreedor por contratos celebrados en el extranjero que deban cumplirse en el Paraguay pueda cobrar en divisas, sino en moneda nacional al tipo de compra del banco. El artículo 19 hace dos cosas. Prohíbe pactar en moneda extranjera dentro del territorio —«dichas transacciones y convenios deben efectuarse en moneda de curso legal»—, que es la disposición que el informe publicado en el Federal Reserve Bulletin de enero de 1944 resumiría, y que convirtió en infracción facturar en pesos argentinos. Y además liquida hacia atrás: las obligaciones en moneda extranjera y en oro sellado pendientes «en la fecha de promulgación de este Decreto-Ley, sólo serán exigibles en moneda nacional de curso legal al tipo de venta del Banco de la República en el día del cumplimiento de la obligación».
La segunda mitad es la que importa. Quien tuviera un crédito en oro sellado pasó a tener un crédito en pesos de curso legal convertible al tipo administrativo del día de pago. La cláusula oro, que era la garantía habitual contra la depreciación, quedó desactivada por decreto: una pesificación, en el vocabulario de nuestro tiempo, incluida en la misma norma que creaba el monopolio. Sólo los préstamos externos posteriores al decreto y autorizados por el Departamento podían reembolsarse en la moneda original. Con una excepción que muestra el límite de la operación: el propio decreto siguió usando el oro sellado como unidad de cuenta para lo suyo, y expresó en esa moneda los topes de los giros por ausentismo y el rango de las multas. La unidad murió para los contratos privados en febrero de 1941 y sobrevivió en el derecho público hasta que el artículo 15 del Decreto-Ley N° 655 la suprimió del todo, dos años y ocho meses más tarde.12
Expropiación, no compra: el artículo 8° y el tipo de 77
El artículo 8° es la cláusula que dio al sistema su elasticidad: el banco «queda autorizado a fijar tipos de cambio y bases de expropiación que permitan y faciliten la exportación normal de los frutos y productos del país». La palabra merece detención. La norma no habla de compra ni de aforo: dice expropiación, y lo repite en el artículo 40, que manda hacer la liquidación en pesos de curso legal «cuando el Banco reciba el pago de la expropiación». No es una licencia de estilo. Es la continuidad léxica con la Sección Expropiaciones que el banco venía llevando desde 1932, cuando la Oficina de Cambios empezó a tomar por la fuerza una parte de las divisas de exportación para financiar la guerra —el proceso se describe en la guerra y el peso—, y es la forma jurídica con que el régimen se piensa a sí mismo. El artículo 7° obliga al exportador a entregar la divisa; el 8° faculta al banco a fijar cuánto le pagará por ella. Hay transferencia forzosa y hay indemnización tasada por quien expropia. El vocabulario pasó de la norma a la discusión pública: en abril de 1941, al responder una encuesta sobre el decreto, la firma Carlos Casado Ltda. se quejaría precisamente de la desproporción entre lo que el Gobierno pagaba por la expropiación y el tipo real.13
La relación entre expropiación y aforo es de género a especie, y conviene fijar los términos. El aforo es el valor administrativo que se asigna a la mercadería exportada: tantos pesos oro sellado por tonelada de extracto, por kilo de cuero, por cabeza. La base de expropiación es el precio en pesos de curso legal al que el Estado se apropia de la divisa que esa exportación produjo. El tipo de cambio de expropiación es, entonces, lo que el banco paga al exportador por cada unidad de divisa; el tipo de venta, lo que cobra al importador que la recibe con permiso. Si llamamos te al primero, tv al segundo y V al volumen de divisas que pasa por la ventanilla, la diferencia (tv − te) × V queda en manos del único comprador y único vendedor. Es la renta cambiaria, o beneficio de cambio, cuyo destino se examina más abajo. Hay además una segunda brecha, menos visible: cuando el aforo es inferior al valor realmente facturado, el exportador entrega una parte de su divisa al tipo de expropiación y el remanente se le liquida a un tipo distinto. De esa diferencia entre el valor aforado y el valor real saldría, cuatro años más tarde, la válvula del desdoblamiento del mercado que se cuenta en 1945.
Queda por corregir una atribución corriente. El tipo único de 7.700 pesos de curso legal por 100 pesos moneda argentina no figura en el Decreto-Ley N° 5.017. La norma no fija paridad alguna: no menciona el peso argentino ni ninguna otra divisa, y las únicas cifras monetarias de sus setenta y cuatro artículos son los topes de giro por ausentismo y el rango de las multas, expresados en pesos oro sellado. Lo que el decreto hace es entregar la facultad: el artículo 8° autoriza al banco a fijar los tipos, y el artículo 51 pone al director del Departamento, de acuerdo con el Directorio, a fijar semanalmente el monto de las divisas que se concederán. El tipo de 77 por uno fue, por lo tanto, una decisión del banco tomada en ejercicio de esa facultad, y no una cláusula legal.14 La consecuencia no es menor: sostenerlo sin variación durante casi cinco años no requirió ninguna ley, y modificarlo tampoco la habría requerido. La Ley N° 256 había puesto un techo: el banco no podía abonar las expropiaciones a un tipo inferior en más del 15 % al de venta, y en enero de 1940 un decreto hablaba todavía de «la diferencia de cambio del 15 % vigente». El artículo 8° no reproduce ese límite: faculta al banco a fijar tipos y bases por resolución, sin techo, sin plazo y sin obligación de fundarla. Ninguna norma derogó el techo del quince por ciento; el decreto de 1941 simplemente dejó de contemplarlo.15 La rigidez del tipo entre 1941 y 1945 no fue jurídica sino administrativa —una decisión reiterada del Directorio—, y el sistema tuvo en la letra la flexibilidad que en los hechos no usó para el tipo general.
Esa traslación del precio desde la ley hacia la resolución del banco tiene una huella documental curiosa. El Registro Oficial había dejado de publicar la tarifa general de expropiación once meses antes, en marzo de 1940, bajo el régimen de la Ley N° 256 y con Rodolfo González en la presidencia del banco: el control total de cambios no inauguró la opacidad del precio de la divisa, la heredó y la consolidó. Después del 10 de febrero el impreso oficial sólo deja ver precios nominados, convenidos por el Directorio con cada grupo exportador y homologados por decreto. El Decreto N° 5.355 del 28 de febrero de 1941 aprobó «el régimen especial de expropiación establecido por el Directorio del Banco de la República del Paraguay para las empresas exportadoras de tanino radicadas en el país, y que ha sido aprobado por las mismas»: estabilizó por seis meses, del 1° de marzo al 31 de agosto, la base de expropiación de cuarenta pesos oro sellado por tonelada de extracto de quebracho, con derecho del banco a modificarla con treinta días de aviso si el precio del tanino subía, y las cuatro compañías —Carlos Casado Ltda., Campos y Quebrachales Puerto Sastre, Sociedad Forestal de Puerto Guaraní e International Products Corporation— adelantaban conjuntamente al banco, a cuenta de expropiación, doscientos mil pesos moneda argentina mensuales, correspondientes a una exportación de dos mil doscientas toneladas. El Decreto N° 5.642 del 14 de marzo hizo lo mismo con los frigoríficos: para Liebig's Extract of Meat Co. Ltd. e International Products Corporation dispuso el «mantenimiento, durante la zafra del año en curso, de los mismos aforos y tipos de devolución que regían el 10 de febrero último», sin publicarlos, y mandó devolver el remanente entre el valor real y el de aforo «al cambio del 17.500 % en relación con el oro sellado». Esa cifra es la forma en que el tipo oficial asoma en el impreso: 175 pesos de curso legal por peso oro sellado, que es exactamente 77 multiplicado por 2,2727, la relación entre el oro sellado y el peso argentino. Y un decreto minero del 3 de marzo, el N° 5.467, mandó fiscalizar la parte del Estado en unas minas de Fuerte Olimpo «tomando como base los valores fijados por el Banco de la República del Paraguay, a los efectos de la expropiación de los giros respectivos»: el Registro Oficial certificando, de pasada, que el precio de la divisa era un acto del banco y no una norma publicada.16 El artículo 8° no hizo impublicable el régimen: hizo innecesaria su publicación.
La elasticidad se usó de inmediato. El Directorio suscribió convenios con las productoras de extracto de quebracho y de carne conservada para la zafra en curso, fijó el tipo de devolución para la esencia de petit grain y mantuvo transitoriamente los aforos vigentes para el cuero, la madera, el tabaco y el algodón mientras estudiaba cada rubro. También resolvió redescontar letras de la cartera de los bancos comerciales hasta cien millones de pesos de curso legal, a plazo no mayor de noventa días y a una tasa igual a la mitad de la aplicada por el banco en cada caso. El redescuento es la operación por la cual el banco emisor adelanta dinero a un banco comercial contra los documentos de crédito que éste tiene en cartera; abrirlo a media tasa significaba expandir el crédito. El control de cambios permitió pasar de una política de restricción a una de expansión porque desaparecía el temor de que todo aumento del circulante empujara el tipo de cambio: con el mercado suprimido, el tipo ya no se movía por la demanda de divisas sino por decisión del Directorio.
Racionar por prelación: importaciones, giros y ausentismo
Suprimido el precio como mecanismo de reparto, alguien tenía que decidir quién recibía divisas, y el decreto lo resolvió con una técnica que conviene describir con exactitud. Primero fija cuánto hay: el 40 y el 60 % del artículo 12, más las demás disponibilidades del banco, con el monto semanal que el director y el Directorio determinan por el artículo 51. Después establece en qué orden se reparte. El artículo 27 hace caducar los giros no retirados a los treinta días, o a los ciento veinte cuando se trata de nuevas importaciones contra documentos de embarque. El artículo 28 clasifica los giros para el pago de importaciones en seis rubros; el artículo 30 clasifica en ocho categorías las demás necesidades de divisas, que se atienden con lo que queda.17
| Orden | Giros para el pago de importaciones (art. 28) | Demás necesidades de divisas (art. 30) |
|---|---|---|
| 1.° | Importaciones gubernamentales y municipales de carácter indispensable | Gastos de viaje de los paraguayos que desean volver al país |
| 2.° | Importaciones indispensables de las empresas particulares que prestan servicios de utilidad pública | Estudiantes |
| 3.° | Importaciones privadas de artículos indispensables para el consumo público | Viajes y permanencia en el exterior por enfermedad comprobada que no pueda ser tratada en el país |
| 4.° | Importaciones de industrias que emplean preferentemente materia prima nacional, y las de la agricultura para sus necesidades o fomento | Pago de seguros no contemplados en el artículo 7° |
| 5.° | Importaciones de las demás industrias | Sostenimiento de familias en el exterior |
| 6.° | Otros artículos | Pago de utilidades y dividendos de compañías extranjeras |
| 7.° | — | Pago de utilidades de cinematógrafos y otros espectáculos públicos previamente autorizados |
| 8.° | — | Otras necesidades |
Fuente: Decreto-Ley N° 5.017 del 10 de febrero de 1941, arts. 28 y 30, en el Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1941, primer semestre, p. 148. Dentro de cada rubro del art. 28 se daba preferencia a los artículos perecederos. Las necesidades del art. 30 se atendían con las disponibilidades remanentes de la última parte del art. 12. El art. 29 encomendó al Departamento la lista detallada de los artículos de cada rubro, sujeta a la aprobación del Directorio.
Las dos escalas describen un método antes que una política. El decreto no raciona por precio sino por prioridad declarada en la ley, y deja al director el despacho caso por caso dentro de ese orden, con una regla de desempate —los perecederos primero— y una válvula de excepción: el artículo 33 permitía alterar circunstancialmente ambas prelaciones con la aprobación del Directorio. El artículo 29 encargaba al Departamento elaborar la lista detallada de los artículos de cada rubro, sujeta a la aprobación del Directorio, y mientras tanto despachar por orden de urgencia según la clasificación general. Esa lista no salió nunca al impreso oficial, y el barrido del Registro Oficial no devuelve una sola norma que reglamente, modifique o prorrogue las prelaciones: el régimen de importación de 1941 a 1945 se administró por resolución interna del banco y no dejó huella normativa. Es, en pequeño, la técnica que el Fondo de Estabilización Monetaria volvería a emplear en 1945: un presupuesto de divisas administrado por prelación legal, con las dos categorías abiertas —lo indispensable arriba y lo demás abajo— reservadas al juicio de la autoridad. Entre 1941 y 1945 cambió el número de mercados, no la manera de repartir.
La lista del artículo 30 permite corregir una referencia que las memorias del banco repitieron durante años. Las memorias publicaban la distribución anual de los giros concedidos «de acuerdo al art. 3°, Dto. Ley N° 5.017», con ocho incisos; pero el artículo 3° regula la declaración de los bancos dentro de las veinticuatro horas, y el que regula los giros es el 30. La confusión proviene, con toda probabilidad, de la costumbre de la casa de abreviar «art. 3o.» por «art. 30». El cotejo del folleto con el Registro Oficial da la lista entera, y la segunda consecuencia vale por sí misma: el régimen reservó una preferencia expresa y autónoma para los estudiantes en el exterior, colocada por delante de los enfermos, de las familias y de los dividendos. En el orden de prelación de una economía sin divisas, eso es una decisión, y dice algo sobre las prioridades de quienes la escribieron.18
Con la lista correcta, además, el artículo 32 se lee como una unidad. Es la norma del ausentismo, es decir, de las remesas a personas residentes en el exterior, y aplica un recargo del 10 % sobre el tipo de venta «en el caso del Art. 30 inc. 5°», que es precisamente el sostenimiento de familias. Los topes mensuales son de 150 pesos oro sellado para el jefe de familia, 120 para la cónyuge, 100 por cada hijo mayor de dieciocho años y 70 por cada hijo menor, y el techo global dice: «En ningún caso se concederá a una sola familia más de $ 600 o|s. mensuales». El tope muerde: una familia de jefe, cónyuge y cuatro hijos —dos mayores y dos menores— sumaría 610 por la escala individual y queda cortada en 600. Los cheques se giraban a la orden de la persona residente en el exterior, no del solicitante.19 El recargo era, en pequeño, un tipo de cambio diferencial dentro del tipo único: la divisa para mantener a una familia afuera costaba un décimo más que la divisa para importar.
El Departamento de Control de Cambios: una cámara de intereses dentro del banco emisor
El capítulo II del decreto es el orgánico, y contiene el pasaje que más dice sobre el pensamiento de quienes lo concibieron. El artículo 22 crea el Departamento de Control de Cambios como dependencia del Banco de la República. El artículo 23 dice quién lo gobierna: un director nombrado por el Poder Ejecutivo y asesorado por una Comisión compuesta de
«un representante de la Bolsa y Cámara de Comercio, un representante del Centro de Importadores, un representante de la Asociación Rural del Paraguay, un representante de la Unión Industrial Paraguaya y un representante de los exportadores, que serán designados por el P. E. a propuesta en terna de dichas entidades».
El mismo artículo exige que el director y los asesores sean ciudadanos paraguayos y tengan por lo menos treinta años. El artículo 24 vuelve obligatorio el diseño: «El director reunirá a la Comisión Asesora por lo menos una vez a la semana para recabar su opinión sobre medidas de carácter general que a juicio del mismo requieran el asesoramiento de la Comisión», y ésta «podrá también aconsejar la adopción de medidas tendientes a la mejor aplicación del presente Decreto-Ley, planteadas por cualquiera de sus miembros». El artículo 25 enumera las doce atribuciones del director: dirigir la oficina; aprobar o negar los permisos de importación y exportación y las peticiones de giros; formular diariamente listas y cuadros estadísticos; proponer al Directorio los nombramientos y el presupuesto; sugerir al Ministerio de Hacienda, por intermedio del banco, las reformas del propio decreto; informar semanalmente al Directorio; imponer las multas y comisos; pedir al juez en lo criminal, por intermedio del banco, la prisión de los infractores; requerir datos a oficinas públicas y a firmas comerciales e industriales; y, la duodécima y última, presidir la Comisión Asesora. Se trata, pues, de un órgano consultivo de reunión semanal preceptiva, integrado por delegados de cinco entidades gremiales que los proponen en terna, con iniciativa propia y sin poder de decisión.
Las dos piezas piden ponerse al lado de otra, escrita diecisiete años antes. En 1924, el estudiante Pedretti escribía en la nota 58 de su tesis doctoral que existía «una fuerte corriente favorable a la “representación de los intereses”, por medio de “cámaras profesionales”, con voto consultivo para los proyectos de ley», y que «todas las profesiones organizadas tendrían representación ante los poderes públicos, y las consultas obligatoriamente hechas a las “cámaras profesionales”, sin constituir decisiones, tendrían de hecho un gran peso, porque responderían a algo real».20 En 1941, la norma que organiza el control de cambios crea una comisión de cinco profesiones organizadas —el comercio, la importación, la ganadería, la industria manufacturera y la exportación—, propuestas en terna por sus propias entidades, de consulta obligatoria y semanal, con voto consultivo y sin poder de decisión. La correspondencia no es de espíritu: es de mecanismo y, en algunos tramos, de vocabulario. La doctrina de la tesis se examina en la tesis de 1924.
Suele señalarse como encarnación institucional de aquel corporativismo el Consejo de Estado del artículo 62 de la Constitución de 1940. La lectura se sostiene, pero el artículo 23 la precisa. El Consejo de Estado era un órgano constitucional de composición mixta —los ministros, el rector de la Universidad Nacional, el arzobispo de Asunción, dos miembros de las Fuerzas Armadas, el presidente del banco emisor— en el que la representación de intereses era una fracción: un representante del comercio, dos de la industria agropecuaria, uno de la manufacturera, designados por el cargo o por el Ejecutivo. La Comisión Asesora del artículo 23 no tiene ninguna otra cosa dentro: es íntegramente una cámara de intereses, y sus miembros se designan a propuesta en terna de las corporaciones mismas, procedimiento que la Constitución no prevé para el Consejo. En la escala menor de una repartición administrativa, el diseño de la nota 58 se realizó de manera más pura y más operativa que en el órgano constitucional. Y se escribió en una fecha en que, según el propio diario del grupo, el Consejo de Estado no estaba todavía constituido: el decreto entró en vigor con su comisión gremial prevista, y el director fue nombrado ese mismo día.
Que la Comisión llegara a constituirse y a reunirse cada semana es cosa que la documentación consultada no permite establecer. El Registro Oficial trae la norma y el nombramiento del director, no las actas del Departamento ni los decretos de designación de los asesores, que no se han localizado; el catálogo de normas de 1941 registra un Decreto N° 6.630 sobre representantes ante el Departamento de Control de Cambios, cuyo texto no se ha cotejado. Mientras esas verificaciones no se hagan, la distinción entre lo dispuesto y lo ejecutado debe mantenerse.
El mismo artículo 23 contiene una regla que mide el poder efectivo de Pedretti en 1941 mejor que cualquier apreciación general: «El cargo de miembro del Directorio del Banco de la República es incompatible con el de director y asesor del Departamento de Control». El Departamento dependía del banco, su director informaba semanalmente al Directorio, le proponía el personal y le sometía el presupuesto; pero nadie podía ocupar los dos sitios a la vez. El presidente del banco no administraba el control de cambios: lo supervisaba desde el Directorio, que era la instancia de apelación de las multas y comisos que el director imponía, el que resolvía las dudas de interpretación de la norma, el que aprobaba la lista detallada de artículos por rubro y el que fijaba, con el director, el monto semanal de divisas a conceder. La corrección va en los dos sentidos. Pedretti no decidía caso por caso quién obtenía divisas —eso lo hacía Cardús Giménez—, y al mismo tiempo presidía el cuerpo que tenía la última palabra sobre cada apelación, sobre las listas y sobre el volumen semanal del racionamiento.
Penas, alzada y concentración del poder
El capítulo IV, «De las sanciones», es la parte de la norma que la bibliografía nunca había descrito, y explica en buena medida por qué el cumplimiento fue tan alto. Las monedas, divisas o giros negociados en contravención del artículo 1° caían en comiso. Las infracciones se castigaban con multa de cien pesos oro sellado y cinco días de prisión como mínimo, y de cinco mil pesos oro sellado y tres meses como máximo. La falta de la declaración del artículo 2° acarreaba el comiso más una multa del duplo del valor, y prisión de cinco a noventa días. Violar el artículo 13 —el que prohíbe sacar del país divisas, oro y alhajas sin permiso— era contrabando. El fraude en la declaración de exportación se castigaba con el duplo del valor real del embarque y la exclusión del régimen. Y la mitad de lo recaudado por multas y comisos iba al denunciante; la otra mitad, al fondo de reserva del banco. Un régimen que paga al delator la mitad de lo que se le confisca al infractor no depende sólo de la inspección oficial: convierte a cada competidor, empleado o vecino en un inspector con interés propio.
El procedimiento es todavía más revelador que las penas. La multa y el comiso los imponía el director del Departamento, y se apelaban ante el Directorio del banco. Sólo la pena de prisión iba al juez en lo criminal, y por intermedio del banco. El banco emisor investigaba, calificaba, sancionaba y resolvía la alzada; la justicia ordinaria intervenía sólo cuando estaba en juego la libertad, y por su conducto. Súmese a eso que el Directorio fijaba el precio de la divisa (artículo 8°), fijaba con el director la cantidad mediante el cupo semanal (artículo 51), interpretaba la ley (artículo 65) y vetaba toda reforma (artículo 66), y se tendrá la medida de la concentración: un solo órgano colegiado reunía la potestad normativa, la reglamentaria, la ejecutiva, la sancionatoria y la de última instancia sobre el mercado de cambios de un país.
Las disposiciones generales del capítulo V completan el diseño. El artículo 63 se ocupaba de cubrir los gastos de funcionamiento del Departamento, el único destino que la norma da a ingreso alguno; el artículo 64 establecía la responsabilidad personal y pecuniaria del director; el 65 atribuía al Directorio la interpretación de la norma y el 66 le daba veto sobre toda reforma. Quince días después, el Decreto-Ley N° 5.270 del 25 de febrero de 1941 añadió una facultad más: autorizó al Directorio a prorrogar los plazos de las declaraciones, porque —decían sus considerandos— «el régimen estatuído por el Decreto-Ley N. 5017 exige la observancia de ciertas formalidades cuya omisión es penada» y «es menester contemplar con equidad las diversas situaciones creadas». Los plazos de veinticuatro horas para los bancos, ocho días para las cobranzas y quince para los particulares habían resultado de cumplimiento difícil, y la solución no fue reformar la norma sino facultar al Directorio a dispensarla caso por caso.21

La concentración no era un accidente de redacción sino la consecuencia lógica de haber suprimido el mercado. Donde no hay precio que reparta, alguien tiene que repartir; donde alguien reparte, alguien tiene que castigar a quien reparte por su cuenta. El decreto puso las dos cosas en la misma casa. Bajo un gobierno que legislaba por decreto y gobernaba bajo estado de sitio, esa casa respondía en última instancia al Ejecutivo que nombraba a su presidente, a sus directores y al director del Departamento. La eficacia del régimen y su carácter autoritario no son dos lecturas alternativas del mismo texto: son la misma lectura.
Una fotografía tomada antes del disparo
Hay en el decreto-ley una pieza de ingeniería jurídica que sólo se advierte leyendo el texto completo. La norma entra en vigor a las ocho de la mañana del lunes 10 de febrero, pero las declaraciones obligatorias no se refieren a ese día. El artículo 2° dio quince días a toda persona o entidad para declarar por escrito, ante el Departamento de Control de Cambios, cuanto hubiera tenido en monedas, divisas o depósitos, en el país o en el exterior, al 9 de febrero de 1941 —la víspera del decreto—, y cuarenta y ocho horas para declarar lo que adquiriese después, «acompañados de los documentos que comprueben la procedencia de las monedas, divisas o depósitos». El artículo 3° dio a los bancos veinticuatro horas para declarar sus tenencias al cierre de sus operaciones del 8 de febrero, más el estado de todas sus cuentas en moneda extranjera y de los depósitos que conservaran fuera del país por cuenta de sus clientes. El artículo 26 agregó, en ocho días, la declaración e inscripción de las cobranzas extranjeras al cierre del mismo 8 de febrero, bajo pena de perder el derecho al reembolso. El artículo 4° impuso al propio Departamento reserva sobre lo declarado.
El calendario explica el diseño. El sábado 8 fue el último día hábil bancario; el domingo 9, día inhábil; el lunes 10 a las ocho, antes de que los bancos abrieran, la norma entró en vigor, y sus disposiciones transitorias congelaron las operaciones e intervinieron las casas de cambio en el mismo instante. El artículo 70 suspendió toda operación de los bancos particulares en moneda extranjera —salvo la recepción de depósitos— hasta que el Departamento comprobase la exactitud de sus declaraciones; el 71 intervino las casas de cambio y mandó depositar sus existencias en el Banco de la República a nombre de sus propietarios; el 72 fijó la hora de vigencia, «dándose cuenta oportunamente a la Cámara de Representantes». Entre la fotografía y el disparo no transcurrió ningún día hábil. La fuga anticipada no quedó prohibida —nadie puede prohibir hacia atrás—: quedó aritméticamente imposible de ocultar, porque cualquier discrepancia entre lo declarado y lo que los libros de los bancos mostraban al cierre del sábado era, por construcción, detectable. Quien diseñó esa secuencia conocía el funcionamiento de una plaza financiera desde adentro.
Titular, monto, origen, fecha de corte y sanción por omitir: desde el primer día de vigencia, el banco emisor dispuso de un censo financiero de la plaza, secreto por mandato legal. Que el monopolio no fue una declaración de principios lo muestra un expediente oficial posterior. Al aprobar en 1942 un arreglo con el Banco Germánico de la América del Sud, el Poder Ejecutivo recordó que «por imposición de los artículos 2° y 3° del Decreto-Ley N° 5.017 sobre creación del control de cambios, de fecha 10 de febrero de 1941, el Banco Germánico de la América del Sud transfirió al Banco de la República del Paraguay las monedas y divisas extranjeras en su poder, así como declaró un estado de todos los depósitos existentes en moneda extranjera y su procedencia».22 Los bancos entregaron sus tenencias y abrieron sus registros de depósitos en divisas el día en que la norma entró en vigencia. Ese censo era exactamente el registro que la política aliada de bloqueo de los activos del Eje habría de exigir después. La convergencia está documentada como efecto y no como intención, y esa distinción, que se desarrolla al final de esta página, organiza todo lo que se diga sobre ella.
Hubo también un problema técnico que el Directorio resolvió con inteligencia, y que muestra el régimen en su escala menuda. El artículo 6° obligaba al banco depositario a reembolsar al Banco de la República, en la misma moneda, el importe de los cheques librados contra depósitos en divisas; pero los bancos habían invertido parte de esos depósitos en préstamos sólo exigibles en pesos fuertes. El Directorio resolvió que el reembolso en moneda extranjera se haría hasta la concurrencia del saldo entre depósitos e inversiones, y en pesos fuertes por encima de ese saldo; y que el Banco de la República se comprometía a vender al banco depositario la moneda extranjera invertida, al mismo tipo de los cobros, para el caso de que una modificación legal ulterior devolviera a los depositantes el derecho de retirar en la moneda original.23 La solución evitaba que el monopolio dejara ilíquidos a los bancos privados de un día para otro.
La campaña de El Tiempo
Entre febrero y noviembre de 1941, El Tiempo publicó una serie sostenida de editoriales que explicaban, justificaban y defendían el Decreto-Ley N° 5.017. Es la exposición pública de la doctrina cambiaria del régimen, escrita por el círculo que la estaba aplicando, y la mejor fuente disponible sobre el pensamiento económico tiempista, cuyo itinerario se cuenta en el tiempismo. Pedretti había sido el primer director del diario, y en la dirección «se turnaban el Dr. Carlos R. Andrada y el exponente», según declararía él mismo más tarde; en 1941 dirigía Andrada, mientras Pedretti presidía el banco cuya política el diario defendía. Hay que advertir sobre el soporte en que hoy se lee esa campaña. La recopilación conservada no es un archivo de recortes sino un libro impreso, La democracia orgánica a través de El Tiempo, reunido por Luis Manuel Andrada Nogués, cuyas páginas del período van de la 267 a la 455 con cuatro saltos. Toda proporción temática que se calcule sobre él mide, en rigor, la selección del recopilador; y esa selección tiene un sesgo declarado: la portada reproduce el titular que anuncia la prisión de «nuestro director, el Dr. Carlos R. Andrada», y el nombre de Pedretti no aparece una sola vez en las ciento veintiuna piezas de 1941 recogidas en el ejemplar.24
Esas ciento veintiuna piezas se reparten en cincuenta y siete de doctrina política, treinta y dos de política económica sectorial, veintidós de control de cambios y política monetaria, siete de polémica y tres no clasificables. Ninguna está firmada. Se distinguen, sin embargo, manos distintas: la que escribe sobre cambios declara dos veces su fuente —«datos numéricos que obtuvimos en el Banco de la República», «averiguamos en el Banco de la República»— y se atribuye conocimiento de la intención del legislador («que el autor de dicha ley no ignoraba»; «a nuestro juicio deliberadamente»). Escribe, en suma, desde la posición que Pedretti ocupaba. No hay prueba documental de la atribución, y aquí se la deja formulada como hipótesis. De la serie que se ha podido reconstruir, veinte piezas corresponden a los cinco meses y medio que van de febrero a julio de 1941, y tres prolongan la discusión hasta noviembre.
| Título | Fecha | Año / N° |
|---|---|---|
| Finalidades del control de cambios | sáb. 22 de febrero | II – 149 |
| Legalidad del control de cambios | sáb. 22 de febrero | II – 149 |
| Economía nacionalista | jue. 27 de febrero | II – 151 |
| El control de cambios y la exportación – I | vie. 28 de febrero | II – 152 |
| El control de cambios y la exportación – II | sáb. 1 de marzo | II – 153 |
| El control de cambios y la exportación – III | mar. 4 de marzo | II – 154 |
| La revolución nacional. Causas de la revolución paraguaya | mar. 4 de marzo | II – 154 |
| El control de las importaciones | mié. 5 de marzo | II – 155 |
| Palabra de orden: estabilidad | jue. 6 de marzo | II – 156 |
| El control de cambios y el crédito | vie. 7 de marzo | II – 157 |
| Las obligaciones en moneda extranjera | mié. 12 de marzo | II – 161 |
| Cien millones para redescuento | dom. 30 de marzo | II – 177 |
| En torno a una encuesta – I | mié. 2 de abril | II – 179 |
| En torno a una encuesta – II | jue. 3 de abril | II – 180 |
| En torno a una encuesta – III | vie. 4 de abril | II – 181 |
| Situación de los bancos | sáb. 5 de abril | II – 182 |
| Comercio compensado | jue. 26 de junio | II – 347 |
| Situación de la exportación | mié. 2 de julio | II – 352 |
| Estabilidad monetaria | dom. 6 de julio | II – 356 |
| Los «saboteadores» del control de cambios | jue. 17 de julio | II – 365 |
| Lo que significa el establecimiento de la Agencia del Banco del Brasil | mar. 14 de octubre | II – 463 |
| Comercio compensado (segunda serie) | sáb. 1 de noviembre | II – 479 |
| Hacia un régimen monetario fijo | dom. 9 de noviembre | II – 485 |
Fuente: El Tiempo, Asunción, año II, según los encabezados impresos y el índice general de La democracia orgánica a través de El Tiempo (2007). La numeración del diario tiene en 1941 dos saltos reales, del 237 al 338 entre el 14 y el 15 de junio y del 425 al 453 entre el 1° y el 2 de octubre, de modo que ninguna fecha puede inferirse por interpolación a partir del número. El encabezado de la pieza del núm. 161 dice «miércoles 13 de marzo»; se consigna el miércoles 12, que es el día que corresponde a ese número según la secuencia de la colección (núm. 160 = martes 11; núm. 163 = viernes 14).
El primero de la serie fija el marco ideológico sin ambigüedad. El control de cambios no se presenta como una medida técnica sino como un acto de la Revolución: «Durante largos años, el Paraguay recibió incalculables perjuicios de su régimen económico liberal, régimen propicio a todos los abusos e injusticias. […] Y el Decreto-ley N° 5017, que no tiene antecedentes ni similar en nuestro medio, se propone precisamente conducirnos de la economía anárquica a la economía organizada». El mismo número trae el editorial sobre la legalidad, que es una lectura de la Constitución de 1940 en clave de habilitación económica del Estado: «la nueva ley fundamental ha concedido al Estado una amplia intervención en el campo económico, reaccionando de esta suerte contra el arcaico concepto del inerte Estado Liberal consagrado por la Constitución del 70»; y cita la exposición de motivos constitucional: «El Estado moderno no puede ser un simple gendarme».25 Cinco días después, «Economía nacionalista» lleva la doctrina a su forma más pura: «La economía liberal tiene por fin exclusivo el lucro, la ganancia sin medida y sin control. […] Para sus adeptos no existe otra patria que el mercado, ni otro dios que el dinero». La economía nueva, en cambio, «postula que la riqueza debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la riqueza».26
La serie «El control de cambios y la exportación» responde uno por uno a los argumentos del sector exportador y ofrece, en su segunda entrega, la primera medición pública del resultado: entre el 10 y el 28 de febrero los fondos propios del banco en moneda y divisas extranjeras aumentaron un 62 % respecto de las existencias del 8 de febrero, y las exportaciones del período superaron a las de todo el mes de enero.27
El episodio más revelador es la polémica de abril. La Cámara de Comercio Argentino-Paraguaya de Buenos Aires, presidida por el ex presidente Eusebio Ayala —el mismo que había financiado la guerra con emisión y que se oponía a la intervención estatal en los cambios—, circuló entre sus firmas asociadas una encuesta sobre el decreto. El Tiempo clasificó las respuestas en «amistosas» e «inamistosas». Del lado amistoso, Anderson & Clayton S.A. respondió que el monopolio estatal del cambio «indudablemente resultará beneficioso para el país siempre que todas las operaciones sean llevadas a cabo con estrecha cooperación y entendimiento entre el Gobierno y el comercio exportador e importador»; que podía mejorar la estabilidad de la moneda aunque afectara a la banca privada; y que el permiso previo de importación, en las circunstancias del momento, podía llevar al resultado deseado «mejor que el mecanismo de la competencia». Del lado inamistoso, Carlos Casado Ltda. sostuvo que la diferencia entre lo que el Gobierno pagaba por la expropiación y el tipo real era desproporcionada; que el monopolio sería un obstáculo para la afluencia de divisas y sólo mejoraría la estabilidad «en la apariencia»; y que el permiso previo ofrecía inconvenientes muy serios. La respuesta del diario fue política más que económica: acusó a la empresa de contribuir a la confusión que «elementos políticos repudiados por la nueva conciencia paraguaya» sembraban en Buenos Aires, y contrapuso a sus dichos el hecho de que la fábrica de extracto de Puerto Casado trabajaba a tres turnos de ocho horas.28
La queja de Casado, despojada del tono, era exactamente la descripción económica del régimen: la base de expropiación por debajo del valor de la divisa es un impuesto sobre el exportador. El tercer artículo de la serie cierra con la definición doctrinaria más nítida del conjunto —el control de cambios no es «una simple intervención en el mercado de los cambios extranjeros, sino una valiente tentativa de implantación de un orden económico nacionalista en substitución del régimen económico liberal»— y con tres cifras obtenidas en el banco: compras de divisas entre el 10 de febrero y el 2 de abril, 2.883.945,78 pesos oro sellado; ventas en el mismo período, 1.759.856,16; aumento de los fondos propios del banco, 235,71 %.29 En siete semanas el banco había comprado un 64 % más de lo que vendió.
Y está el tono de la coacción. El editorial del 17 de julio advierte que quienes atribuyen al Gobierno la culpa de las dificultades «merecen y deben ser tratados como enemigos públicos y saboteadores y, como tales, perseguidos y castigados», anuncia «multas contundentes, y arrestos» y describe a la bolsa negra como «esa serpiente de siete cabezas».30 Es el mismo diario, la misma semana, que publica series de cifras de reservas. Las dos cosas forman parte del mismo régimen: la estadística para convencer y la amenaza para quien no se convenciera.
Los resultados de 1941 y 1942
El régimen funcionó, y funcionó rápido. Dos decisiones técnicas explican buena parte del resultado. La primera fue el tipo: el banco fijó, en ejercicio del artículo 8°, un tipo oficial alto —77 por uno, cuatro veces el de 1932, aunque por debajo del pico de 92,50 del mercado libre—; es decir, convalidó la depreciación en lugar de intentar revaluar, y no castigó a la exportación con un peso artificialmente caro. La segunda fue que la emisión no se convirtió en factor desequilibrante. A eso se sumó un factor decisivo y exógeno: el auge exportador de la guerra mundial, que se analiza en la base del éxito. La Memoria de 1943 publicó la serie de emisión, reservas y cobertura tomando como punto de partida el 10 de febrero de 1941, el día del decreto: el banco se medía a sí mismo desde el día en que cambió el régimen.
El respaldo de los billetes, 1941-1945
Reservas en oro y divisas como porcentaje de la emisión. La línea punteada marca el 100 %.
- Reservas de oro y divisas sobre billetes emitidos
- Fondo de Estabilización Monetaria sobre billetes (serie distinta)
| Fecha | Emisión | Reservas de oro y divisas | Cobertura impresa |
|---|---|---|---|
| 10-II-1941 | 9.837.512 | 917.117 | 9,3 % |
| 31-XII-1941 | 14.876.088 o 14.376.088 | 8.333.834 | 56,0 % / 57,9 % |
| 31-XII-1942 | 21.606.088 | 18.348.508 | 84,9 % |
| 31-XII-1943 | 25.986.299 | 26.140.828 | 100,6 % |
| XII-1945 | — | 32.000.000 (Fondo de Estabilización Monetaria) | 117,7 % |
Fuente: Banco de la República del Paraguay, Memoria correspondiente al ejercicio 1943, p. 14, para 1941-1943, en cifras convertidas a razón de cien pesos fuertes por guaraní; Memorias de 1941 y 1942 para la lectura alternativa de fines de 1941; discurso de Pedretti del 27 de diciembre de 1945 para la última fila. Advertencias: (1) para fines de 1941 hay tres lecturas de una sola magnitud: con una emisión de 14.876.088 el cociente da 56,0 %, la cifra que imprime la Memoria de 1943; con 14.376.088 da 57,97 %, próximo al 57,9 % que imprimieron las memorias de 1941 y 1942; se consignan sin elegir ni promediar. (2) Las reservas de fines de 1941 son 4.762.191 pesos oro sellado a 1,75 guaraníes por peso oro sellado. Las del 10 de febrero de 1941 figuran en la Memoria de 1942 como 576.477 pesos oro sellado, que reproducen los 917.117 guaraníes si se convierten al tipo anterior al decreto (159,09 pesos de curso legal por peso oro sellado) y no al de 175. (3) El editorial de El Tiempo del 6 de julio de 1941 dio para el punto de partida fondos propios de 699.404,37 pesos oro sellado y una «garantía de la emisión» del 35,81 %. (4) La misma Memoria de 1943 advierte que, sumados los depósitos a la vista, la garantía sobre el total de las obligaciones a la vista era del 50,2 %. (5) La serie no es homogénea: el denominador cambia entre billetes en circulación y billetes a cargo del banco, y la cifra de 1945 mide el Fondo de Estabilización Monetaria del Banco del Paraguay.
En veintidós meses las reservas, medidas en pesos oro sellado, se multiplicaron por dieciocho y la cobertura de los billetes pasó de menos de una décima parte a más de cuatro quintas partes de la emisión; en diciembre de 1943 superaba el ciento por ciento. Es el éxito técnico que ninguna lectura del período puede negar, y hay que exponerlo con las reservas que sus propias fuentes imponen. La primera es el punto de partida, disputado entre el banco y su diario afín. La segunda es la homogeneidad de la serie. La tercera es la que más importa: la cifra celebrada mide el respaldo del papel, no el de todas las obligaciones del banco, que en 1943 estaban cubiertas por la mitad. El respaldo creció de manera espectacular; no llegó a ser lo que la cifra de 100,6 % sugiere a primera vista.31 En la conferencia del 13 de octubre de 1943 Pedretti resumía así lo obtenido: «La regularización del pago de nuestras obligaciones en el exterior y una cobertura que se aproxima en estos momentos al 100 % de los billetes a cargo del Banco de la República, son los principales resultados obtenidos».
| Año | Compradas | Vendidas |
|---|---|---|
| 1940 | 12.433.196 | 12.388.591 |
| 1941 | 30.611.859 | 23.531.482 |
| 1942 | 44.489.212 | 33.275.863 |
| 1943 | 55.648.171 | 47.855.846 |
Fuente: Banco de la República del Paraguay, Memoria correspondiente al ejercicio 1943, p. 14. Cifras convertidas a guaraníes a razón de cien pesos fuertes por guaraní. El cuadro mide el total de las operaciones del banco, no sólo las divisas de exportación.
La diferencia entre las dos columnas se corresponde, a grandes rasgos, con la acumulación de reservas: en 1940, último año sin monopolio, el banco compró casi exactamente lo que vendió; en 1941 compró siete millones de guaraníes más, en 1942 once millones más, en 1943 casi ocho millones más. El comercio exterior acompañó. Las exportaciones crecieron 33 % en 1941; la carne conservada duplicó su valor, de 1.714.000 a 3.390.000 pesos oro sellado; la balanza comercial pasó de un déficit de 3.507.262 pesos oro sellado en 1940 a un superávit de 2.944.661 en 1941. En 1942 las exportaciones crecieron otro 9 % y totalizaron 16.540.000 pesos oro sellado, la cifra más alta registrada hasta entonces, con algo más de las tres cuartas partes concentradas en cueros vacunos (21 %), extracto de quebracho (20 %), algodón (15 %), productos frigoríficos (10 %) y maderas (10 %), según las memorias del banco de 1941 y 1942.
| Producto | 1940 | 1941 | Var. % |
|---|---|---|---|
| Exportación total | 11.385 | 15.132 | +33 |
| Extracto de quebracho | 2.523 | 2.906 | +15 |
| Carne conservada | 1.714 | 3.390 | +98 |
| Cueros | 1.423 | 1.907 | +34 |
| Yerba mate | 1.465 | 708 | −52 |
| Algodón | 1.251 | 1.582 | +26 |
| Maderas | 697 | 942 | +35 |
| Esencia de petit grain | 504 | 749 | +49 |
| Productos frigoríficos | 556 | 801 | +44 |
| Tabaco | 366 | 371 | +1 |
| Azúcar | 65 | 530 | +715 |
| Aceite de coco y ricino | 21 | 61 | +191 |
Fuente: Sección Estadística de la Aduana y Memoria del Banco de la República, año 1941.
La proporción de las divisas de exportación que el banco efectivamente capturó mide la magnitud del cambio de régimen mejor que cualquier otra cifra. Al mismo tiempo, la parte de los depósitos en manos de los bancos privados cayó del 57,3 % en 1940 al 34,7 % en 1941 y al 20 % en 1942, mientras el Banco de la República aumentaba sus utilidades y abrían agencias el Banco do Brasil y el Banco de la Nación Argentina. El monopolio cambiario no sólo concentró las divisas: concentró la banca.
| Año | Exportación FOB (pesos o/s) | Divisas compradas (pesos o/s) | % capturado |
|---|---|---|---|
| 1940 | 11.385.000 | 5.235.000 | 46 |
| 1941 | 15.132.500 | 8.574.000 | 57 |
| 1942 | 16.540.000 | 13.508.000 | 82 |
Fuente: Memorias del Banco de la República del Paraguay, años 1941 y 1942.
Arturo Rahi cuantificó el fenómeno desde otro ángulo: el valor exportado habría crecido 91 % entre 1941 y 1942, y 134 % hacia 1943, y las reservas habrían pasado de prácticamente cero en febrero de 1941 a unos nueve millones de dólares a fines de 1943.32 Sus porcentajes de crecimiento exportador no coinciden con los de la serie aduanera en pesos oro sellado, que da un 9 % entre 1941 y 1942, y se consignan sin conciliar: miden algo distinto y no deben encadenarse. La dirección, en cambio, es la misma en todas las fuentes.
La serie de El Tiempo se cierra, ocho meses y medio después de iniciada, con la pieza que enlaza el control de cambios con la reforma que vendría. El 9 de noviembre de 1941, bajo el título «Hacia un régimen monetario fijo», el diario informaba que el «programa de estabilización del valor de la moneda nacional» ya se había cumplido respecto de la libra esterlina, el peso argentino y el milreis, y explicaba el procedimiento de fijación por triangulación a través del dólar: el Directorio había fijado la relación con el milreis calculándola por el dólar, «puesto que tanto el peso argentino como el milreis se apoyan en el dólar».33 Dos años antes del Decreto-Ley N° 655, la idea de fijar la moneda contra varias divisas a través de una sola estaba formulada en la prensa, y el eje de referencia empezaba a desplazarse del peso argentino al dólar; el guaraní nacería cotizado directamente en centavos de dólar.
El 18 de febrero de 1943, el Decreto-Ley N° 17.070 retocó el régimen en dos direcciones a la vez. Dictado sobre un anteproyecto elevado por el propio Directorio del banco, generalizó la obligación de declarar ante el Departamento la posesión de divisas extranjeras y extendió el contralor a las monedas, metales y piedras preciosas que portaran los viajeros; y al mismo tiempo permitió mantener divisas en los bancos siempre que no se convirtieran para uso local, y facultó al Banco de la República a autorizar a otros bancos a operar en las divisas en que él mismo no operaba.34 No era un cambio de régimen sino un ajuste de tuercas. La estabilización estaba consolidada.
Dónde no está el beneficio de cambio, y lo que el régimen daba al Tesoro
El Registro Oficial de 1942 permite mirar el presupuesto de la Nación en el segundo año pleno del régimen, y lo que muestra no es lo que cabía esperar. El Decreto-Ley N° 13.505 del 14 de julio de 1942 presupuestó los gastos ordinarios del ejercicio en 1.992.568.652 pesos de curso legal y calculó los recursos ordinarios en 1.392.678.200: una brecha declarada de 599.890.452 pesos, el 30,1 % del gasto. La distribución es la de un país en pie de guerra sin estar en guerra: Guerra y Marina se lleva 747.765.180 pesos, el 37,5 % del gasto ordinario, más que Interior y Justicia, Culto e Instrucción Pública juntos; la Deuda Pública, 211.600.300. Del lado del recurso, los derechos de importación aportan 545.000.000 —el 39,1 %— y los de exportación apenas 66.100.000, el 4,7 %.35 La importación era la base fiscal; la exportación, la base cambiaria.
| Concepto | Pesos c/l | % |
|---|---|---|
| B — Interior | 247.219.824 | 12,4 |
| C — Relaciones Exteriores | 57.198.000 | 2,9 |
| D — Hacienda | 144.760.060 | 7,3 |
| E — Justicia, Culto e Instrucción Pública | 241.202.388 | 12,1 |
| F — Agricultura, Comercio e Industrias | 77.035.200 | 3,9 |
| G — Obras Públicas | 15.822.000 | 0,8 |
| H — Guerra y Marina | 747.765.180 | 37,5 |
| I — Salud Pública | 71.397.600 | 3,6 |
| J — Poder Judicial | 46.389.600 | 2,3 |
| K — Obras Públicas | 14.580.000 | 0,7 |
| L — Jubilaciones y Pensiones | 117.598.500 | 5,9 |
| M — Deuda Pública | 211.600.300 | 10,6 |
| Gastos ordinarios (art. 1°) | 1.992.568.652 | 100,0 |
| Recursos ordinarios (art. 2°) | 1.392.678.200 | 69,9 |
| Brecha declarada | 599.890.452 | 30,1 |
Fuente: Decreto-Ley N° 13.505 del 14 de julio de 1942, Registro Oficial de la República del Paraguay, 1942, tercer trimestre, pp. 748-749. El anexo A, Cámara de Representantes, figura sin cifra en el texto impreso; los anexos G y K llevan el mismo rótulo en el impreso. Porcentajes calculados sobre las cifras del decreto.
Esa cifra plantea de frente una objeción. Si el presupuesto de 1942 se sancionó con una brecha del 30 %, la disciplina fiscal no puede haber sido la piedra angular del régimen en el sentido en que lo fue del de Eligio Ayala, que cerró nueve ejercicios seguidos sin emisión presupuestaria, como se cuenta en la Oficina de Cambios. Y sin embargo la serie monetaria es incompatible con una monetización masiva: la cobertura del circulante sube del 9,3 % en febrero de 1941 al 117,7 % cinco años después. Las dos cosas son ciertas, y la contradicción es sólo aparente; lo que falta es la partida que la resuelve. La partida son los beneficios de cambio de las exportaciones aforadas: la diferencia (tv − te) × V que el monopolio producía al comprar al tipo de expropiación y vender al de venta.
Aquí está, sin embargo, una rectificación que la lectura del texto completo impone. Era corriente atribuir al Decreto-Ley N° 5.017 la creación del mecanismo por el cual el diferencial cambiario se convierte en recurso del Tesoro, y eso es inexacto. El decreto-ley crea las condiciones del beneficio: comprador único y vendedor único, con ambos precios fijados por el mismo Directorio. De la combinación de los artículos 1°, 7° y 8° el diferencial surge necesariamente. Pero ningún artículo lo nombra, ninguno lo cuantifica y ninguno lo asigna al Gobierno. El único destino que la norma da a ingreso alguno es el del artículo 63, que lo aplica a los gastos de funcionamiento del Departamento; el artículo 58 destina la mitad de las multas y comisos a las reservas del banco y la otra mitad al denunciante. Al Tesoro, en los setenta y cuatro artículos, no va nada.
El título jurídico venía de antes. El artículo 3° de la Ley N° 256 del 26 de octubre de 1939, sancionada por el Congreso bajo la presidencia constitucional de José Félix Estigarribia, repartía «el producido anual de las diferencias de cambios provenientes de las expropiaciones» entre tres destinos públicos: el 20 % a cancelar el remanente de los créditos del banco al Estado, el 30 % a un sistema de estímulos para la agricultura y la ganadería, y el 50 % como recurso fiscal adicional «conforme a lo que al respecto dispusiere el Presupuesto General de Egresos e Ingresos de cada ejercicio financiero». Es decir, atribuía el beneficio de cambio entero a fines del Estado. Y el Decreto-Ley N° 5.017 no la deroga: carece de cláusula derogatoria, y la ley del régimen anterior siguió en pie.36 Lo que se rediseñó en 1941 fue el aparato de captación, dejando intacto el título de apropiación heredado. La renta la crea la Ley N° 256; el Decreto-Ley N° 5.017 multiplica su base, que pasa de una parte de las divisas de exportación a su totalidad. La historia de esa ley y de cómo su renta quedó comprometida antes de octubre de 1940 está en el régimen que encontró.
Tres días después del control de cambios llegó el reparto. El Decreto-Ley N° 5.072 del 13 de febrero de 1941 distribuyó la renta que el nuevo monopolio iba a multiplicar.
El barrido completo del Registro Oficial de 1942 permite seguir esa partida de decreto en decreto, y en setiembre de ese año el ciento por ciento del beneficio de cambio tenía destino asignado por decreto-ley, sin pasar por el cálculo de recursos del presupuesto, que no contiene un solo renglón donde pudiera figurar. El control total de cambios fue, además de un instrumento monetario, un impuesto no legislado sobre el comercio exterior. Pero no fue la única fuente con que se cubrió la brecha, y conviene decirlo con exactitud: el banco también adelantó fondos a la Tesorería. La Memoria de 1945 suma 22.775.000 guaraníes adelantados entre 1940 y 1945 «para hacer frente a los déficit».37 El déficit se pagó principalmente con la renta cambiaria y, en segundo término, con adelantos del propio banco. El régimen no logró el equilibrio fiscal; logró el equilibrio monetario financiando buena parte del desequilibrio fiscal con algo que no era emisión. La arquitectura completa de ese mecanismo —su base normativa, su magnitud, sus destinos y la condición externa de la que dependía— se expone en la renta cambiaria.
El censo financiero en la guerra económica, 1941-1946
El Decreto-Ley N° 5.017 tuvo una segunda vida que sus autores no anunciaron, y en ella la historia monetaria paraguaya se cruza con la guerra mundial. El censo de las tenencias en divisas, con titular, monto, procedencia y fecha de corte, era exactamente el registro que la política aliada de bloqueo de los activos del Eje habría de exigir. La cronología, sin embargo, desaconseja cualquier lectura finalista. El decreto se dictó el 10 de febrero de 1941. La Proclamación N° 2.497 del presidente de los Estados Unidos, que instituyó la Proclaimed List of Certain Blocked Nationals —la lista negra—, es del 17 de julio de 1941. El ataque a Pearl Harbor ocurrió el 7 de diciembre; la ruptura paraguaya de relaciones con el Japón, Alemania e Italia, el 28 de enero de 1942; la fijación del alcance comercial y financiero de esa ruptura, el 16 de febrero; el bloqueo de las transferencias, el 3 de diciembre de 1942. El instrumento precede en cinco meses a la política aliada y en veintidós a la exigencia concreta sobre el Paraguay.38
Hay, con todo, un dato que impide reducir el papel del banco al de un ejecutor pasivo. La semblanza tiempista de Pedretti consigna que integró, junto al canciller Luis A. Argaña, la representación paraguaya en la III Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas, celebrada en Río de Janeiro en enero de 1942: la reunión en que el hemisferio resolvió romper con el Eje. El presidente del banco emisor estuvo en la mesa donde se decidió la política que su repartición pasaría a ejecutar. Eso no altera la cronología —la reunión es once meses posterior al decreto y no pudo inspirarlo—, pero obliga a matizar la figura del funcionario que se limita a aplicar lo que otros deciden. Cuatro años más tarde volvería a una mesa de esa clase: la Conferencia de Chapultepec, en México, entre el 21 de febrero y el 8 de marzo de 1945.39
La Proclaimed List fue la pieza central de la guerra económica en el hemisferio. Administrada por el secretario de Estado junto con los del Tesoro y de Comercio, el Attorney General y el director de la Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos, operaba no por nacionalidad sino por conducta imputada, y alcanzaba a firmas domiciliadas en países neutrales: bastaba figurar en ella para quedar excluido del comercio con los Estados Unidos. En el Paraguay la exclusión se hizo efectiva por vías administrativas y sectoriales antes que normativas. Tras una circular del Departamento de Estado de abril de 1943, el ministro de Agricultura, Comercio e Industrias —Francisco Esculies, el mismo que había refrendado el Decreto-Ley N° 5.017— acordó que los registros automotores se cotejaran contra la lista para negar cupos de nafta y compra de neumáticos a las firmas y personas inscriptas; en noviembre de 1943 el presidente ordenó discontinuar las compras oficiales a esas firmas, y el Banco Agrícola instruyó a sus sucursales que no operaran con ellas. La aplicación fue deliberadamente prudente. En abril de 1944 el embajador Wesley Frost estimaba que las firmas alemanas e italianas controlaban entre el 20 % y el 30 % del comercio de Asunción —más en ferretería y drogas—, que la población alemana rondaba las 26.000 personas sobre un millón de habitantes, unas 5.000 en la capital, y recomendaba incluir sólo a las firmas «más definidamente conocidas por participar en las actividades nazis y fascistas», para que el Gobierno paraguayo pudiera aceptar la medida sin objetarla formalmente. El Paraguay cooperó sin publicar nunca lista negra propia.40
El encuadre explica también el giro del gobierno de Morínigo hacia los Estados Unidos, que en estos años dejó de ser retórico y pasó a ser contable. El acuerdo de Préstamo y Arriendo se firmó en Washington el 20 de setiembre de 1941. El 14 de mayo de 1942 el Departamento de Estado autorizó un crédito del Export-Import Bank de hasta 3.000.000 de dólares para obras públicas o proyectos agrícolas, y hasta 1.000.000 de la Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos para salud pública y saneamiento; el acuerdo de crédito se firmó el 30 de setiembre. El 9 de junio de 1943 llegó a Washington la delegación de Morínigo con una agenda enteramente económica. El reverso consta en el mismo archivo: al 31 de marzo de 1945 el Paraguay estaba en mora con el Export-Import Bank por 159.460,47 dólares, y su último pago databa del 27 de noviembre de 1944.42 En la política monetaria el giro se reflejó de tres maneras verificables: el desplazamiento del eje de referencia del peso argentino al dólar, ya visible en noviembre de 1941; el origen de la asistencia técnica, que para la reforma de 1943 vendría de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, como se cuenta en el guaraní; y la función misma del banco emisor, que entre diciembre de 1942 y abril de 1945 pasó de administrar un monopolio cambiario a ejecutar un bloqueo y a liquidar propiedad enemiga.
La cadena normativa que produjo ese desplazamiento empieza con el Decreto-Ley N° 10.793 del 28 de enero de 1942, que declaró rotas las relaciones políticas, comerciales y financieras con el Japón, Alemania e Italia. Sigue el 16 de febrero con tres decretos-leyes simultáneos: el 11.061, que fijó el alcance de la ruptura política; el 11.062, sobre telecomunicaciones; y el 11.068, del Ministerio de Hacienda, que siguiendo la Resolución V de Río de Janeiro prohibió toda transacción con los tres países, prohibió las transferencias de fondos al exterior de sus nacionales y de las personas jurídicas que éstos dirigieran o controlaran, y mandó fiscalizar sus operaciones dentro del país. Culmina el 3 de diciembre de 1942 con el Decreto-Ley N° 15.826.43
El eslabón conceptual está en el artículo 2° del Decreto-Ley N° 15.826, y es de una economía institucional notable: para ejecutar el bloqueo, el Estado no creó organismo alguno. «El Banco de la República del Paraguay y el Departamento de Control de Cambios tomarán las disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto-Ley», dice la norma. La línea que arranca en el monopolio cambiario de febrero de 1941 pasa por el ejecutor del bloqueo de 1942-1943 y termina en el interventor y liquidador de la propiedad enemiga de 1945-1946, y es siempre la misma casa y la misma repartición. En el régimen de 1945 los bienes declarados no fueron formalmente expropiados: se prohibió transferir su propiedad, y el artículo 10 del reglamento facultó al banco a cumplir las recomendaciones de la Conferencia de Washington.44
De ahí a sostener que el control de cambios se diseñó con ese fin hay una distancia que la documentación no autoriza a salvar. No hay huella de finalidad antienemiga en ninguno de los cuatro lugares donde debería estar. No la hay en la norma, que no menciona países, nacionalidades ni beligerantes. No la hay en el expediente del banco alemán: el Decreto N° 12.058 de 1942 es una operación de conversión de deuda cuya finalidad expresa era permitir que el banco atendiera los retiros de sus depositantes, y su cláusula sexta original —dejada sin efecto por oficio del 2 de julio de 1941— preveía la reconversión a oro sellado en caso de que el control de cambios fuese derogado; es decir, en mayo de 1941 las partes contemplaban el eventual levantamiento del régimen y no su endurecimiento bélico. No la hay en la doctrina pública: las piezas de El Tiempo enumeran los fines del decreto en clave monetaria y nacionalista, y el editorial del 17 de julio de 1941 —el mismo día de la Proclamación 2.497— sólo menciona el bloqueo para quejarse del bloqueo de divisas de otros países que perjudicaba las exportaciones paraguayas. Y no la hay en el testimonio de Pedretti, que cuarenta años más tarde describía el programa de 1941 en dos etapas estrictamente monetarias.45
Hay, además, contraprueba positiva. El Decreto N° 8.892 del 18 de setiembre de 1941, dictado en acuerdo de ministros, renovó por tres meses el préstamo del Estado con el Banco Germánico de la América del Sud al 6,5 % anual sobre 273.999 pesos oro sellado y ordenó pagarle 4.452,48 pesos oro sellado por los intereses del trimestre: dos meses después de creada la lista negra, la relación crediticia del Estado paraguayo con la filial alemana seguía siendo rutina administrativa. Después de la ruptura, la rutina no se interrumpió del todo: en marzo de 1942 un decreto liberó de tasas portuarias una partida de Neosalvarsán adquirida por Salud Pública por intermedio de Friedrich Rieder & Cía. y de Staudt & Cía., y en setiembre otro mandó pagar a Staudt 31.935,75 pesos de curso legal por diferencia de cambio sobre medicamentos «Bayer» vendidos a la Sanidad Militar. El préstamo del banco alemán se renovó cuatro veces durante 1942, tres de ellas en acuerdo de ministros: el 23 de enero —cinco días antes de la ruptura—, el 17 de junio, el 12 de agosto y en diciembre, once días después de que el mismo gobierno encomendara al Banco de la República la ejecución del bloqueo. Y el saldo no se contrajo: creció, de 5.031.022,15 a 7.364.585,90 y a 8.009.175,40 pesos de curso legal, por efecto de la conversión mensual pactada en el Decreto N° 12.058.46 Jurídicamente nada de esto era irregular: el Decreto-Ley N° 11.068 reservaba en su inciso b) «las excepciones compatibles […] que el Poder Ejecutivo adoptare», y el 11.061 garantizaba en su artículo 6° a los nacionales del Eje sus «actividades mercantiles normales». El bloqueo paraguayo de 1942 fue, en su letra, un régimen de autorizaciones y no una confiscación.
La convergencia entre el instrumento cambiario y la guerra económica fue, por lo tanto, un acomodamiento sucesivo y no una política, y durante casi tres años el Estado paraguayo sostuvo a la vez las dos relaciones sin experimentar la contradicción como tal. El desenlace del Banco Germánico cierra el arco. El 2 de octubre de 1943 el Gobierno intervino la sucursal y encaminó su liquidación por el artículo 369 del Código de Comercio, que autoriza a declarar la quiebra de la sociedad que ha perdido el 75 % de su capital; la medida se conoce por la vía diplomática norteamericana, y el número de la norma sigue sin establecerse. El 21 de marzo de 1944 el Banco de la República aceptó asumir Letras de Tesorería del Gobierno a cambio del reembolso de los depósitos que él mismo mantenía en la casa alemana, y aun así la sucursal arrojaba un saldo deudor de 37.843 guaraníes: era, en la expresión del embajador, «estadísticamente insolvente». Pedretti firmaría la liquidación el 8 de mayo de 1945, y la del ex Banco Germánico fue la única función sobre bienes del Eje que en 1946 quedó en el banco.47
De esa tarea hay una constancia que involucra personalmente a Pedretti. El 14 de marzo de 1946 un funcionario de la embajada de los Estados Unidos le planteó las demoras del programa de reemplazo de los intereses enemigos; el presidente del banco las atribuyó primero al Ministerio de Hacienda y después, dice el despacho, «reconoció la responsabilidad del banco en las demoras» y asignó un abogado con dedicación exclusiva para terminar el trabajo. El 26 de abril el embajador Willard L. Beaulac informaba que la liquidación de las firmas cabecera del Eje —el banco alemán, Staudt, Krauch y Ferreterías Universal, con activos conjuntos inferiores al millón y medio de dólares— concluiría entre fines de mayo y mediados de junio.48 El documento admite tanto la lectura de la resistencia burocrática como la de la sobrecarga administrativa, y no autoriza a ir más allá. Pero fija un hecho: en 1946, el presidente del banco bajo cuya conducción se había creado el guaraní administraba también la liquidación de la propiedad enemiga, con el mismo aparato que había nacido para defender una moneda. Nada de eso estaba escrito en febrero de 1941, y ése es exactamente el punto: un instrumento concebido para defender el valor externo del peso resultó ser, sin haber sido previsto para ello, un instrumento de vigilancia financiera, y esa segunda función seguía viva en octubre de 1946, cuando el monopolio cambiario que la había hecho posible ya había sido desmontado.
La primera etapa cumplida
A fines de 1942 el control total de cambios había hecho lo que su exposición de motivos prometía y algo más. El valor externo del peso estaba quieto en 77 por peso argentino; el banco capturaba más de cuatro quintas partes de las divisas de exportación; la cobertura de los billetes se acercaba al 85 %; el Tesoro recibía, por decretos que nunca pasaron por la ley de presupuesto, una renta que ninguna ley de 1941 había creado y que la de 1939 había dejado en pie. El precio de ese resultado también estaba a la vista: racionamiento administrativo de las importaciones, un tipo de cambio y unos aforos que no se publicaban, una pesificación de los contratos en oro, un tribunal de multas dentro del banco emisor, un control de precios que el propio régimen declararía insuficiente y una prensa que llamaba saboteadores a los críticos.
Con la estabilidad consolidada, Pedretti podía presentar el decreto de 1941 como la primera de dos etapas, y en febrero de 1943 el Directorio ya elevaba sus propios anteproyectos para ajustar el régimen. Faltaba la segunda: sustituir una moneda «desvalorizada y fluctuante» por una nueva unidad sobre el respaldo que el monopolio había acumulado, sin deshacer la desvalorización consumada. Antes de llegar a ella hay que entender el motor fiscal que el control de cambios puso en marcha y del que dependió todo el edificio: el diferencial entre el tipo de expropiación y el de venta, multiplicado por un auge exportador que no iba a durar. Ésa es la materia de la renta cambiaria; el comercio exterior que la sostuvo se mide en la base del éxito, y la nueva unidad, en el guaraní.
Notas
- Decreto N° 5.022 del 10 de febrero de 1941, «Por el cual se nombra Director del Departamento de Control de Cambios», en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1941, primer semestre, p. 151; la hora de vigencia, en el Decreto-Ley N° 5.017, art. 72. Herken Krauer (2019), anexo estadístico, cuadro 1, para las cotizaciones del mercado libre de 1940 y del 10 de febrero de 1941; Banco de la República del Paraguay, Memoria del ejercicio 1941, para el índice; Carlos A. Pedretti, 1943, para el porcentaje de desvalorización. ↩
- Decreto N° 3.369 del 10 de octubre de 1940, en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1940, octubre-diciembre, p. 1052, refrendado por el ministro de Hacienda Francisco Esculies y firmado por Morínigo como presidente provisional; Decreto N° 3.368 de la misma fecha. Washington Ashwell, «El experimento corporativo. El Nuevo Estado nacionalista», en Historia económica del Paraguay, t. II, fecha la asunción el 11 de octubre. ↩
- Discurso de Carlos A. Pedretti en la inauguración del edificio del banco, 27 de diciembre de 1945, reproducido íntegro en Banco del Paraguay, Memoria correspondiente al ejercicio 1945, firmada por M. H. González F., gerente general, y C. A. Pedretti, presidente. ↩
- Banco de la República del Paraguay, Nota N° 512, Asunción, 27 de noviembre de 1940, al ministro de Hacienda Dr. Rogelio Espinoza; texto íntegro en Banco de la República del Paraguay, Memoria correspondiente al ejercicio 1940, pp. 14-16. ↩
- Carlos A. Pedretti, «La Reforma Monetaria», conferencia del 13 de octubre de 1943, en El Régimen Monetario Orgánico de la República del Paraguay, Asunción, Editorial Guarania, 1943. ↩
- Decreto-Ley N° 5.017 del 10 de febrero de 1941, texto íntegro en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1941, primer semestre (2 de enero – 27 de junio), pp. 146-150, cotejado con el folleto oficial Decreto Ley N° 5017 sobre Control de Cambios, República del Paraguay, 12 páginas. Se respeta la ortografía del impreso; se conserva «gozen». ↩
- Decreto-Ley N° 5.017, texto cit., encabezamiento y firmas; «Legalidad del control de cambios», El Tiempo, Asunción, sábado 22 de febrero de 1941, año II, núm. 149; Constitución de la República del Paraguay, promulgada por Decreto-Ley N° 2.242 del 10 de julio de 1940, art. 54. ↩
- Decreto N° 12.246 del 25 de abril de 1942. ↩
- Decreto-Ley N° 5.019 del 10 de febrero de 1941, arts. 1° a 4°, en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1941, primer semestre, p. 150; Decreto-Ley N° 5.020 de la misma fecha, considerandos y arts. 1° y 2°, en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1941, primer semestre, pp. 150-151. Sobre el N° 5.018, ibídem, p. 150. ↩
- Decreto-Ley N° 3.391 del 20 de abril de 1944, considerandos, que crea la Administración Nacional de Subsistencias con un directorio en el que figuraban los importadores y la Unión Industrial. ↩
- Decreto-Ley N° 5.017, texto íntegro en el folleto oficial Decreto Ley N° 5017 sobre Control de Cambios, cit.; estructura y numeración de los setenta y cuatro artículos verificadas sobre la imagen. Salvo indicación en contrario, los artículos del decreto que se citan en esta página remiten a ese texto. ↩
- Decreto-Ley N° 5.017, texto cit., arts. 18, 19, 21, 32, 58 y 59; Federal Reserve Bulletin, enero de 1944, para el resumen de la disposición; Decreto-Ley N° 655 del 5 de octubre de 1943, art. 15, en El Régimen Monetario Orgánico de la República del Paraguay, 1943. ↩
- Decreto-Ley N° 5.017, texto cit., arts. 7°, 8° y 40; «En torno a una encuesta – II», El Tiempo, jueves 3 de abril de 1941, año II, núm. 180. ↩
- La verificación es negativa y se hizo sobre el texto íntegro de los setenta y cuatro artículos. La cifra de 7.700 y su vigencia sin variación desde febrero de 1941 constan en las memorias del banco y en la prensa contemporánea, no en la norma. ↩
- Ley N° 256 del 26 de octubre de 1939, art. 2° inc. b), en Gaceta Oficial de la República del Paraguay, sección Registro Oficial, octubre de 1939; decreto del 31 de enero de 1940, en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1940, tomo de enero a marzo; Decreto-Ley N° 5.017, art. 8°. ↩
- Decreto N° 5.355 del 28 de febrero de 1941, Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1941, primer semestre, plana 251; Decreto N° 5.642 del 14 de marzo de 1941, ibídem, plana 343; Decreto N° 5.467 del 3 de marzo de 1941, ibídem, planas 284-285. Los dos primeros se dictaron sobre notas del Directorio del banco y de conformidad con el art. 2° inc. c) de la Ley N° 256 de 1939. ↩
- Decreto-Ley N° 5.017, texto cit., arts. 12, 27 a 30, 33 y 51, en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1941, primer semestre, p. 148. ↩
- Banco de la República del Paraguay, Memoria correspondiente al ejercicio 1943, Asunción, Imprenta La Colmena S. A., p. 37, para la cita de las memorias; Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1941, primer volumen, planas 146-150, cotejado con el folleto oficial, para los arts. 3° y 30: las dos fuentes coinciden entre sí y descartan una lista de incisos que circula incompleta. ↩
- Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1941, primer volumen, plana 149, art. 32, verificado sobre la imagen. La cifra del techo familiar está ilegible en el folleto y se recupera del Registro. ↩
- Carlos A. Pedretti, La democracia ante la razón y los hechos, tesis doctoral, Asunción, 1924, nota 58; Decreto-Ley N° 5.017, texto cit., arts. 23 a 25. ↩
- Decreto-Ley N° 5.270 del 25 de febrero de 1941, considerandos y artículo único, en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1941, primer semestre, plana 220. Entre sus firmantes aparece Luis A. Argaña, que no figura en el refrendo del 5.017. ↩
- Decreto N° 12.058 del 16 de abril de 1942, por el cual se aprueba el arreglo entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Germánico de la América del Sud (sucursal Asunción), en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1942, segundo trimestre, p. 491. El expediente refiere a la deuda documentada contraída con ese banco en febrero de 1928, cuyo saldo era de 273.999 pesos oro sellado, y fija en 902.610,97 pesos moneda argentina el saldo entre los depósitos en esa moneda y el valor de los documentos de Tesorería al 10 de febrero de 1941. ↩
- «Situación de los bancos», El Tiempo, sábado 5 de abril de 1941, año II, núm. 182. ↩
- La democracia orgánica a través de El Tiempo, recopilación y edición de Luis Manuel Andrada Nogués, Asunción, Editorial Tiempo Nuevo, 2007. ↩
- «Finalidades del control de cambios» y «Legalidad del control de cambios», El Tiempo, Asunción, sábado 22 de febrero de 1941, año II, núm. 149. ↩
- «Economía nacionalista», El Tiempo, jueves 27 de febrero de 1941, año II, núm. 151. ↩
- «El control de cambios y la exportación – II», El Tiempo, sábado 1 de marzo de 1941, año II, núm. 153. ↩
- «En torno a una encuesta – I» y «En torno a una encuesta – II», El Tiempo, miércoles 2 y jueves 3 de abril de 1941, año II, núms. 179 y 180. ↩
- «En torno a una encuesta – III», El Tiempo, viernes 4 de abril de 1941, año II, núm. 181. ↩
- «Los “saboteadores” del control de cambios», El Tiempo, jueves 17 de julio de 1941, año II, núm. 365. El mismo texto menciona el convenio anglo-americano de pagos y el «pacto tripartito» entre el Paraguay, la Argentina y Gran Bretaña, que permitió aplicar el saldo activo con el área esterlina al pago de importaciones argentinas. ↩
- Banco de la República del Paraguay, Memoria correspondiente al ejercicio 1943, Asunción, Imprenta La Colmena S. A., p. 14; Memoria del ejercicio 1941; Memoria anual, año 1942; «Estabilidad monetaria», El Tiempo, domingo 6 de julio de 1941, año II, núm. 356. ↩
- Arturo Rahi, La moneda y los bancos en el Paraguay, Asunción, Ediciones Comuneros, 1997. ↩
- «Hacia un régimen monetario fijo», El Tiempo, domingo 9 de noviembre de 1941, año II, núm. 485. ↩
- Decreto-Ley N° 17.070 del 18 de febrero de 1943, reproducido íntegro en la prensa de 1943 recogida en el Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1943; confirmado por el Federal Reserve Bulletin, enero de 1944. ↩
- Decreto-Ley N° 13.505 del 14 de julio de 1942, arts. 1° y 2°, en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1942, tercer trimestre, pp. 748-749. ↩
- Ley N° 256 del 26 de octubre de 1939, «Que modifica el régimen de expropiación de giros de la exportación», art. 3°, en Gaceta Oficial de la República del Paraguay, sección Registro Oficial, octubre de 1939; Decreto-Ley N° 5.017, texto cit., arts. 58 y 63 y ausencia de cláusula derogatoria. ↩
- Decreto-Ley N° 14.536 del 11 de setiembre de 1942, art. 4°, en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1942, tercer trimestre, pp. 965-967; Decreto-Ley N° 13.505, cit., para la ausencia del renglón en el cálculo de recursos; Banco del Paraguay, Memoria correspondiente al ejercicio 1945, para los adelantos a la Tesorería. ↩
- Proclamación N° 2.497 del Presidente de los Estados Unidos, 17 de julio de 1941, 6 Federal Register 3555; su administración y su alcance, en Federal Reserve Bank of New York, Circular N° 2.244. ↩
- «Carlos Alejo Pedretti Arriola», semblanza de la sección «Sus Vidas…», en La democracia orgánica a través de El Tiempo, Asunción, Editorial Tiempo Nuevo, 2007, pp. 27-28. ↩
- Foreign Relations of the United States, 1943, vol. VI, doc. 574 y cap. 63, para el cotejo de los registros automotores; Foreign Relations of the United States, 1944, vol. VII, doc. 1394, telegrama N° 149 del 10 de marzo de 1944, para la orden presidencial de noviembre de 1943 y la instrucción del Banco Agrícola, y doc. 1400, despacho N° 1.971 del 7 de abril de 1944, para las estimaciones y la recomendación de Frost. No se han podido consultar las revisiones sucesivas de la lista, de modo que la nómina de firmas paraguayas incluidas no puede establecerse. ↩
- Fuentes del recuadro: Foreign Relations of the United States, 1942, vol. V, cap. 4, doc. 52, para la Conferencia de Washington; el número y la fecha del Decreto-Ley N° 7.190 constan en el considerando y el art. 3° del Decreto-Ley N° 7.867 del 23 de marzo de 1945, Registro Oficial de la República del Paraguay, 1945, primer trimestre, pp. 263-265; Decreto argentino N° 10.935 del 18 de mayo de 1945, dictado a continuación del Decreto N° 6.945 del 27 de marzo, declaratorio del estado de guerra; Foreign Relations of the United States, 1944, vol. VII, doc. 740, despacho del embajador Claude G. Bowers desde Santiago de Chile, para la liquidación de los bancos alemanes en Chile (la filiación del Banco Germánico de la América del Sud con el Dresdner Bank procede de la literatura de referencia y no ha podido cotejarse contra fuente primaria); Foreign Relations of the United States, 1943, vol. VI, doc. 574, y 1946, vol. XI, doc. 964, para el contrabando; 1944, vol. VII, doc. 1400, para la recomendación de Frost. ↩
- Foreign Relations of the United States, 1941, vol. VII, cap. 41; 1942, vol. VI, cap. 67; 1943, vol. VI, doc. 567; 1945, vol. IX, doc. 1053. El monto del acuerdo de Préstamo y Arriendo no consta en el volumen consultado, y la cifra de 3.000.000 de dólares corresponde a la autorización de mayo de 1942 y no necesariamente al acuerdo firmado en setiembre. ↩
- Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1942: Decreto-Ley N° 10.793, primer trimestre, p. 17; Decretos-Leyes N° 11.061 y 11.062, pp. 203-204; Decreto-Ley N° 11.068, p. 206; Decretos N° 11.838 y 11.839, p. 437; Decreto-Ley N° 15.826 y Decreto N° 15.964, cuarto trimestre, pp. 1196-1197 y 1218. ↩
- Decreto-Ley N° 15.826, arts. 2° y 7°, cit.; Foreign Relations of the United States, 1946, vol. XI, docs. 963, 968 y 969, despachos del encargado de negocios Leslie E. Reed y del embajador Willard L. Beaulac, para el Decreto-Ley N° 7.867, el Decreto N° 8.479 y el Decreto-Ley N° 16.142, cuyos números y fechas son los que citan esos despachos. ↩
- Decreto N° 12.058, considerandos y cláusula 6ª, Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1942, segundo trimestre, p. 491; «Los “saboteadores” del control de cambios», El Tiempo, 17 de julio de 1941, núm. 365; Pedretti, entrevistado por Seiferheld, Conversaciones político-militares, vol. III. ↩
- Decreto N° 8.892 del 18 de setiembre de 1941, en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1941, volumen julio-diciembre; Decretos N° 11.376 del 4 de marzo y N° 14.572 del 14 de setiembre de 1942, ibídem, año 1942, primer y tercer trimestres; Decretos N° 10.688 del 23 de enero, N° 13.085 del 17 de junio y N° 14.041 del 12 de agosto de 1942, y el decreto de diciembre de 1942 cuyo número está dañado en el ejemplar, situado entre el 15.965 y el 15.966, en Registro Oficial de la República del Paraguay, año 1942. ↩
- Foreign Relations of the United States, 1944, vol. VII, docs. 1392 y 1397, despachos N° 1.836 del 21 de febrero y N° 1.918 del 21 de marzo de 1944; 1946, vol. XI, doc. 969, despacho N° 2.222 del 25 de octubre de 1946. ↩
- Foreign Relations of the United States, 1946, vol. XI, doc. 966, despacho N° 1.663 del 26 de abril de 1946, secreto, que relata también el episodio del 14 de marzo; los activos de las cuatro empresas, en Foreign Relations of the United States, 1944, vol. VII, doc. 1391, telegrama N° 98 del 16 de febrero de 1944. ↩
